En 2011, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente mandaron a imprimir 350.000 ejemplares del manual Educación Ambiental. “Es el Estado el que puede y debe generar las condiciones, mediante la educación pública, para que pueda entablarse una nueva relación entre la vida de las comunidades, el desarrollo y el ambiente, en los próximos tiempos”, decía en una de sus páginas. Pero los libros nunca salieron del galpón que los guardaba. La presión de corporaciones sojeras y mineras, vehiculizada a través de algunos funcionarios del gobierno de aquel entonces, pulverizó las buenas intenciones. Por eso, la reciente sanción de la Ley Nº 27.621 de Educación Ambiental Integral (LEAI), publicada el 3 de junio pasado en el Boletín Oficial, es el comienzo de un camino que busca garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Que la educación ambiental llegue a las aulas es una verdadera lucha.

La crisis ambiental es global y requiere de soluciones interestatales. Poco puede hacer la Argentina en materia de reducción de emisiones contaminantes y de desaceleración del calentamiento global. Sin embargo, el uso indiscriminado de pesticidas para el monocultivo de soja y el alto costo ambiental que genera la minería a cielo abierto o el fracking son problemáticas que sí dependen de regulaciones locales. En cada región del país, las disputas toman sus particularidades.

Luis Fernández es director de la Escuela Secundaria N° 5 “Andrés Carrasco” de Saladillo, localidad de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con unos 30 mil habitantes quienes viven, en su mayoría, de actividades asociadas a la actividad agroexportadora. Esta escuela lleva adelante un proyecto de huerta agroecológica y elabora sus propios productos que vende en el kiosco saludable. “Un papá se enojó mucho porque no quería que pusiéramos en la escuela la bandera de No a los agrotóxicos –relata Fernández. Tengo un cuerpo docente que me acompaña, pero nuestras chicas y chicos quizá son hijos del changarín que le corta el pasto al sojero”. En las localidades que dependen del cultivo de soja, entonces, no solo se sufre la presión de los grandes empresarios, sino también de parte de la comunidad que teme perder sus puestos laborales.

Laura Falciglia trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 40 de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. Además, forma parte de un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados contra los agrotóxicos. En Trenque Lauquen es pionera de la educación ambiental: “Hace unos veinte años, me encontré con la madre de una alumna en un casamiento. Me preguntó si yo era la profesora a la que no le gustaban los organismos modificados genéticamente. Cuando le dije que sí, me dijo que cada mediodía discutía con su hija por el tema de la ecología. Le dije que me encantaba que se discutiera ese tema en su mesa”. La gran apuesta de la LEAI quizá sea esa: que las nuevas generaciones lleven el debate a cada casa, a cada barrio, a cada esquina.

banderas hechas leyes

Es inevitable que la LEAI se mire en el espejo de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Aunque cuesta saber cuánto pesó su despareja implementación en la formación de conciencia crítica, pero lo cierto es que, apenas unos diez años después de su sanción, la masificación de los movimientos feministas y de disidencias fue notable. La apuesta para torcerle el brazo al lobby minero-sojero es masificar el movimiento ambiental. Las escuelas pueden contribuir a que eso suceda.

Tal como analiza Víctor Furci, coordinador de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales para la Educación Primaria con orientación ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), la LEAI busca impulsar “procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”. El cumplimento de la LEAI, como indica su propio texto, está a cargo del Ministerio de Educación y del de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación (CFE). También se indica la creación de un ente de Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (CENEAI) y de un Consejo Consultivo con representantes de organizaciones ambientales de la sociedad civil.

Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Educación, fue la encargada de presentar el proyecto de ley. La legisladora ubica su sanción en el marco de otras iniciativas como la Ley del Manejo del Fuego; la Ley Yolanda, que impulsa la capacitación y la formación de funcionarios públicos nacionales en temas ambientales; y el otorgamiento de estatus constitucional al Acuerdo de Escazú, que establece la responsabilidad del Estado en materia de acceso a la información y a la justicia en causas ambientales. El devenir de otros proyectos en análisis, como la Ley de Humedales, la Ley de Ampliación del Parque Nacional Pre-Delta y la Ley de Acompañamiento y Sostén de la Agroecología, irán marcando el pulso de la puja con los intereses de capitales concentrados.

Eyal Weintraub tiene 20 años y es uno de los fundadores de Jóvenes por el Clima. La creación de la organización en 2019 respondió a la convocatoria que hizo Greta Thunberg a la primera movilización mundial juvenil contra la crisis climática y ecológica. Para Weintraub, “el ambientalismo y el movimiento de mujeres son las mejores herramientas para luchar contra la despolitización de una buena parte de la juventud”. Paz Mattenet, otra militante de Jóvenes por el Clima, repara en el enorme esfuerzo de coordinación que va a demandar que se establezcan contenidos curriculares en todo el país para la efectiva implementación de la LEAI. Y advierte: “El Estado deberá ser capaz de recibir la participación ciudadana que convoca”.

lobby y silencio

Ana Valeria Ruiz es directora de la Escuela de Nivel Medio de Niquivil, en el departamento sanjuanino de Jáchal, y forma parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca. “Nuestros problemas ambientales más urgentes tienen que ver con que no se respeta la Ley de Glaciares”, dice. El 12 de octubre, la Asamblea presentó una denuncia al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA): “Se olvidaron de inventariar uno de los glaciares. El glaciar GE10 sería destruido por un proyecto minero que está por desarrollar la empresa Josemaria Resources”. Y agrega: “También hemos tenido derrames de cianuro de la Barrick Gold. Ya nadie toma agua de surtidores y, encima, los análisis que realizaba la municipalidad se abandonaron. Es otro frente de lucha que tiene la asamblea”.

El incumplimiento de otras leyes en defensa del medioambiente hace que Ruiz sea escéptica acerca de la implementación efectiva de la LEAI: “El extractivismo es una política estatal, más allá del color del gobierno –advierte. En eso no hay grieta”. Además, afirma que en las escuelas sanjuaninas es muy difícil hablar del impacto de la megaminería: “Hay autocensura por temor a la persecución. Además, las empresas mineras muchas veces son las que invierten para hacer edificios escolares o donan hornos para proyectos de cerámica. El costo es el silencio. Los ambientalistas no pueden ir a dar su versión a las escuelas, pero las empresas mineras, con aval gubernamental, sí pueden”.

La provincia de Chubut se ve afectada por la actividad minera, también por la pinificación de bosques nativos, por incendios forestales y por los avances de privados sobre tierras con posesión comunitaria de mapuches y tehuelches. “La principal problemática que afecta a todo Chubut tiene que ver con el intento de entrada de la megaminería en una provincia que tiene prohibida por ley la explotación minera metalífera a cielo abierto con uso de cianuro”, explica Martín Vallejos, profesor de Lengua y Literatura en el marco del dispositivo Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. El docente, además, integra la Asamblea Comarcal contra el Saqueo de Lago Pueblo.

“Hay empresas mineras que empezaron a trabajar en dos proyectos que nos preocupan mucho –relata Vallejos. El primero, de explotación de plata y plomo, está a cargo de la empresa Pan American Silver; y el segundo, de explotación de uranio, es llevado adelante por Uramerica”. Si bien se prohíbe el uso de cianuro, las empresas están avanzando con otras fases de sus proyectos, como la exploración (a través de los cateos). Dice el docente: “En 2020, Pan American Silver recibió un permiso de uso de agua de parte del Instituto Provincial del Agua para trabajos de exploración. La aldea Yala Laubat, del Departamento de Gastre, que es una comunidad mapuche-tehuelche muy cercana, está sin agua hace tres meses porque bajaron las napas y la perforación comunitaria se secó”.   

En el marco de un encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, cuenta Vallejos, se analizó el texto de la LEAI: “Algunos de sus postulados parecen interesantes, sobre todo cierta mirada sobre la biodiversidad planteada desde la interdependencia. Pero, al mismo tiempo, se cae en una mirada economicista de recursos y servicios naturales. Verdaderamente, es muy difícil pensar en una política de educación ambiental que no esté envuelta en otras políticas respecto de la naturaleza. Estamos en un país que no ha avanzado nada en los derechos de la madre tierra. Además, hay letra de ley que no se vuelve política pública”. A diferencia de lo que sucede en San Juan, el docente considera que los temas ecológicos ya se discuten muchísimo en las escuelas de Chubut e, incluso, circulan los materiales producidos o compilados por asambleas ambientalistas.

En muchos de los establecimientos escolares los debates ambientales entraron de la mano de los maestros, a veces a contramano de la propia comunidad. En junio de 2019, cuando murió Ana Zabaloy, la docente rural de San Antonio de Areco que había denunciado fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos y que había sufrido en carne propia los efectos del glifosato, se reactualizó una discusión que parece ajena a las grandes urbes pero choca con la vida cotidiana de muchas escuelas. En esos mismos días, el entonces presidente Mauricio Macri había catalogado de “irresponsable” al fallo que hizo lugar al amparo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná para que se dejara sin efecto el Decreto Provincial Nº 4.407/2018 que permitía la fumigación en las zonas donde se ubican escuelas rurales. “El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”, había afirmado el mandatario frente a un dictamen que apenas prohibía fumigar a menos de mil metros terrestres de una escuela y a una altura inferior de 3.000 metros.

En varios municipios bonaerenses se dan las mismas discusiones. En Pergamino y Exaltación de la Cruz, por ejemplo, distintos amparos prohibieron fumigaciones a menos de mil metros de las escuelas en los últimos años. Sin embargo, no hay normativas definitivas y las restricciones van y vienen de acuerdo a apelaciones, amparos y decretos.

La efectiva implementación de la LEAI quizás pueda generar masa crítica para intervenir en estos debates, pero va a requerir de varios años de control y movilización ciudadana para que no termine en letra muerta. Nadie puede asegurar que el proceso asociado a la ESI se repita, pero es evidente que, entre la juventud, existe una interesante base social que ya conquistó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y puede hacer propias las demandas por el derecho a un ambiente sano. Tal vez, como plantea Weintraub, el activismo ambientalista sea un antídoto solidario frente al crecimiento de una militancia que defiende la libertad de mercado por encima de todo.