el descanso laboral como campo de batalla en brasil

“¿Cuándo nosotros, la clase trabajadora, nos vamos a rebelar contra esta esclavitud obsoleta llamada jornada 6×1?”. El 13 de septiembre de 2023, Ricardo Cardozo Azevedo publicó en su cuenta de TikTok un descargo contra la metodología de trabajo establecida en la Constitución brasileña desde 1988: jornadas de hasta 44 horas divididas en 6 días a la semana, con solo uno de descanso. A las pocas horas, el video se viralizó y, casi sin pensarlo, Rick se puso al hombro el llamado a la acción para derribar el régimen laboral que él mismo padecía en la farmacia en donde trabajaba de cajero en Río de Janeiro. Así se convirtió en la voz de casi 38 millones de personas en su país.

Desde entonces, su vida cambió completamente. A los 29 años, Azevedo era un joven con conciencia de clase, inquietudes políticas y ansias frustradas de estudiar en la universidad. Lo había intentado en las carreras de enfermería, marketing y periodismo, pero ninguna pudo terminar justamente ―cuenta él mismo― por falta de tiempo. El día que hizo la publicación dejó el teléfono a un lado y cuando salió de trabajar se encontró con una catarata de respuestas: había conseguido atravesar la frontera de la polarización y transmitir el sentimiento de millones a lo largo de Brasil. Empleadas domésticas, de comercio, de sus pares que trabajan en farmacias, de lxs que viajan horas y horas, y también de quienes prefieren un trabajo no registrado con tal de no someterse a un régimen laboral que los atrapa y les deja apenas un poco más que un salario mínimo (1621 reales / 318 USD).

De la rabia surgió un grupo de WhatsApp con más de dos mil personas dispuestas a organizarse en el movimiento al que bautizaron “Vida Más Allá del Trabajo” (VAT, según la sigla en portugués). Se asesoraron y crearon un petitorio para solicitar una revisión de las leyes laborales para las y los empleados registrados. Pero no todo terminó ahí. El joven Rick aprovechó el impulso, se afilió al Partido Socialismo y Libertad (Psol) y en pocos meses de campaña conquistó una banca en el Concejo Deliberante carioca, desde donde presentó un proyecto para reducir la jornada laboral de las y los trabajadores tercerizados de la administración pública local .

Su iniciativa llegó más tarde al Congreso Nacional en forma de enmienda constitucional para cambiar el régimen de trabajo establecido en el artículo 7 de la Constitución. El proyecto prevé la reducción de 44 a 40 horas y de 6 a 5 días laborales sin reducción de salario. “Llegué a un lugar a donde históricamente el trabajador solo entra para servir café, limpiar el piso o hacer de seguridad. No para decidir. Eso dice mucho sobre cómo se construyó Brasil”, dice Azevedo a crisis. Y sigue: “El VAT es el trabajador entendiendo que no es un problema personal estar agotado. No es falta de esfuerzo ni de mérito. Es explotación. Cuando la persona se ve a sí misma como digna, cambia por dentro. Y cuando mucha gente cambia por dentro al mismo tiempo, eso se vuelve movimiento. Y el movimiento, cuando es de verdad, también cambia la política por fuera”.

enmienda constitucional

El VAT comenzó a consolidarse con núcleos de militantes en distintas ciudades del país. Llegó a las movilizaciones, a los encuentros internacionales, pero apenas trascendía en los medios de comunicación como un fenómeno producto de la indignación. El avispero se agitó cuando la diputada federal por el PSOL, Erika Hilton, transformó al proyecto de Azevedo en una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) para cambiar el régimen laboral establecido hace 40 años. La apuesta fue arriesgada: pasar de 44 a 36 horas semanales de trabajo y de 6 a 4 días laborales con 3 de descanso sin reducción del salario. Fue la primera de estas iniciativas en llegar con la fuerza de un movimiento. Y lo hizo de la mano del PSOL, partido trotskista que nació como escisión del PT, pero que hoy es un aliado en el gobierno multipartidario de Luiz Inácio Lula da Silva.

La propuesta crecía en adhesiones, pero en 2025 el escenario interno no fue sencillo para el gobierno. Debió lidiar con el congreso más conservador de las últimas cuatro décadas, evitar una amnistía a los golpistas y aprobar una reforma tributaria. Sin embargo, una vez que el torbellino pasó, en octubre del año pasado el Senado sorprendió a propios y extraños con una votación simbólica ―forma de votación rápida no nominal― en favor del proyecto. El gobierno trabajó para construir un acuerdo amplio que alcanzara a todos los ministros de la gestión multipartidaria que acompaña a Lula: unificaron los distintos proyectos que había en el Congreso y pautaron que la reducción fuera de 40 horas y a cinco días de trabajo por 2 de descanso sin reducción del salario.

La campaña comenzó en las redes sociales y el gobierno levantó la bandera de cara a las elecciones presidenciales de este año en las que Lula planea competir. “El tiempo es uno de los bienes más preciados para el ser humano”, dijo al definir las prioridades del gobierno en la apertura de sesiones del Legislativo para su último año de mandato.

Este tipo de iniciativas tienen un “potencial político positivo” en el electorado de Lula y “se vuelven más importantes a medida que Flávio Bolsonaro (senador e hijo del expresidente golpista, Jair) va ganando fuerza en la carrera electoral para postularse a la presidencia”, apuntó la politóloga profesora de la Fundación Getulio Vargas (FVG) de San Pablo, Graziella Testa. Sin embargo, el desafío será doble: saber comunicar la relevancia de la modificación constitucional para conquistar a un electorado indeciso, con amplios sectores de derecha y lidiar con un Congreso autónomo, conservador, que sufrirá presiones de los empresarios, señaló. En otras palabras, en un año en el que pretende conquistar su cuarto mandato, Lula encontró una propuesta social sensible con la que afianzar a su electorado.

trabajar no es sinónimo de vivir

Si bien ya existen sectores de la economía que aplican el formato 5×2, lo cierto es que la mayoría de los contratos del país (74%, 37,2 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo) todavía están bajo un régimen de 44 horas. Esta situación afecta principalmente a quienes se encuentran en comercio, hotelería, alimentación y aeronáutica, además de tercerizados de todo tipo, quienes reciben un salario promedio de 2200 reales, según indicó a este medio la Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (FeComercio) de San Pablo. Otro cantar son los 38,8 millones de trabajadores informales, muchos de los cuales eligen esa modalidad por considerarla más redituable y con una flexibilidad que el trabajo formal no les brinda. La señora de 60 años que hace limpieza, se levanta a las 5 de la mañana seis veces a la semana y tiene dos horas de viaje ida y vuelta. El veinteañero empleado de una tercerizada de comida en la mina que queda a cinco horas de su ciudad, pero pide trabajar dos meses seguidos sin descanso para tomarse los francos todos juntos. El joven que deja de estudiar para trabajar o el que opta por quedar como practicante y evitar el registro formal para sortear el sinfín de la escala 6×1.

El 60% de quienes viven esas experiencias son mujeres, según el estudio “Vivo sólo para trabajar: los impactos de la escala 6×1 en la salud y en la vida social de trabajadoras y trabajadores”, que es parte de una serie de investigaciones realizadas en conjunto entre centros de estudios de las universidades a lo largo del país. El 50% son negras. En general, trabajan en comercio y más de la mitad (el 61%) gana entre 1000 y 2000 reales mensuales, cuando el salario mínimo es de 1621 (311,56 USD). Ante la consulta sobre cómo impacta en su vida la jornada laboral, las respuestas se repiten: agotamiento, sobrecarga y aislamiento social y familiar.

Otra conclusión es que quienes sostienen este sistema se rompen. En 2025 fueron más de 546 mil personas las que solicitaron licencia laboral por trastornos mentales, un número récord en diez años y un aumento del 68% respecto a 2024. El 64% de quienes pidieron licencia, en su mayoría por depresión, fueron mujeres. Patricia Ikuno, abogada laboralista e influencer fundadora del VAT, sostiene que en realidad es el resultado de un “sistema deshumano que no contempla que las mujeres tienen doble o hasta triple jornada de trabajo”.

“Trabajé en farmacia, en shopping, en supermercado, en el área de comercio de una institución educativa. Ahí, a veces, no podía tomarme mi día de descanso. Trabajaba diez días para descansar sólo uno. Dejé los trabajos formales y me pasé a las aplicaciones”, dice Abel Santos. Él es otro de los líderes del VAT nada menos que en Brasília, el centro político del país. Tiene tres hijos ―de 6, 10 y 11―, alquila y se distribuye las tareas con su esposa, que sí es empleada registrada y trabaja seis para descansar uno.

final abierto

Según la última encuesta de DataFolha, el 71% de las y los brasileños apoyan el fin de la escala 6×1. Los números indican que tanto quienes trabajan en esa modalidad como quienes no lo hacen, se alían, sin embargo, en este punto, más allá de ideología o clase. El Congreso, en tanto, está en las antípodas: el 70% de las y los diputados se manifestaron en contra, según una encuesta de Quaest de julio pasado. Esa divergencia entre el Palacio y la calle pone en jaque a los bloques conservadores que proponen dejar el debate para fin de año o, peor aún, dejarlo en stand by para quién sabe cuándo.

Mientras el reloj corre, crece el lobby entre Brasilia y San Pablo y aumenta la tensión entre un Ejecutivo que presiona y un Congreso que pretende mantener el status quo. “La última reducción de la jornada fue hace 40 años. Fue al calor de la democracia y es en el calor de las elecciones que debemos debatir los grandes temas”, apuntó ante este medio el diputado nacional por el PT y precursor de la reducción de la jornada, Reginaldo Lopes. Su expectativa es que el proyecto continúe el camino que cualquier modificación constitucional requiere para ser aprobado y reglamentado antes de mitad de año. Para ello, una vez admitido en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), el Gobierno necesitará reunir 308 votos en dos votaciones en Diputados y 49 votos en dos turnos en el pleno del Senado para, finalmente, promulgar la norma.

Sin embargo, Lula optó por poner en marcha otro plan: primero puso fin a la escala 6×1 para lxs tercerizados del Estado nacional ―más de 60 mil personas― y, después, mandó su propio proyecto con carácter de urgencia para forzar el tratamiento en el Legislativo antes de las elecciones. De esa forma, el gobierno garantiza celeridad ―debe ser tratado en menos de 45 días en cada cámara―, precisa de menos votos ―257 y 41 en Diputados y en el Senado, respectivamente― y evita posibles alteraciones en el texto. El apuro es leído como un acto de presión. “Obligar al tratamiento de la ley va a resultar incómodo para muchos legisladores que si votan en contra quedarán expuestos ante las bases que los apoyan”, señaló Testa. El final es incierto en esta pulseada, que puede torcer el tablero electoral.

masa informal

“No se puede incluir en la Constitución Federal una restricción que prohíba la libertad de las partes a buscar un entendimiento conjunto”, sostuvo ante la prensa el titular de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf, luego de una reunión en la que se articularon con diversas Cámaras y el frente parlamentario que defiende los intereses de los productores en el Congreso. Desde que el tema se instaló, las patronales buscaron bajarle el precio, dijeron que no había datos suficientes y argumentan que cada sector tiene una necesidad diferente. Lo que quieren es negociar los convenios colectivos de trabajo con cada sindicato.

Entre quienes se resisten se encuentra la FeComercio. En su página web aseguran que la entidad congrega a más de un millón de empresarios “responsables por 10 millones de empleados y aproximadamente el 10% del PBI brasileño”. Para ellos, cambiar la escala de trabajo “representa un riesgo significativo que puede generar efectos contrarios a los esperados en la economía del país”. “Las consecuencias serían devastadoras”, insistieron ante crisis, porque consideran que “aumentaría el costo de la hora trabajada un 22,2%, sin perspectiva de ganancia”. La preocupación de ellos también se basa en una supuesta escasez de mano de obra ―debido al pleno empleo―, salarios reajustados por encima de la inflación, falta de perspectiva de ajuste de la política fiscal, altos impuestos, entre otros, que “presionarán los costos de bienes y servicios y, por ende, los indicadores de inflación”.

“En toda ampliación de derechos laborales siempre surgen preocupaciones sobre costos para las empresas. Fue así cuando Brasil creó el aguinaldo (1962), la licencia por maternidad (1943) y otros derechos, por eso defendemos que el debate sea con base en estudios y diálogo, entre trabajadores y empleadores”, respondió el ministro de Trabajo y ex líder sindical metalúrgico, Luiz Marinho.

El ministro llegó a una de las audiencias públicas con el mandato de Lula para ampliar el derecho al ocio y con un documento bajo el brazo al que crisis tuvo acceso. En el subtítulo “Contratos vs realidad”, a partir del entrecruzamiento de información detectaron que el 66,8% (29,7 millones de personas) de los contratos formales ya se encuentran en el régimen de 5×2, aunque con una carga horaria de 44 horas. Un 33,2%, efectivamente, se encuentra en la escala 6×1. Los sectores más críticos ―que más dependen de la escala 6×1― son transporte aéreo (53,2%), hotelería (52,0%), alimentación (47,1%) y comercio (42,2%).

Pequeñas y medianas empresas ―bastión de los sectores patronales para manifestarse en contra― operan en solo un 35% en la escala 6×1, según Marinho. Y, por último, estiman que el “costo real” de la transición sería un “ajuste y no un choque” con un impacto directo en la masa total de rendimientos del país del 4,7%. Para quienes se resisten, el ministro también mostró pruebas elaboradas por la FGV, que estudió 19 empresas locales que redujeron la jornada laboral, de las cuales el 72% registró un aumento directo en sus ingresos y un 44% una mejoría significativa en el cumplimiento de los plazos operativos.

Ante ese escenario, el diputado Reginaldo Lopes hizo hincapié en la paradoja de tener millones de trabajadores informales y haber alcanzado el “pleno empleo” con solo un 5,1%  de desempleados. Desde su perspectiva,  la solución sobre la supuesta falta de trabajadores está en que el mercado “absorba un 30%, es decir, unas 15 millones de personas de la masa informal, que opta por trabajos no registrados a cambio de organizar el propio tiempo”.

temer la reforma

“¿Dónde va a pasar el tiempo libre la gente? La gente no tiene dinero, por desgracia. Estará más expuesta a las drogas y al juego. Puede que sea todo lo contrario. En lugar de ocio, puede que sea un mal. ¿Qué ocio tiene un pobre en una comunidad? ¿O en una zona rural del nordeste?”, dijo en una entrevista en Folha de São Paulo Marcos Pereira, diputado federal y pastor evangélico.

La lógica del diputado tiene explicación en la historia esclavista del país, cuya discriminación todavía reverbera sobre la población negra de Brasil, que representa más del 70% de la población pobre total, con su mayoría en el nordeste. También en las heridas abiertas del golpe de Estado contra Dilma Rousseff (2016), que impuso a Michel Temer en la presidencia. Su legado fue, justamente, la reforma laboral que quitó la obligatoriedad de los fondos sindicales, creó la posibilidad de crear contratos para trabajos “intermitentes”, introdujo el banco de horas a cambio de las horas extra y generó mayor flexibilización, tercerización y un aumento de las y los trabajadores “autónomos”.

Para la jueza laboralista Daniela Macia Ferraz Giannini esa reforma no fue un ajuste menor: se trató de una reconfiguración legal para que el tiempo de las y los trabajadores se adapte al capital. Desde federaciones y sindicatos, reconocen también que tuvo un fuerte impacto en el debilitamiento de la organización gremial sobre todo con el fin de la obligatoriedad del aporte sindical: “El movimiento fue muy atacado, no tiene músculo y los empresarios no tienen la práctica de sentarse a negociar. Cuando vamos a los lugares de trabajo los empresarios llaman a la policía. No hay cómo construir un acuerdo”, graficó el presidente del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC y precandidato a diputado nacional, Moisés Selegrés. Pese a ello, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la de los Sindicatos Brasileños (CBS), federaciones y demás sindicatos juegan el rol clave de articulación, presión y movilización tanto con el gobierno como con los movimientos y los partidos para conquistar esta demanda. Así lo hicieron en Brasilia el 15 de abril tras la Conferencia y la Marcha de la Clase Trabajadora, que cerró con una reunión con Lula y, otra, con el díscolo presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

“Decir que esto debe resolverse en la negociación colectiva como proponen las patronales, es irresponsable, es un contexto de desigualdad entre capital y trabajo”, sintetizaron desde la Federación Nacional de los Trabajadores en Tecnologías de la Información (FENATI).

Los metalúrgicos paulistas, como los trabajadores del sector de tecnología en Paraná que ya comenzaron a implementar jornadas reducidas, son ejemplo no sólo de que la vida de ninguna empresa corre riesgo, sino que trae como contrapartida un movimiento clave, que a la vez puede explicar los miedos de la patronal: “Los trabajadores empiezan a redescubrir qué derechos que creían beneficios de la empresa son, en realidad, conquistas sindicales”, señalaron desde la FENATI.

no pedir permiso

“Cuando alguien dice que reducir la jornada va a ‘quebrar la economía’, pienso: ¿La economía de quién? Porque la del trabajador está quebrada hace tiempo. Trabaja demasiado, descansa poco, enferma, vive al límite y todavía tiene que escuchar que eso es ‘normal’”, reclama Azevedo.

La pregunta del fundador del VAT condensa el nudo de la disputa. No se trata sólo de contar horas de trabajo, sino de quién paga el costo del funcionamiento del sistema. Patricia Ikuno, abogada fundadora del movimiento, lo plantea en términos directos: “¿Cómo se sostiene una economía que enferma, abusa y explota a las y los trabajadores?”. Para el diputado Reginaldo Lopes ―que vivió en carne propia la extensa jornada― se trata de “una forma de explotación moderna, que es perjudicial para el desarrollo personal, intelectual y social, y no contribuye a reducir la desigualdad”. Una desigualdad que tiene raíces profundas en Brasil: el 10% más rico se queda con el 59,1% de la renta nacional, mientras el peso del trabajo recae sobre las y los más vulnerables. Por eso, el VAT apuesta a ganar esta batalla con la estrategia de una movilización constante. En las calles y en las redes, al margen de los cálculos políticos, económicos o electoralistas. “Hay quienes comprenden la urgencia, quienes tienen miedo de la reacción del mercado ―dice Azevedo―, pero este tema no puede depender sólo de un acuerdo cerrado en Brasilia. Los derechos no se ganan pidiendo permiso. Se ganan con presión. Se exigen”.