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continuidad en los parches
A contrapelo de lo que indica cierto imaginario progresista, el monotributismo social de Cambiemos refuerza el inaugurado por Néstor Kirchner en épocas de tormenta. Gracias a un complejo entramado de negociación y concesiones con los representantes de los que se quedaron afuera de la sociedad salarial, no habrá recorte para los más pobres: que la crisis la pague la clase media. Del cooperativismo al emprendedurismo individual plebeyo.
Fotografía: Juan Traversa
04 de Diciembre de 2017
crisis #31

E l titular del Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) llegó unos minutos tarde a la primera reunión. Se sentó sonriente, cruzó la pierna izquierda sobre la derecha y con una leve pero eficaz sacudida dejó caer el zapato náutico; cambió de posición y se deshizo del otro. “Ahora sí, ¿empezamos?”, preguntó con amabilidad frente a la mirada perpleja de un grupo de profesionales que decodificaba en esos signos el comienzo de una nueva época en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN). Matías Kelly se mostró como un emprendedor exitoso y desplegó con desparpajo un lenguaje oenegista, foráneo respecto a esa pastosa jerga patriótica sobre la restauración de derechos que machacaron las administraciones anteriores.

Los trabajadores que lo escuchaban habían iniciado gestiones febriles para pedir el pase en comisión con el objetivo de huir del Plan Argentina Trabaja. Daban por hecho una reducción drástica de ese ambicioso programa parido por el kirchnerismo junto a la Asignación Universal por Hijo durante el crítico 2009, cuando ya repercutía con fuerza la crisis financiera internacional. 

Pero el cambio no llegó como lo esperaban. No hubo recortes. El macrismo abrió a pleno los grifos del presupuesto destinado a esa población considerada como sobrante por el mercado de trabajo. En 2016 el Argentina Trabaja tuvo 30.061 nuevas altas, alcanzando un total de 127.011 titulares, que se suman a los 80.191 heredados del Ellas Hacen y los 13.113 del Barrios Bonaerenses, las otras patas del PRIST, acumulando un total de 220.000 titulares. Se aumentó en tres oportunidades el monto de pago y se otorgó un bono de fin de año. 

Cuando el nuevo gobierno tomó posesión del Ministerio de Trabajo, Empleo e Inclusión Social (MTEySS) y del MDSN, en su imaginario sobraban los prejuicios. Temían encontrarse con una indomable fiera alimentada a base de jugosos recursos fiscales. Pero el kirchnerismo había dejado sobre la mesa las llaves de acceso a las explosivas periferias en donde el trabajo en blanco es mayormente un recuerdo de otras generaciones. 

“Cooperativizar y estructurar en células aprehensibles ordenó el caos del territorio. Segmentó una masa informe, descontrolada, que no la podías agarrar. Decir que vos sos de la cooperativa 'Néstor Vive' de Florencio Varela y que al puntero, al intendente, o al cura les tocan cinco cooperativas, es una forma fantástica, muy lúcida, de ordenar el territorio, lo que antes era 'la gente' en general. Fue una genialidad que hoy nos permite que cualquier política pública que pensemos, el primer grupo definido son las doscientas mil personas de estos planes”, reconocen desde el gobierno nacional.

Desde entonces el macrismo gestiona a rienda firme la pesada herencia populista para malestar de sus bases duras que reniegan de seguir financiando a planeros, y el desconcierto de una oposición que todavía lo asocia meramente con el ajuste y recorte del Estado.

que florezcan cooperativas

Los primeros programas de promoción al asociativismo fueron impulsados por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004. Se los anunció como una estrategia coyuntural al calor de una recesión todavía persistente. Pero su expansión hasta 2015 dejó al descubierto que la festejada reconstrucción de una nueva sociedad salarial era una quimera. Las mutaciones en el mundo del trabajo impuestas por el neoliberalismo no tenían retorno. El abrupto descenso del desempleo se debió a una efectiva revitalización de ciertas ramas de la industria (con la creación de cinco millones de puestos de trabajo, según repetía con orgullo el exministro Carlos Tomada) aunque también, indispensablemente, a una fenomenal política de subsidios que permitió el sustento de esa franja de la población que jamás ingresaría a un empleo formal salvo que se revolucionara la periférica estructura productiva del país. “Trabajo en blanco no hay más pero armen cooperativas que los bancamos”, fue el mensaje que se bajó desde Casa Rosada. 

El Programa de Trabajo Autogestionado se creó en 2004 en el MTEySS para distribuir subsidios e investigar los modos de funcionamiento de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Había en ellas valiosos saberes labrados en un contexto de severa precariedad, desempleo y pobreza. Luego de seis años de contacto cotidiano con las cooperativas, el Programa anunciaba que incluiría también entre sus beneficiarios a otros emprendimientos, siempre que cumplieran con el modelo de autogestión asociativa. La traducción estatal estaba hecha. El MTEySS ya tenía un modelo propio para formalizar o directamente incubar proyectos autogestivos integrados por trabajadores inempleables por la industria. Hacia finales de 2013 el número de proyectos no provenientes de un proceso de recuperación ascendía al 60% y para finales de 2015 al 72%. El balance arroja que entre 2004 y 2015 se asistió desde el Programa a 43.000 trabajadores de 1249 unidades productivas a través de la línea de ayuda económica individual por un total de 411.347.800 pesos. Se sumaron también alrededor de treinta millones de pesos en concepto de compra de materia prima e insumos, seguridad e higiene y apoyo técnico y económico. 

El MTEySS no publica datos desde 2016 sobre el presupuesto ejecutado por este área pero ha seguido la pronunciada senda de crecimiento del PRIST. Muestra de ello es el doble aumento otorgado este año en la ayuda económica a cada trabajador de las cooperativas que pasó de 3120 pesos a 4400 y el surgimiento masivo de nuevas cooperativas financiadas. Una relevante transferencia de recursos en el marco de la reciente crisis del sector provocada por las políticas macristas: caída del mercado interno, apertura de importaciones y el brutal aumento de los impuestos. 

En un informe de gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 2015 se especificaba que el PRIST había finalizado con cerca de doscientas mil cooperativistas. Desde el MDSN se bancó también por otras vías a 11.344 emprendimientos productivos asociativos y cooperativas; 1640 organizaciones sociales habían gestionado el Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social y Solidaria otorgando créditos a 300.000 microemprendimientos; 477.000 emprendedores fueron monotributistas sociales inscriptos como personas físicas asociados a cooperativas de trabajo o integrantes de proyectos productivos; y se crearon 1218 nuevas cooperativas con un total de 17.780 asociados.

Donde había una necesidad se promovió un proyecto asociativo. El resto para este 30% de la población económicamente activa pasó durante la década ganada por changas en un mercado interno que daba oportunidades y un recurrente endeudamiento individual o familiar para el consumo. 

todo el poder a las orgas

“Estamos convencidos de que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa, una etapa en la cual el trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema socioeconómico.  Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, el patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora”, escribían Emilio Pérsico y Juan Grabois en la introducción del primer documento de formación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en 2014. 

La CTEP había nacido tres años antes con el objetivo de representar a una cada vez más expansiva masa de laburantes informales. Su ambicioso plan tenía a la CGT como referencia pero también (y antes) las fuertes limitaciones políticas evidenciadas por los movimientos de empresas recuperadas y de desempleados. Los líderes cetepistas tomaron nota de la atomización recurrente de esas más de 350 cooperativas obreras que les impidió constituir estructuras sectoriales consistentes, y la licuación de las organizaciones piqueteras por mimetizarse con el kirchnerismo o por ejercer una férrea oposición que las relegó a posiciones marginales en el reparto de fondos.

Rápido de reflejos, el macrismo apoyó con recursos lo que Cristina Fernández subestimó: una CGT de informales. Al igual que con el gigante invertebrado, los amarillos colocaron en el centro del ring a un triunvirato con quien negociar la paz en las calles y los territorios: CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. En el caso de los dirigentes sociales, se abría la añorada posibilidad de robustecer como nunca antes sus estructuras a base de conflictos y negociaciones que incrementaran los beneficiarios de planes y los montos en un contexto económico y laboral sombrío.

Funcionarios y los propios triunviros admiten que son interlocutores privilegiados, con mayor énfasis en el caso de la CTEP. “Acá lo que se hizo fue abrirle el chorro a los movimientos sociales. No se les niega lo que piden”, aceptan fuentes del gobierno que un poco temen ese empoderamiento de las orgas. 

Esta posición privilegiada le permite a CTEP absorber cada vez más agrupaciones que ya comprobaron las agrias consecuencias de negociar con el oficialismo por fuera de esta fabulosa estructura. 

la etiqueta cooperativa

El PRIST se inició con el lanzamiento del Plan Argentina Trabaja en 2009 y más tarde, en 2013, con una línea específica para mujeres en situación de alta vulnerabilidad social y ocupacional denominada "Ellas Hacen". El primero se implementa a través de la bancarización de los titulares. Tarjeta de débito en mano cada trabajador retira los fondos transferidos en forma directa y mensual por el MDSN, quien también se hace cargo del monotributo social. En la actualidad se paga 4400 pesos. Después existen Entes Ejecutores que reciben los recursos necesarios para el pago de los gastos administrativos de las cooperativas y la compra de materiales, insumos y herramientas. 

Hasta diciembre de 2015 fueron los municipios los responsables casi exclusivos de decidir las tareas de esas variopintas cooperativas mayormente asentadas en el conurbano bonaerense. Los trabajos se limitaban a obras de infraestructura menores, arreglos de instituciones públicas como las escuelas, limpieza y zanjeo de calles. Pero Cambiemos introdujo una audaz medida que selló a fuego el vínculo con el triunvirato de la economía popular: las nuevas altas serían ejecutadas directamente por las organizaciones sociales y ONGs, sin la mediación de los municipios. Los movimientos vienen recibiendo desde entonces millones de pesos mensuales en transferencias realizadas por el MDSN para cumplir con las contraprestaciones requeridas. Una bicoca para el gobierno nacional pero una tonelada de recursos para las orgas. De las 30.061 nuevas altas en 2016, 28.862 fueron para ellas, de las cuales 18.844 se quedó la CTEP.

La otra innovación implicó una polémica: ya no se requiere organizarse como cooperativa para hacerse de los planes. Los nuevas altas en el Argentina Trabaja se asignan a trabajadores individuales, a la vez que se busca poner fin a las cooperativas creadas entre 2009 y 2015. “El término descooperativización no es correcto. Después de analizarlo mucho, se acordó que no debía ser obligatorio estar en una cooperativa para recibir el plan. Muy poquitas generaron un proyecto autogestionado real en lo productivo, de servicios, etc. Le dábamos el sello antes que el contenido, era como ponerle la etiqueta a un frasco vacío. Las cooperativas eran una mentira, no funcionaban como tales, eran una formalidad”, se defienden desde el gobierno.

Voces críticas del oficialismo interpretan que los cambios implementados son  consecuencia del arribo intempestivo de profesionales de empresas u ONGs. “Al principio querían darle mucho hincapié a lo que es la comercialización y la empleabilidad, creyendo que se encontraban con cooperativas que producían de manera normal. Hacen ladrillos, bueno, los ladrillos se van a vender de tal forma. Pero, claro, cuando empezaron a charlar uno a uno con la gente vieron que te hacen cincuenta ladrillos con suerte porque trabajan cuatro horas, no son expertos, no se formaron para ello y apenas están sobreviviendo con cuatro lucas”.

El otro foco de conflicto es la aplicación de criterios de sustentabilidad empresarial a  cooperativas mayormente precarias que a duras penas mantienen su línea de flotación. Durante el kirchnerismo hubo áreas como el mencionado Programa de Trabajo Autogestionado que efectivamente aspiraban a promover un incipiente tercer sector en base a empresas recuperadas y la incubación de emprendimientos asociativos capaces de sobrevivir en sus mercados. Pero en términos generales se concibió a la autogestión y el cooperativismo como una estrategia de contención postsalarial de trabajadores precarios estructurales y, en última instancia, del conflicto social. El macrismo coincide  en un punto crucial: para los excluidos crónicos no hay ni habrá trabajo en blanco, solo planes sociales que fomenten una economía popular de subsistencia y, en menor medida, subsidios de mayor envergadura a cooperativas que vendan sus productos y servicios más allá de las fronteras estatales.  

Desde las filas kirchneristas se acusa a las nuevas autoridades de asimilar a la economía popular como mero pobrismo. El gobierno les retruca: “Yo creo que ellos con la figura asociativa, sin importar tanto si había o no un proceso productivo genuino, mejoraban los índices de empleabilidad; y segundo, estructuraban mucho el imaginario colectivo en torno a una identidad de grupo. Y eso iba muy acorde a su relato político. Que ochenta mil, 160.000 personas se consideraran trabajadores por el solo hecho de estar vinculados a un plan de inclusión social y a una cooperativa, es muy potente, cerraba por todos lados”. 

En la actualidad se realizan relevamientos permanentes para identificar a las cooperativas que realmente son sustentables. Serán las que logren un verdadero apoyo financiero. El resto, junto a las organizaciones sociales, serán canales de transferencia de fondos para los más vulnerables. 

homenaje al salario

La Ley de Emergencia Social aprobada en diciembre de 2016 institucionaliza la oscilación permanente entre el conflicto y los pactos entre el triunvirato y el gobierno. La 27345 crea un Consejo de la Economía Popular y también el Salario Social Complementario (SSC) en la órbita del MDSN. La osadía de utilizar el término salario para nombrar pagos mensuales no remunerativos se inscribe como un homenaje a una figura en extinción en el capitalismo en su fase financiera. 

El Consejo está compuesto por un representante del MTEySS, el MDSN, el de Hacienda y Finanzas públicas, y tres de las organizaciones sociales. Su objetivo fue generar un registro nacional de trabajadores de la economía popular que serían quienes accederían al SSC. El presupuesto comprometido es de treinta mil millones hasta 2019. Por el momento lo están cobrando cerca de 150.000 personas. 

La aprobación provocó una desmedida crítica a los triunviros por haber firmado y después sustraído de una solicitada pública el último punto del acta acuerdo en el que, a cambio de ese fangote de recursos, debían abstenerse de todo tipo de conflictos hasta el fin del mandato de Mauricio Macri. Las organizaciones aclaran con fastidio que eso dependerá de otras dinámicas más allá de los papeles pero no logran sacarse de encima el mote de dialoguistas. 

Una fuente oficial diagnostica que “nunca va a haber ruptura con el triunvirato. Ninguno de los dos actores se puede dar ese lujo”. Desde una de las orgas que componen CTEP  aseguran que “ni en pedo nos van a ajustar a nosotros. Sabe que se les arma un quilombo social de novela”. Desde el gobierno lo ratifican: “La reducción del déficit fiscal viene mucho más por el lado de los subsidios a los servicios, un tarifazo tremendo en transporte, y continuidad con lo del gas y la electricidad. El costo lo va a pagar la clase media. Los acuerdos con CTEP seguirán por ahora más condicionados a la evolución del vínculo político como pasa con la CGT que a una necesidad fiscalista”.

En mayo de 2017 se oficializó el Plan Empalme, una iniciativa que permite a los beneficiarios de programas sociales que consiguen un empleo seguir cobrando el SSC y a las empresas contabilizarlo como parte del sueldo neto. “Se anunció con bombos y platillos pero no pasó nada relevante. Lo anunciaron como una transición desde la economía popular hacia la economía formal, que no es otra cosa que ser empleado de una empresa más barato”, admite una fuente oficial. 

El kirchnerismo entendió que la fisonomía del mercado formal post 2001 fijó un techo  a la generación de empleo genuino. Cambiemos ve allí una oportunidad para disciplinar a laburantes y sindicatos. El catastrófico proyecto de reforma laboral así lo demuestra.  

Las eufóricas estadísticas sobre el reciente crecimiento del empleo muestran que el 77% (122.800) corresponden a nuevos monotributistas. En el primer trimestre de 2017 los puestos de trabajo ascendieron a 19.846.000, de los cuales 15.053.000 son asalariados y 4.793.000 cuentapropistas. Los asalariados se dividen en 10.565.000 formales y 4.488.000 no registrados. Los monotributistas ascienden a 3.100.000 personas.

La gestión amarilla intensifica un mapa laboral fragmentado y desigual. Empleo de calidad para minorías, emprendedurismo sofisticado, y un monotributismo universal para todos y todas. Son las últimas imágenes del naufragio de una sociedad salarial a la que se le hizo respiración boca a boca durante una década pero nunca resucitó. Ni revivirá de la mano de CEOs y banqueros. |  |

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