yo me endeudo, yo te endeudo

E n 2008, cuando el kirchnerismo gozaba de un consenso demoledor, yo integraba en Rosario una universidad autogestionada que emulaba, en parte, a los bachilleratos populares. Durante aquella experiencia militante nos regíamos a partir de una idea: “Todo lo que no se autoorganizaba se dispersaba y se reconfiguraba bajo las lógicas del mercado financiero”. La tarea pasaba por reinventar los lazos sociales y comunitarios destruidos y reabsorbidos por las tecnologías mercantiles. Nuestra posición era, según nos endilgaban, trasnochada, de un persistente autonomismo de izquierda en un momento histórico en el que la mayor parte de las organizaciones ya habían depuesto las armas de la autonomía política y organizativa que nos habían permitido atravesar el horror del menemismo y la Alianza y se sumaban a una estatización generalizada.

Luego de veinte años, lo importante es el viraje de aquella hipótesis. La reformularía así: “Ahora todo lo que no organizamos ya no solamente se dispersa sino que tiende a envilecerse y a tornarse hostil. Son recursos disponibles para los choques y las agresiones”.

En el caso específico de las periferias urbanas, lo que se escapa a la organización comunitaria, que es casi todo a pesar de los esfuerzos militantes y de ciertos dispositivos estatales, provoca —en su versión más dramática, que no es la única— batallas sangrientas. Sí: son cuerpos asesinados o torturados, algo que ya está socialmente normalizado. La mayor muestra ocurrió en marzo de 2024, cuando bandas narcos rosarinas, en el marco de aprietes con el gobierno provincial, asesinaron a cuatros trabajadores al boleo en zonas macrocéntricas para generar terror. La población que no vive en zonas picantes recibió el mensaje, gestionó su propia cuarentena, se encerró en sus casas y la ciudad se paralizó. Nunca había pasado algo así ante otros miles de asesinatos ocurridos en las geografías socialmente autorizadas.

Pero terminemos de actualizar aquella vieja hipótesis. Si no reconstruimos pacientemente los lazos comunitarios a través de fuerzas políticas propias, genuinas, la máquina narco seguirá acelerando su capacidad de organización allá abajo. Y no es que solo ocupa los espacios que vamos dejando vacíos, los que se van rompiendo, sino que también se monta sobre los circuitos de confianza —laborales, vecinales, amistosos, familiares— que todavía puedan estar activos en esos territorios. Un objetivo prioritario es endeudar y el otro —indispensable— es que los deudores oficien como acreedores de su gente cercana.

teoría de la deuda

El camino del endeudamiento popular en este siglo lo allanó el presidente interino Eduardo Duhalde, luego de la insurrección de diciembre de 2001 y de la devaluación de la moneda en 2002, cuando para paliar la hambruna general creó el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que alcanzó a más de 2 millones de personas. A los titulares se les abrió una caja de ahorros y se les entregó una tarjeta de débito. El mercado financiero olió sangre y actuó en consecuencia. Si había plásticos para asegurar los retornos de las deudas era posible expandir las fronteras crediticias hacia pobres e indigentes.

Una década más tarde, en 2013, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (PROCELAC) estudió minuciosamente balances de bancos y entidades financieras y publicó un informe sobre la infernal cantidad de créditos personales para el consumo —a tasas usurarias— otorgados a los sectores más empobrecidos. Así resumía el cambio de época: “Esta liberalización de las finanzas obligó a abandonar la percepción de que economía de las finanzas y economía popular constituirían dos esferas separadas o mundos hostiles: el primero, complejo y de grandes operaciones monetarias, y el segundo, artesanal y de escasa relevancia económica”.

Verónica Gago retomó en su libro La razón neoliberal (2015) esa pionera investigación para realizar un balance del modo de inclusión por consumo que propició el kirchnerismo: “Ser beneficiario de un subsidio (…) se convirtió en garantía de deuda, ya que estas subvenciones al realizarse por medios bancarios ‘reemplazan o complementan la tradicional acreditación de los papeles del trabajador formal’ y permite ‘a las entidades financieras y no financieras devengar su cuota directamente, sea a través de un descuento mediante el CBU o mediante la retención de la tarjeta’”.

Años más tarde, junto a Luci Cavallero, formuló una lectura feminista de la deuda para denunciar que las mujeres son quienes más lo padecen en la vida doméstica.

Ariel Wilkis, en su reciente Una historia de cómo nos endeudamos (2025), confirma que entre 2005 y 2013 se pasó de 10 millones a 15 millones de personas endeudadas por créditos, mayormente beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en 2009, de las moratorias previsionales (nuevas jubiladas y jubilados) y titulares de planes sociales.

En La fábrica del hombre endeudado (2013), el italiano Maurizio Lazzarato analiza que el capital financiero, a través del endeudamiento, tiene como finalidad “objetivar el futuro para disponer de él de antemano”. Si captura el futuro es porque ordena, disciplina y somete las conductas creando una conciencia deudora, muy atada al miedo, la culpa, la moral y la autoexigencia. Más recientemente, en El capital odia a todo el mundo (2020), analiza lo ocurrido en los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, durante las presidencias de Lula Da Silva: “El acceso al crédito, que tenía como fin reducir la pobreza, funcionó también como caballo de Troya a través del cual la financiarización se introdujo en la vida cotidiana de millones de brasileños, especialmente los más pobres”.

Sin embargo, lo que estas sólidas investigaciones no captaron —ni antes ni ahora— más que marginalmente, con referencias ínfimas, es que los mercados ilegales incorporaron la misma metodología que el sector formal para la dominación: comenzaron a endeudar a sus vecinos. El narco es una fuente principal de financiamiento de la vida contemporánea y eso incluye en el centro a los barrios populares. El prestamismo, en las diferentes acepciones que abordaremos, requiere de la inclusión masiva de intermediarios. A diferencia del mercado formal acá todavía no se presta y endeuda a través de aplicaciones. Se lo hace mano a mano, con rudimentarios anuncios en los estados de WhatsApp o Facebook, y siempre a través de círculos de (relativa) confianza.

Las bandas primero retuvieron las tarjetas de débito para asegurarse el pago de las deudas por compra de drogas. Pero pronto proliferó un prestamismo generalizado para vecinos que debían responder a deudas surgidas en el mercado formal, o de otros circuitos ilegales, o directamente para poder pagar compras en el almacén de la esquina. El relato obtenido en barrios de Rosario es que comenzó a ser más fácil obtener préstamos otorgados por un vecino o un familiar que trabaja para una red transa que en un banco o en Mercado Pago y Ualá. A partir de la pandemia se sumó el súbito endeudamiento provocado por los casinos ilegales, también regenteado por el narco en alianza con barones históricos del juego clandestino u otras oscuras sociedades comerciales.

Entonces, tenemos investigaciones sobre el endeudamiento suficientemente desplegadas en Argentina, pero, aun en las más recientes, con esta llamativa ausencia a la hora de ponderar y, sobre todo, mostrar las mecánicas precisas que han puesto en marcha estos mercados ilegales en los últimos años. El problema es que el narco no detiene su marcha. Ahora ya no necesitamos únicamente analizar la proliferación de deudores sino de acreedores que trabajan para redes ilegales en las periferias.

algo viejo, algo nuevo

El narco, a nivel barrial, diversifica los negocios. El capital no solo va para arriba y mucho, sino que una parte significativa recircula ahí mismo: vende drogas, presta, coorganiza el juego clandestino online, compras de ropa, electrodomésticos, alquila casas, “custodia” comercios, entre otras movidas. Para concretarlo utiliza esquemas piramidales que entremezclan mecanismos sofisticados —como los digitales— con formas rústicas, tradicionales, que incluyen masivamente a intermediarias. Son redes gestadas a partir de lazos familiares, afectivos y vecinales. Esto es importante porque la parte deudora y la acreedora tienen rostros mayormente conocidos. Allí radica un punto neurálgico de la gobernabilidad: si el capitalismo de plataformas descansa en la opacidad que propician los algoritmos, el narco se camufla entre miles de rostros cercanos.

En el caso de los denominados casinitos confluyen con claridad estas dos vertientes: sus softwares son los mismos que los que poseen los casinos oficiales o las casas de apuestas deportivas, pero, a diferencia de estos últimos, para mantener el anonimato de sus organizadores van desplegando anillos concéntricos de intermediarias —conocidas en la jerga como cajeras—, quienes se encargan de entregar un usuario y una contraseña cada vez que una persona quiere empezar a apostar. Los jugadores no pueden registrarse solos. Esa cajera y no la aplicación es quien paga o cobra el dinero ganado o perdido por los apostadores. En una investigación judicial, la expareja de un novel gerente narco, quien regenteaba un casinito, declaró en 2025 lo siguiente cuando se le preguntó por la cantidad aproximada de cajeras en Rosario: “No menos de 5 mil”.

Las cajeras suelen ser reclutadas a partir de la cantidad de contactos que tienen en WhatsApp y por la calidad de sus potenciales clientes. Una de ellas nos aclaraba que le solicitaron al menos quince contactos que, según su criterio, debían calificar como de máxima confianza.

En 2024, los ministros de Educación y de Desarrollo Social y el vicepresidente de la Caja de Acción Social de la Provincia de Santa Fe presentaron una denuncia conjunta en el Ministerio Público Fiscal por la proliferación de casinos ilegales en los que apostaban menores de edad. Lo habían detectado docentes de múltiples escuelas. Luego de una exhaustiva investigación, la fiscalía reveló que tres sociedades comerciales, utilizando los servicios de dos bancos oficiales, captaban el dinero de, al menos, diez casinos ilegales, mayormente creados en Brasil. La investigación se concentró tan solo en tres meses —junio, julio y agosto— de 2024 y en esa decena de sitios ilegales, aunque descubrieron que operaban al menos 386 en toda la provincia. Las conclusiones fueron lapidarias: desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre detectaron 1.038.784 apuestas realizadas en los sitios investigados. Del total de jugadores, había 35.845 menores de 18 años, un 25% del total. El monto promedio de cada apuesta no superaba los 10 mil pesos y el horario más extendido era entre las 20 y las 23 horas. En tres meses obtuvieron 16 mil millones de pesos de ganancia (16 millones de dólares de aquel entonces).

Estos casinos ilegales se diferencian de los casinitos narcos porque los jugadores podían registrarse solos. No requerían de intermediarias (cajeras). De allí la radiografía tan precisa de apuestas y apostadores. Los millonarios montos recaudados, sin embargo, nos acercan a la magnitud del negocio.

acreedores populares

Lazzarato afirma que el capital financiero provoca una reconversión de “la mayoría de la población en deudora y de una minoría en rentista”. Esto es así también en el negocio narco. Evidentemente lo comanda una minoría. Pero para desplegarlo debe convertir a una masa relevante de deudores también en acreedores. Existen antecedentes históricos que van desde las vendedoras de productos a domicilio hasta quienes levantan quiniela. Pero las redes narcos incorporan a esta multitud de intermediarios en un escenario de dominación territorial que ya lleva más de una década. Se trata de un nuevo salto de escala que no podemos soslayar.

En los casinitos, las cajeras se quedan con un porcentaje de cada apuesta. Cada una maneja un nodo de apostadores que va monitoreando —de manera online— a partir de un usuario que reciben. Así lo cuentan en el oeste rosarino: “La ganancia es 40% para vos y el 60% para el banquero. Nosotras trabajamos semanal. Las cajas abren los jueves a las 2 de la tarde y cerramos los viernes a las 12 de la noche. Para el día sábado, a más tardar, tenemos que tener el dinero que recibimos de la caja. O sea: vos vendés 100 mil pesos y tenés que tener sí o sí los 60 mil pesos para rendir la caja”.

Se agregan al esquema los soldaditos —conocidos como cobrantes— que deben actuar, en última instancia, cuando se reportan incumplimientos graves, ya sea de las cajeras o de quienes apuestan. Pero, antes de su intervención, quienes asumen la responsabilidad de pagar las deudas de sus apostadores son las propias cajeras. Este punto es importante porque atenúa el uso de la violencia física inmediata. Suele pasar que las cajeras, a los fines de evitar represalias graves contra ellas o contra apostadores, directamente cubren las deudas y luego insisten con esos deudores para que les paguen. Las apuestas suelen ser por montos acotados, salvo excepciones como las que relata otra cajera en el noroeste de la ciudad: “A una vecina de acá a la vuelta, que había jugado fuerte, como 200 mil pesos, le terminé diciendo: o me pagás el fin de semana o te van a pasar a cobrar ellos y no te va a convenir. No era verdad, yo no lo iba a hacer, pero al otro día vendió el televisor y me pagó”.

Esta primera descripción nos permite afirmar que los acreedores populares, quienes ofician de intermediarios, son también —en simultáneo— deudores. Primero porque prestan dinero ajeno que deben rendir a la brevedad. Luego porque, si no les pagan, son ellos quienes se convierten en deudores. La frontera entre una condición y otra es lábil o directamente no existe. Para evitar castigos, los acreedores asumen esa doble responsabilidad. Saben que no rendir el capital asignado implica duras penalidades: el crecimiento diario y descomunal de los intereses, la pérdida de bienes, incluidas las viviendas y/o la obligación de que sus hijos trabajen para un transa o el padecimiento de tormentos físicos. Así lo deja en claro una excajera: “Cuando no me pagaban tenía que renegar y muchas veces saqué del bolsillo de él [señala a su marido] para pagarlo. Y si no teníamos plata, había que pagarlo igual”. Luego agrega su marido: “Ella también se endeuda un montón con los prestamistas. Se ha endeudado para pagar otras deudas. Este freezer lo sacó con un préstamo y pagamos 10 mil pesos por día, de domingo a domingo. Si te atrasás son 5000 pesos más por día. Yo les digo a los cobrantes que es un abuso, pero ellos te dicen que hay que pagar y nosotros pagamos. Si hay que trabajar más, se trabaja más, para no tener problemas. O vendemos algo. Yo soy mecánico y por ahí compro un auto hecho mierda, lo arreglo y lo vendo al toque para poder pagarle al prestamista”.

presente roto

Las teorías sobre el endeudamiento que vienen del norte están pensadas para deudas de largo plazo, como las hipotecas que asumen los europeos o los norteamericanos. En Argentina, al menos desde el desastre provocado por los créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri, los créditos hipotecarios casi no existen. Mucho menos entre los sectores populares. Se trata de préstamos personales para el consumo. En las hipotecas, a veinte o treinta años, el capital logra capturar un futuro mayormente estable. El narco, por el contrario, se apodera de un presente roto y lo torna todavía más urgente y turbio. Inyecta capital y lo distribuye (por ahora) de mano en mano para que la maquinaria social y económica se ponga en movimiento en un contexto en el que prima la escasez y la malaria. Así acrecienta el volumen de sus negocios y su poder territorial.

La hipótesis es la siguiente: la efectividad de los acreedores populares radica en una combinación entre el miedo ante las represalias, pero también a que ya poseen una subjetividad deudora que supieron forjar luego de dos décadas y media de endeudamiento permanente. Todo ese expertise financiero, es decir, esa capacidad de supervivencia, que incluye saber lidiar con los (in)cumplimientos, se complementa con un conocimiento preciso de los alcances de la violencia en sus barrios. Ese cóctel vivencial les permite operar como un puente perfecto entre el dinero ilegal y sus círculos cercanos.

inteligencia colectiva

El último 7 de abril, el Gobierno nacional anunció el cierre del programa Volver al Trabajo, nacido durante la pandemia bajo el nombre Plan Potenciar Trabajo. El plan incluía a 1.300.000 titulares, pero fue desdoblado en 2024 en dos líneas: el Programa de Acompañamiento Social, dependiente de la Secretaría de Niñez, para mayores de 50 años y mujeres con cuatro o más hijos (que todavía perdura), y el recientemente eliminado Volver al Trabajo, que pertenecía a la Secretaría de Empleo, cuyo objetivo era el “fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar” y la capacitación laboral. El programa, en sus dos orientaciones, ya había sufrido la motosierra de Milei cuando congeló los montos percibidos (78 mil pesos mensuales) desde el preciso comienzo de su gestión. Este golpe de gracia a su principal línea —900 mil personas— quizás signifique poco para las economías personales y familiares, pero es realmente preocupante el retiro de miles de millones de pesos que circulaban en las periferias. Esto incluye al propio narco, quien pierde capacidad de reaseguro para las deudas y dinero fresco para absorber.

El Gobierno puso fin a lo que podemos llamar el consenso de los planes sociales surgido como una respuesta del sistema político frente a la inestabilidad política y económica luego de la insubordinación de diciembre de 2001. Fue una herramienta a la que recurrieron gobiernos de diferente signo político e ideológico —duhaldismo, kirchnerismo, macrismo, neokirchnerismo— cuando las papas quemaron entre 2002 y 2023. La ultraderecha supo detectar con precisión que el entramado cooperativo, laboral, sindical, social, productivo que generaban este tipo de planes era un gigante con pies de barro y actuó de manera impiadosa. Algo viene a decirnos que ni sus titulares, ni la dirigencia sectorial, ni los sindicatos, ni otras fuerzas sociales hayamos resistido en serio semejante ajuste. Desde el lanzamiento del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en 2002, vía de entrada de las finanzas en la vida de los sectores más empobrecidos en este siglo, se han multiplicado y diversificado las bocas de endeudamiento al compás del avance continuo de la infraestructura digital impulsada por el mercado financiero. El narco es un actor principal en este escenario con su temible capacidad para activar una inteligencia colectiva mayormente invisible o inabordable (sin electrocutarse ante semejante intensidad) para otros actores territoriales cuyos objetivos no se circunscriben a la circulación bestial del dinero y el uso de la violencia letal.