la secta de la picana en la policía de Santa Fe

—Toledo: ¡Unas ganas de trabajar!

— Balais: Quiero ver la picana en acción.

—T.: Cómo lloraba el de las vías.

—B.: No tiene desperdicio.

—T.: Necesito otra sesión de masajes eléctricos.

Esta conversación transcurrió el 19 de abril de 2024 en el grupo de WhatsApp que llevaba el nombre “Equipo Woky Toky”. Lo integraban cinco agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la provincia de Santa Fe, con asiento en Rosario. Los que hablan son los suboficiales Guillermo David Toledo y Jesús Ángel Balais. El diálogo formó parte de las evidencias con las que fueron condenados junto a otros cuatro compañeros de división. La pesquisa se inició tras una causa armada descubierta a partir de la declaración de dos hombres involucrados en el narcomenudeo, a quienes los policías privaron de la libertad de manera ilegítima, golpearon y torturaron para robarles droga, armas y dinero.

La banda policial utilizaba estos métodos para realizar operativos que los beneficiaban de distintas formas. Sumaban procedimientos positivos para el escalafón y sus aspiraciones de ascenso. Pero también acumulaban botines que difícilmente un delincuente caído en desgracia fuera a reclamar. En sus días de gloria se desenvolvió sin controles legales de sus superiores ni mucho menos políticos.

La aceitada maquinaria para obtener información mediante vejaciones y quedarse con droga de los operativos revela el trasfondo del llamado “manejo de la calle” en los barrios de Rosario. El empoderamiento de la fuerza es el gran pilar del gobierno de Maximiliano Pullaro. La adhesión a la Ley de Microtráfico fue un paso decisivo para delegarles a los uniformados el control territorial que no es otra cosa que tener libertad para moverse en los márgenes grises de la norma. Así logró bajar los índices de violencia callejera que habían puesto a Rosario en lo más alto de la tasa de homicidios del país durante la última década. Pero en los dos últimos años se acumulan causas con agentes imputados que comparten patrones en la manera de legalizar, bajo la figura de flagrancia, los operativos fraguados.

metele máquina

El 13 de agosto de 2024, cerca de las 3 de la tarde, Daniel Y. y Jonathan L. estaban en una Ford Ranger estacionados en Jaures al 5500, una cortada pavimentada del barrio Triángulo, en la zona oeste de Rosario, cuando fueron abordados por dos agentes de la PAT. Llevaban un ladrillo de un kilo de cocaína envuelta en una cinta amarilla y algo de marihuana en una bolsa de plástico. Habían perdido. Fueron condenados en la Justicia federal a dos años de prisión condicional por tenencia simple de estupefacientes.

Tiempo después, sin embargo, nuevas declaraciones ventilaron los pormenores de aquel procedimiento. El operativo había comenzado con un móvil de la PAT que recorría la zona, pero a los pocos minutos llegaron al menos cuatro patrulleros más de la misma división. En dos de esos móviles —el 10065 y el 10533— iban los agentes Guillermo Toledo, Fernando Ferreira, Iván Schneider, Jesús Balais, Gerardo Pérez y Sergio Robledo. Se quedaron ahí hasta las 16.30 (una hora y media) con un único objetivo: quebrar a Daniel Y. y Jonathan L..

“El policía me dijo que quería el pescado gordo. Después entre ellos hablaban. Encima nos pegaron y nos picanearon, tenían corriente, no sé qué tenían”, declaró Daniel Y. en la Fiscalía Federal. “Nos hicieron la cabeza porque nunca caímos detenidos nosotros. Me hicieron desbloquear el celular”, contó y detalló que los picanazos se los dieron en la caja de la camioneta policial mientras los amenazaban con que iban a comerse 25 años en cana. Por su parte, Jonathan L. reconstruyó lo siguiente: “Ahí nomás nos empezaron a picanear. Nosotros decíamos por qué nos están haciendo esto si nosotros no estamos ni resistiendo a la autoridad ni faltando el respeto. Nos hacían agachar la cabeza, nosotros agachábamos la cabeza y se reían”.

En el lugar había dos testigos retenidos por los policías, quienes confirmaron que vieron cómo los aprehendidos lloraban arriba de los patrulleros mientras respondían las preguntas. En julio de 2025, a más de un año de aquel episodio y cuando la investigación ya había escalado hasta la detención de los policías, Daniel Y. fue entrevistado por profesionales forenses de un equipo interdisciplinario de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Los peritos Martín Araguez y Walter Inderkumer acreditaron secuelas psicológicas relacionadas con aquellas torturas que encuadraron como un evento traumático. Pero este caso era solo el principio.

vos ya sos pollo 

La misma tarde, una hora y media después de aquel operativo callejero, el timbre de la casa de Forest al 5600 sonó varias veces. Perla R. y Diego I. estaban con sus hijos de 1 y 8 años junto a José Luis L., un amigo de la familia que había llevado un pollo de su rotisería. Perla se acercó a la puerta preguntando quién estaba del otro lado.

—¡La policía! ¡La policía!

La mujer abrió el ventiluz de la puerta, les dijo que buscaría las llaves y regresó. La hostilidad llegó desde afuera con pocas palabras: ¡Abrí o te la tiramos abajo!. Diego I. se puso muy nervioso e intentó aprovechar la demora de su compañera. Mientras ella buscaba las llaves corrió al mueble empotrado del living, sacó varios ladrillos de cocaína y los guardó entre las maderas de la cama de su hijo. Apenas alcanzó a salir del dormitorio y llegar a la cocina cuando los policías lo tiraron al piso. José Luis L., con un poco más de ventaja, llegó a correr hasta el patio y lo cazaron justo cuando intentaba saltar un tapial.

Al menos seis policías tomaron el control de la casa. A los hombres los esposaron y los dejaron en el piso de la cocina y a la mujer la metieron en el dormitorio junto a sus niños. Lo que siguió fue una requisa de punta a punta: dieron vuelta cada habitación y juntaron todo aquello que les interesara. Mientras tanto, Diego I. ensayó una negociación:

—Quiero hablar con el jefe— les dijo y enseguida lo sentaron en una silla en la que un policía robusto y a cara descubierta se le puso enfrente.

—Tenés huevo negrito, eh, para hablar conmigo.

—Ya perdí, dejá de lado a mi familia, te entrego todo.

—¿Qué tenés?

—Hay de todo, hay droga, dólares y pesos.

Para entonces los policías ya habían encontrado, en lo alto de un mueble, una colección de más de 20 armas de fuego y de cuchillos. También varios pantalones de la marca Las Locas y gorras Nike y Jordan que la pareja, los dos de nacionalidad boliviana, vendían en lo que era su actividad económica en la superficie. El policía que tenía enfrente era Guillermo Toledo y no se trataba de un jefe por rango sino de un líder por guapeza: con apenas 35 años y 9 de antigüedad en esa fuerza había aprendido a capitalizar esas situaciones:

—Ahí tenés un montón de armas. Ya estás re complicado con esto. Me llevo una parte de las armas, lo otro lo dejo en la mesa. Te dejo medio kilo de droga en la mesa así te dan poco tiempo, como mucho un año preso y vos le sacás toda culpa y cargo a tu familia.

El policía, en busca de complicidad, le contó cómo habían llegado a su casa. Le dijo que lo había vendido su amigo (“el de la camioneta gris”) al que habían agarrado con un kilo de cocaína.

—Cantó como un pajarito tu amigo.

Toledo metió el dedo en la llaga, expuso los códigos endebles, omitiendo que la información la había obtenido mediante tortura. Después escoltó a Diego I. hasta una vitrina con libros en donde había más de 50 mil dólares. “Pero la plata no estaba y ahí el gordito ya me empezó a decir que le mentía, que no había nada ahí. En ese momento se acerca un policía con cara de viejo, lo codea al gordito y le dice en voz baja que se calle, que ya tenía la plata él. Ahí el gordito me dice que me quede en el molde”, recordó Diego I. en su declaración como testigo. Para entonces los policías, en su requisa descontrolada, habían encontrado casi todo menos la droga. Diego I. finalmente entró a la pieza de sus hijos, en donde el grupo de policías ya se había amontonado, sacó los ladrillos de droga de la cama y los dejó a la vista. Toledo, impactado por lo que tenía frente a sus ojos, apenas esbozó unas palabras de victoria:

—Ya estamos, chicos, ya estamos, coronamos.

todo marchaba de acuerdo al plan

Una vez concretado el allanamiento ilegal y con el botín en su poder, los policías iniciaron el armado de la causa. Presentaron un acta en la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación de la provincia y en ese texto cuadraban todo lo necesario para que se iniciara una causa por narcomenudeo. La Ley de Microtráfico, impulsada por el gobierno de Pullaro en el inicio de su gestión en diciembre de 2023, los respaldaba. Se aferraron así a un relato típico: estaban patrullando cuando vieron a dos sospechosos que, al notar la presencia policial, huyeron hasta ingresar en una vivienda en la que terminaron aprehendidos y con una serie de elementos secuestrados. Con prácticamente toda la droga robada, solo informaron el secuestro de 500 gramos de cocaína, una balanza de precisión, cuatro armas de fuego y tres granadas de gas lacrimógeno. Como si fuera parte de la estrategia, además, avisaron a los medios y brindaron la información para el móvil de El Tres, el canal más masivo de Rosario, que transmitió en vivo:

—Tenemos que hablar de un importante operativo que se está llevando adelante en este momento en una vivienda. Vamos a contar qué es lo que ocurrió. Aparentemente estaba realizando un patrullaje la PAT cuando ven una actitud sospechosa en dos hombres que estaban afuera de esa vivienda ubicada en Forest al 5600. Ingresan a la vivienda apurados, se da la persecución de estos hombres al interior de la vivienda, en donde se encuentran con un ladrillo de lo que sería cocaína, cuatro armas y tres granadas de mano. Por eso también está trabajando la brigada de explosivos, está cortado el tránsito y continúa trabajando la policía en este lugar.

La movilera desarrolló la primicia sin saber que era parte de la coartada policial. Los conductores, desde el piso, remarcaron lo importante del procedimiento y del material secuestrado.

Todo marchaba de acuerdo al plan pero ninguno de los agentes reparó en un error que iba a comenzar a desenmascararlos. Al informar las armas decomisadas incluyeron las tres granadas sin percatarse de sus consecuencias. En la primera audiencia en el fuero provincial, el fiscal Rodrigo Urruticochea advirtió que por el material explosivo la causa tenía que pasar al fuero federal. El juez Gonzalo Fernández Bussi adhirió al pedido y sumó el segundo error de los agentes: la cocaína decomisada estaba compacta en un trozo y no fragmentada, razón por la cual la acusación tampoco cuadraba en la ley de narcomenudeo.

En un principio ese giro no implicó un compromiso para los policías y la investigación avanzó con la imputación de los tres detenidos en la vivienda. Pasaron 45 días en prisión preventiva por tenencia de estupefacientes para comercialización y tenencia de armas. Pero en el transcurso de esa medida cautelar los detenidos acentuaron su estrategia de defensa y volcaron toda la verdad en una declaración que dejó a los policías en el centro de la sospecha. El 27 de septiembre, el juez Marcelo Bailaque, a cargo de la causa contra la pareja boliviana y su amigo peruano, declaró la nulidad del procedimiento y la ilegalidad de las detenciones. Diego I., Perla R. y José Luis L. quedaron libres. La evidente conexión de al menos uno de ellos con el narcomenudeo pasó a ser un misterio sin investigación paralela.

Los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Soledad García y María Virginia Sosa desentrañaron las maniobras ilícitas policiales. Constataron que la primera comunicación al 911 para dar aviso del operativo fue 50 minutos después de que llegaran a la casa, tiempo suficiente para el simulacro. También confirmaron que llevaron a los testigos tres horas más tarde y que los dos hombres declararon que al entrar a la casa ya estaban expuestos sobre una mesa los elementos secuestrados. Uno de los puntos más incriminantes fue que en el acta de procedimiento afirmaron que no había cámaras de vigilancia en los alrededores del domicilio, algo que fue refutado por los investigadores. Después confirmaron, por los rastros de los GPS, que los mismos patrulleros habían participado en los dos operativos: el que detuvo primero a la camioneta Ford Ranger y consiguió, mediante torturas, la información; y el segundo en el casa de Diego I., en donde obtuvieron la droga, los dólares y las armas.

El 2 de octubre de 2024, tras la declaración de nulidad, la Fiscalía pidió la detención de ocho policías: Guillermo Toledo, Jesús Balais, Fernando Ferreira, Iván Schneider, Gerardo Pérez, Sergio Robledo, Miguel Aguilar y Renzo Michelud. En una primera etapa de la investigación fueron acusados por privación ilegal de la libertad, violación de domicilio, violación de sellos y documentos y falsedad ideológica. Para enero de 2025 sumaron el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y por ser miembros de una fuerza federal. Se había descubierto que familiares de Toledo habían vendido la cocaína en la ciudad de Santa Fe. Finalmente, cuando se confirmó la aplicación de torturas en distintas etapas de los procedimientos, les imputaron apremios ilegales y vejaciones.

A cinco de los acusados la Fiscalía les propuso en marzo pasado firmar un acuerdo abreviado para evitar el juicio oral y público, por motivos y tal vez arreglos que no trascendieron. Jesús Balais fue el que recibió la condena más alta, con 7 años de prisión efectiva; Fernando Ferreira acordó 6 años y medio; Iván Schneider y Gerardo Pérez recibieron 4 años y medio; Sergio Robledo 3 años y medio y Miguel Aguilar 2 años de cárcel. A Guillermo Toledo, considerado como el líder del operativo, lo condenaron en otro abreviado en mayo que requirió de una audiencia especial porque entre defensa y fiscales hubo acuerdo por los cargos atribuidos pero no por la pena. Finalmente un tribunal confirmó 8 años de prisión. En paralelo tres familiares suyos fueron imputados por vender en Santa Fe la cocaína robada en Rosario. Planeaban sacarle 7500 dólares de ganancia a tres paquetes, parte del botín que los policías se habían dividido.

El jefe de la división de la PAT, Renzo Michelud, quedó exento de acusación, aunque la investigación en su contra quedó abierta.

un pedagogo de la ilegalidad

En una de las audiencias, la fiscal María Virginia Sosa calificó a Toledo como “un pedagogo de la ilegalidad”. Acababa de reproducir ante el juez un audio de abril de 2024 en el que el policía le decía al otro que ya iba a “encontrar la vuelta” para armar causas. En ese cúmulo de evidencias expusieron otro audio en el que ese mismo agente se jactaba de sus logros recientes.

—El otro día andábamos patrullando en zona norte. Encontramos a un loco en la entrada de un búnker. Se hacía el pajero. Le entramos a revisar el celular y tenía foto de una metra, fierros. Agarramos, lo cargamos y lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Boludo, se llevó una cagada a palos… no te puedo creer que con todo lo que le hicimos no dijo ni una palabra amigo. Le rompimos toda la cabeza a pistolazos. Lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era.

Los investigadores sospechan, por conversaciones que encontraron en los teléfonos secuestrados, que la picana utilizada había sido robada en un allanamiento a un búnker. Meses después la hallaron en una casa vinculada al agente Jesús Balais. Se trataba de una picana eléctrica de 5000 kilovoltios que fue analizada en la causa por el médico especialista Claudio Capuano: provoca “efectos muy específicos y potencialmente graves en el cuerpo humano. Constituye una forma de tortura cuando es aplicada sobre personas”. Por otro lado, Daniel Y., una de las víctimas a las que obligaron a delatar a punta de picanazos, declaró con detalles cómo y en qué partes de su cuerpo le habían aplicado descargas. “A partir de la entrevista y los test implementados se desprende la presencia de indicadores de ansiedad, evitación, miedo y estrés postraumático”, indicaron los profesionales de Medicina Legal de la DATIP.

Al momento de presentar la acusación los fiscales repararon en que, más allá del hecho puntual que abordó la causa, eran frecuentes las prácticas ilegales. Aseguraron tener evidencias para afirmar “lo internalizado y naturalizado que tenían la utilización de picana eléctrica sobre las personas que resultaban detenidas en el marco de los procedimientos que intervenían. El hecho de que un agente policial posea y utilice un instrumento expresamente reconocido a nivel internacional como un elemento de tortura trasciende el ámbito de la mera infracción penal y afecta de manera directa la confianza pública depositada en quienes deben velar por la protección de los derechos fundamentales”.

Al hablar de sus operativos casi a diario, como si fueran hazañas, los policías dejaron un tendal de pruebas. Guillermo Toledo, por ejemplo, estaba tan a gusto con las torturas que lo compartía con su pareja. De la casa de calle Forest, además de la cocaína y los dólares, se llevó una daga con detalles artesanales en el mango que, aseguró, se la regalaría a su suegra. También le hablaba del “evangelio según San Guillermo” (por su nombre de pila) para darle a entender en qué consistían sus turnos. En septiembre de 2024, una semana antes de caer, le dijo con orgullo: “Predicamos la palabra casi hasta el amanecer”.