Alfredo Cornejo (AC) es desde hace casi una década el dirigente político más relevante de Mendoza. Ha moldeado a la provincia cuyana según su visión política, social y económica, haciendo gala de un “timing” implacable.

En los 80 fue alfonsinista, antimenemista en los 90, cobista y luego kirchnerista en los 2000. Desde el 2015 es un furioso macrista, abrazando las más difundidas ideas de la derecha nacional, incluso contradiciendo a la propia doctrina de la UCR, su partido natal. De hecho, para competir nuevamente por la Gobernación, eligió a una dirigente del PRO abiertamente negacionista de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar.

AC es hoy el favorito para ser el precandidato más votado en las PASO de este próximo 11 de junio con su frente Cambia Mendoza y luego hacerse con la Gobernación el 3 de septiembre próximo. Pero la década de protagonismo político le ha hecho ganar enemigos dentro y fuera de sus propias filas. En las internas deberá enfrentarse a Luis Petri, ex legislador nacional y hoy en el radar de las revistas del corazón por su romance con la periodista Cristina Pérez. Se suma que el frente Cambia Mendoza sufrió una ruptura impensada hace apenas unos meses. El macrista Omar de Marchi armó una alternativa y enfrentará a AC en las Generales. La afrenta impactó al actual senador nacional. Primero porque De Marchi enumeró los atropellos institucionales y el rasgo autoritario de AC. Pero además porque esas críticas esta vez rompieron el cerco mediático que supo construir “el Enano” a partir de 2015, cuando llegó a la gobernación. El blindaje mucho tiene que ver con lo abultado de la cuenta “Pauta Publicitaria” y también porque existe una coincidencia ideológica de los medios dominantes locales con los postulados antiperonistas que encarna AC.

Es un secreto a voces que la gestión de Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza desde 2019, no es más que una administración delegada de AC. La Constitución de la provincia solo permite un periodo de gobierno, de manera que la actual gestión se reduce a una mera “gobernación puente”. Suarez es un gris dirigente radical que fue mano derecha del fallecido Víctor Fayad, varias veces intendente de la capital provincial y muy cercano a Cristina Kirchner, aunque nunca dio el salto al kirchnerismo como sí lo hicieron Julio Cobos y el propio AC.

operador en las sombras

El hombre fuerte de la política mendocina nació el 20 de marzo de 1962. Militó en la Franja Morada en los 80 y se identificó con la primavera alfonsinista. De aquella época hay una foto que cada tanto hace ruido en redes sociales. En la imagen se lo ve jovencísimo, con una barba tupida, propia de la época, sonriendo frente al líder de los boinas blancas.

AC se licenció en Ciencias Políticas y Administración Pública en 1990. Con 37 años llegó a su primer cargo político de cierta relevancia: fue el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Godoy Cruz (1999/2002), comandada en ese entonces por César Biffi. Empezaba la experiencia de la Alianza. En Mendoza, Roberto Iglesias había terminado con doce años de gobiernos peronistas (aunque no menemistas). El entonces gobernador (1999/2003) tuvo mucho que ver con el ascenso de AC dentro de la UCR mendocina, aunque no conscientemente. Iglesias convocó al decano de la UTN Regional Mendoza como ministro de Obras Públicas. No era otro más que Julio Cobos. Simpatizante radical y con un carisma a toda prueba, rápidamente se transformó en una figura importante en aquella administración que tuvo que campear la crisis del 2001 y el estallido de la Alianza.

En 2003 los mendocinos avalaron a pesar de la debacle nacional al radicalismo y Cobos fue electo gobernador. El gran armador de aquel liderazgo, candidatura y triunfo fue AC. Poco más de un año después, AC fue ministro de Gobierno de Cobos, para luego pasar a ser ministro de Seguridad en medio de una ola de delitos que puso en jaque al mismísimo gobernador.

En 2005 encabezó la lista de diputados nacionales y llegó al Congreso. Eran los albores de la transversalidad promovida por Néstor Kirchner y de a poco se iba armando el radicalismo K. El Pingüino sentía una nítida simpatía por Cobos. Lo mimó con gestos, fondos y presencias. Siempre detrás de todo, “el Enano” digitaba la carrera ascendente del ingeniero.

AC ha denigrado explícitamente el trabajo legislativo. Su preferencia pasa, primero, por los manejos políticos en las sombras y, luego, por la gestión. En 2007 renunció a la diputación y se presentó como candidato a intendente de Godoy Cruz. Ganó de la mano de Cristina, Néstor y los radicales K.

En abril de 2008, en pleno idilio con el gobierno nacional, Néstor, ya como “primer ciudadano”, visitó por última vez Mendoza. Encabezó un acto político junto a Celso Jaque (2007/2011), el gobernador peronista que acababa de asumir, para luego visitar a AC, flamante intendente de Godoy Cruz. La foto de ese encuentro, con el ex presidente sosteniendo una camiseta del Club Godoy Cruz, también es recurrente en redes sociales a la hora de enrostrarle a AC sus idas y vueltas.

Luego del “no positivo” de Cobos en el Senado por la Resolución 125, poco espacio quedó para los radicales dentro del kirchnerismo. AC inmediatamente comenzó a trabajar por la reinserción del Ingeniero, quien había sido expulsado “de por vida” del Partido Radical. Ya fuera de la Concertación Plural, AC se convirtió en el gran armador del radicalismo mendocino. Desde Godoy Cruz empieza a pergeñar su proyecto provincial. Allí aparecen los primeros desacuerdos con el atrincherado vicepresidente Cobos. Ante el aluvión de votos de Cristina en el 2011, finalmente decidió no probarse para la Gobernación y fue por la reelección en Godoy Cruz. Incluso sacó pecho y le mojó la oreja a su ex reciente aliada: “Fue en el único departamento donde Cristina no fue la más votada”.

justicia correligionaria

El 2015 sería su año. Aprovechando el desgaste de la administración K, las operaciones y el discurso del “cambio”, pudo por fin llegar a la Gobernación. A poco de asumir, dio los primeros pasos para comenzar a diagramar el esquema de poder que hoy le enrostran su adversarios, espanta a los aliados e interpela a los propios: el armado de una justicia provincial cornejista.

Los buenos números de 2015, le dieron margen para manejar la legislatura (bicameral) de Mendoza. Con un peronismo con la cola entre las piernas por la caótica gestión de Francisco “Paco” Pérez (2011/2015), AC tenía poca resistencia en la Casa de las Leyes. En agosto del 2016 propuso a su amigo Alejandro Gullé como Procurador. El Senado lo avaló, como haría con los siguientes propuestos a cargos claves.

Apenas dos meses más tarde, aprovechando un recambio por retiros en la Corte provincial (de 7 miembros), presentó al juez José Valerio, muy resistido por sus sentencias como camarista sin perspectiva de género. Su designación fue resistida, incluso, por el CELS. Menos de dos años después, AC tuvo otra vacante en la Corte y esta vez ni siquiera intentó disimular imparcialidad: logró designar a su ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien hoy es el titular del máximo tribunal.

Junto al histórico Pedro Llorente, miembro de la Corte desde 1987 y abiertamente radical, AC logró construir un sólido trío. Pero la cuarta vacante iba a despertar los más fuertes cuestionamientos y una situación insólita para la tan mentada “institucionalidad” de la que hace alarde Mendoza. En junio de 2020, aun con el aislamiento todavía vigente, el gobernador Rodolfo Suarez, su sucesor en el cargo, propuso a Teresa Day, la administradora del Poder Judicial, quien para muchos no cumplía con el artículo 52 de la Constitución provincial que establece tener al menos diez años de ejercicio de la abogacía para ser propuesta para la Corte. Day recibió casi 500 impugnaciones en su audiencia pública -no vinculante- antes de la votación secreta en el Senado.

El escándalo fue tal que finalmente la Cámara Alta definió sin la presencia de la oposición y Day fue designada jueza suprema por 23 votos a 0. La oposición presentó un recurso en la Corte. Ante el peligro de que se frenara la operación del gobernador Suarez, pero fundamentalmente de AC, Teresa Day juró en una ceremonia secreta en la Casa de Gobierno. Fue al otro día de la votación en el Senado.

El último cruce fuerte con algunos de sus aliados históricos y la oposición, ocurrió en octubre del año pasado, cuando el Ejecutivo propuso un cambio en el funcionamiento interno de la Corte, derogando la norma provincial que regía su funcionamiento desde 1984. Con el aval de los supremos afines se intentó avanzar sin consensuar las modificaciones, lo que hizo estallar a la oposición, a los supremos no alineados e incluso a los aliados del PRO. El objetivo de máxima era neutralizar el margen de maniobra de la Sala II (filo peronista) y hacer votar en plenario lo que considerara conveniente la mayoría (radical) del Tribunal. Los cuestionamientos llegaron desde el peronismo y otras fuerzas, pero también desató la furia del Partido Demócrata, aliado de los radichetas.

Hubo además fuertes cuestionamientos del macrista Omar de Marchi, quien terminó dando el portazo y armando una propuesta por fuera de Cambia Mendoza. Ante la prensa, declaró: “La Provincia ha entrado en una situación de debilidad institucional compleja, donde hoy hay manipulación de la Justicia, de los organismos de control en general, con mayorías legislativas que están muy cerca de las dos terceras partes, y con un proyecto de reforma de la Constitución peligroso, en comisión”.

El armado de poder de AC también incluyó la colonización, lenta pero sin pausa, de puestos claves en reparticiones que deben velar por el buen funcionamiento del Estado. El oficialismo controla hoy seis de los siete organismos de control: el Tribunal de Cuentas, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), el Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE), la Oficina de Ética Pública, la Inspección General de Seguridad (IGS), y el Ente de Movilidad Provincial (EMOP).

Solo la Fiscalía de Estado está a cargo de un dirigente peronista, Fernando Simón, quien fue uno de los que cuestionó la última maniobra del cornejismo respecto a la Corte.

El manejo de los organismos de control por parte de AC, además de ser un reclamo recurrente de la oposición local, fue otro de los aspectos que remarcó De Marchi como motivo de su alejamiento. Si algo le ha hecho mella al cornejismo en los últimos tiempos han sido justamente sus críticas y cuestionamientos. El diputado nacional ha logrado lo que años de denuncias del peronismo no pudieron: romper el cerco mediático local e incluso nacional, provocando un serio dolor de cabeza en el cornejismo.

la década estancada

Desde la asunción de AC como gobernador el 10 de diciembre del 2015, Mendoza se ha visto profundamente deteriorada. En sintonía con las políticas de Cambiemos, eligió como “enemigos” a los empleados públicos y a los trabajadores en general. La medida más elocuente fue el denominado Item Aula, por el cual si un docente falta pierde el adicional inmediatamente, más allá de que esté enfermo y presente el certificado correspondiente. La animadversión que expresó AC y todo el Gobierno para con los docentes se explica por su visión anti Estado y de estigmatización de los trabajadores estatales.

El radicalismo provincial suele alardear con la buena administración que ha hecho de los recursos públicos. El año pasado, por ejemplo, tuvo un superávit de unos 30.000 millones de pesos. El lado B de estos números son básicamente las paritarias a la baja en el sector público (en el 2020 hubo 0% de aumento) y la nula obra pública financiada con fondos provinciales. Hoy, las obras en ejecución son realizadas por la Nación o con créditos blandos del BID.

La realidad de los trabajadores públicos ha hecho que los más demandados, como los profesionales de la salud, opten por buscar otros destinos laborales. Anestesistas, pediatras, internistas, entre otros, han hecho las valijas y se han mudado a provincias vecinas donde cobran dos y hasta tres veces más que en Mendoza y con mejores condiciones de trabajo. Hay médicos mendocinos, incluso, que hacen guardias los fines de semana en San Juan para poder construir un ingreso mensual digno. Otros cruzan la cordillera para sumarse en la ostentosa salud pública chilena, con sueldos incomparables a los locales.

El gobierno de AC, en tono con los que ocurría en la Nación durante el macrismo, tomó deuda por casi 600 millones de dólares, lo que le ha traído serios inconvenientes a Suarez. Numerosos informes privados hablan de la “década de estancamiento” de la provincia.

El ciclo AC-Suarez tuvo un cachetazo muy fuerte a finales del 2019, apenas asumida la actual gestión. Con apoyo del peronismo, modificó la Ley provincial 7.722 que prohíbe la minería metalífera a gran escala basada en el uso de productos contaminantes. En diciembre de ese año, aprovechando la “luna de miel” de Suarez, la Legislatura modificó la norma para que varios proyectos de envergadura pudieran desarrollarse. Era la posibilidad de Mendoza para empezar a parecerse a la pujante San Juan, o acercarse al desarrollo de Neuquén de la mano de Vaca Muerta. Sin embargo, una pueblada de proporciones hizo dar marcha atrás a Suárez y derogar las modificaciones a la 7.722.

El hecho melló la confianza de los sectores empresarios e industriales en el liderazgo de AC. En privado y en voz baja, los cuestionamientos al radicalismo mendocino son constantes. “No alcanza con pagar los sueldos de los estatales el último día hábil del mes. Mendoza no tiene futuro ni proyección, tiene una matriz productiva saturada y agotada, mientras que a las provincias vecinas no paran de llegar inversiones”, reclaman empresarios mendocinos a escondidas.

Este es otro de los argumentos que De Marchi utiliza para socavar el discurso único de AC en los medios mendocinos. Incluso el ex legislador nacional Luis Petri, quien competirá contra AC dentro de Cambia Mendoza, ha elegido como slogan de campaña un elocuente “Mendoza está en pausa”.

partorcito orgulloso

El jueves 26 de mayo del 2022, el pastor evangélico Héctor Bonarrico dio una entrevista radial. Ese día, en el Boletín Oficial, se informaba que la Fundación Acción Social, de Bonarrico, era destinataria de un subsidio del Estado provincial por 9 millones de pesos. Consultado por esto, el pastor respondió con una naturalidad sorprendente que ese dinero era parte del “acuerdo electoral” al que había llegado con el radicalismo mendocino.

Bonarrico, presidente del partido Movimiento de Acción Social Federal (Masfe), era un aliado de Cambia Mendoza. Había sido senador provincial y ahora, según había dicho, su partido seguiría perteneciendo al frente a cambio del subsidio. El escándalo rápidamente escaló en la opinión pública y el gobernador Suarez dio de baja el convenio. La furia del pastor no tardó en llegar: acusó al radicalismo de haberlo traicionado y adelantó que denunciaría en la Justicia (cornejista) el desmanejo del Ejecutivo. El peronismo también avanzó con presentaciones en el fuero penal para que se investigara un posible cohecho o asociación ilícita.

Pero a finales de octubre la causa ya se había archivado y poco antes se publicó una foto en la que el partido de Bonarrico ratificaba su pertenencia a Cambia Mendoza. El pastor y AC habían logrado un nuevo acuerdo.

Para sacar chapa de líder conservador contra todo lo que huela a inclusión, en los últimos meses AC se puso al frente de la “lucha” contra los mapuches mendocinos, llegando al punto de promover una declaración legislativa que negó la presencia de mapuches en la Provincia. Un dato de color: el departamento más al Sur de la provincia se llama Malargüe, “corral de piedra” en mapuche.

A finales de enero de 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la ocupación de 3.584 metros cuadrados de tierras a la comunidad Lof Suyai Levfv en Los Molles, Malargüe, y 21.370 hectáreas a los integrantes de la comunidad Lof, en El Sosneado, un distrito de San Rafael.

Inmediatamente se activó el dispositivo político-mediático para rechazar la decisión y acusar al Gobierno nacional de querer “entregar” valiosas tierras a “falsos mapuches”. AC encabezó la cruzada anti originaria en San Rafael junto a Miguel Ángel Pichetto, con el que dio una charla titulada “Conflicto Mapuche, un aporte de la historia para su comprensión”. El escándalo fue mayúsculo y se llegó a acusar a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, muy cercanas a AC, de promover encuentros académicos con “especialistas” que contradicen toda la prueba histórica y científica que indica que hubo y hay comunidades mapuches en Mendoza.

Pero la frutilla del postre llegó a finales de marzo, cuando la Cámara de Diputados de la Provincia, con el voto de Cambia Mendoza, aprobó una resolución que declara a ese pueblo originario como “no argentino”. Así se buscó abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que le fueron otorgados en enero. Las comunidades calificaron a la norma como “racista y negacionista” y llevarán el caso a organismos internacionales.

la otra hebe

AC eligió como su compañera de fórmula a Hebe Casado (46), médica inmunóloga, quien sostuvo posturas contrarias a las recomendaciones de la OMS para combatir la pandemia. Está afiliada al PRO y su referente nacional es la misma que la de AC: Patricia Bullrich. La ex legisladora provincial fue noticia nacional cuando deseó que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner se contagiara de COVID. Además cuestionó las medidas sanitarias del Gobierno provincial -incluso el uso de barbijos-, lo que le valió el “castigo” de ser bloqueada en redes sociales por el gobernador Suarez.

Pero el punto realmente conflictivo es la postura negacionista de Hebe respecto a la última dictadura militar. Es allí donde algunos radicales orgánicos, por lo bajo, destilan desprecio hacia el implacable líder. Casado ha utilizado Twitter primero para comparar la cifra de 30.000 muertos por la pandemia con los 30.000 desaparecidos: “#Son30Mil no como los otros 30Mil”, publicó el 28 de octubre del 2020. El revuelo fue tal que al otro día tuvo que salir a pedir disculpas. No obstante, el 28 de diciembre último Casado atacó a las Abuelas de Plaza de Mayo tras la recuperación del nieto 131: “Cuánto le pagan a cada nieto recuperado? Por qué me parece que están haciendo caja las abuelitas?”.

desde el medio

Clarín cuenta con el diario Los Andes, el más tradicional e influyente de Mendoza. El Grupo América tiene su pata fundacional: el Grupo Uno, de Daniel Vila. Y la ultramacrista familia Terranova es propietaria de Mdz.com. A poco de iniciada su gobernación en 2015, según cuenta quienes presenciaron esas conversaciones, AC se reunió con los popes mediáticos mendocinos y les prometió no solo ponerse al día con la pauta adeudada sino aumentarla considerablemente y hacer gestiones en Buenos Aires para que también se abriera un chorro constante de dinero fresco. Una vez acordado esto, el alineamiento ideológico de los medios mendocinos con AC se dio “naturalmente”.

AC muy probablemente vuelva a ser el gobernador de Mendoza. Pero herido. Dentro del Frente Cambia Mendoza deberá superar a Luis Petri, quien se ha encargado de reunir a desencantados del cornejismo y se muestra como una opción potente para los desencantados (aunque sin aparato).

El macrista Omar De Marchi armó un frente llamado La Unión Mendocina con radicales y peronistas. Su compañero de fórmula es el médico Daniel Orozco, ex cobista y ex cornejista, intendente en funciones del populoso departamento de Las Heras. Además, sumó algunos peronistas.

El justicialismo irá con el Frente Elegí Mendoza, donde competirá la fórmula kirchnerista integrada por el ex intendente Omar Parisi y el senador provincial camporista Lucas Ilardo, contra la opción albertista encabezada por el secretario de Malvinas Guillermo Carmona y la diputada nacional Liliana Paponet. A estas dos opciones se sumarán las listas de Nicolás Guillén y Lorena Martín, referentes de los movimientos sociales, y la que lidera el abogado kirchnerista Alfredo Guevara hijo, acompañado por la ex legisladora provincial Patricia Galván.

La tropa propia se ha encargado de remarcar los aspectos más controversiales en la forma de construcción política de AC. Y asegura que el blindaje mediático que supo gozar ya no es el mismo. Su destrato a importantes sectores de la sociedad mendocina, principalmente de la clase media, ya es inocultable. La reivindicación de Mendoza como la panacea de la institucionalidad es insostenible. Pero el antiperonismo se ha instalado con fuerza tras la fallida gobernación de Paco Pérez, la estigmatización del kirchnerismo y el discurso hegemónico de los principales medios, alineados con los discursos violentos de una derecha que cada día encarna mejor “el Enano” cuyano.