centros de datos en la periferia digital

La dimensión material de la IA y su corporalidad en los territorios incorpora una capa a la discusión que se tramita en cuestiones geopolíticas y desigualdades globales. Sobre sus mecanismos, usos y abusos de agua y sus alternativas sobrevuela la pregunta por los modelos de desarrollo y los roles que se pueden ocupar en un escenario que, por ahora, no parece prescindir de sus servicios. Impactos y desafíos de un futuro que ya llegó.

La inteligencia artificial (IA) se nos presenta como una fuerza imparable e inevitable, que traerá un futuro libre de enfermedades, de ineficiencia y hasta de soledad. Casi al unísono, los megaempresarios de la industria tecnológica se presentan al público como mecenas del crecimiento de las sociedades y nos prometen que, en el peor de los casos, la humanidad se mudará a Marte. Uno de ellos, Sam Altman, CEO de OpenAI, intervino el año pasado en la política argentina al publicar un video de dos minutos en el que prometía una flamante inversión en nuestro país por 25 mil millones de dólares para construir data centers en la Patagonia, justo antes de las elecciones legislativas.

“De cara al futuro, vislumbramos un panorama en el que cada provincia, cada aula, cada startup y cada institución pública de Argentina pueda acceder a una IA de clase mundial”, dijo Altman en la grabación. El proyecto, llamado “Stargate Argentina”, remite a Stargate, la empresa conjunta comandada por OpenAI que anunció Donald Trump el año pasado. Tiene previsto invertir hasta 500 mil millones de dólares para construir infraestructura de IA en Estados Unidos para el año 2029.

Pero el anuncio de la versión argentina, hasta ahora, fue inconsecuente. Nunca existió documentación oficial sobre el tema más allá de una “carta de intención”; la pata local, Sur Energy, es solo un bróker en busca de inversiones y el consumo energético estimado del proyecto (un máximo de 500 MW) es mucho más de lo que la infraestructura local podría proveer.

En simultáneo, el gobierno nacional impulsa ―aún sin éxito― el Super RIGI (una continuidad del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que apunta a “nuevas industrias”) y su propuesta de ofrecer concesiones ilimitadas a las grandes multinacionales que construyan, entre otras cosas, data centers.

Mientras, en el resto del mundo, crecen las resistencias contra estos armatostes.

Aquí está el quid de la cuestión: la materialidad de la IA y el rol que la Argentina podría tener en la cadena de producción de esa tecnología. Detrás de los modelos grandes de lenguaje (LLMs) están los data centers que albergan y procesan información. ¿Qué necesitan para funcionar? ¿Dónde están ubicados? ¿Queremos que la Argentina se pueble de ellos? Son preguntas importantes: tarde o temprano se deberán tomar decisiones sobre cómo adaptar nuestro modelo industrial y productivo a la era de la IA.

la moneda en el aire

Los efectos de estas tecnologías suelen tener cara y reverso. Las herramientas que conocemos como IA pueden aumentar la productividad, pero borrar puestos de trabajo de un plumazo; reducir costos productivos, pero estancar esos beneficios en los bolsillos de los dueños de las industrias; aumentar el acceso a la información, pero poner en crisis al sistema educativo tradicional. En suma, su progreso no equivale a mayores beneficios para todos. Por eso, San Francisco tiene a su vez en Silicon Valley uno de los polos tecnológicos más importantes del mundo y también el segundo índice más alto del país de personas en situación de calle.

Los lobistas del sector dicen que la miseria es pasajera, que hay que confiar en la tecnología porque no tiene ideología. Pero hay discusiones que se tienen que dar en paralelo a la evolución técnica: regulaciones jurídicas, estándares éticos o prácticas humanas aceptables, entre otras.

La investigadora australiana Kate Crawford explica en su libro Atlas de la Inteligencia Artificial que esta tecnología, como tantas otras, funciona a base de extractivismo. Un data center es, a grandes rasgos, una instalación donde computadoras con enormes capacidades de procesamiento tratan cantidades colosales de información. La clave de los resultados que nos dan las IAs está, en gran medida, condicionada por la magnitud de estas dimensiones, y estas se traducen en el impacto del consumo y de los desechos que se producen.

Para empezar, el hardware que se usa en los procesadores y componentes que trabajan con IA lleva litio, cobalto, níquel o manganeso (en sus baterías); tierras raras como el neodimio (para imanes de alta precisión); silicio (como base de todos los chips); cobre y aluminio (para el cableado), entre otros materiales. Todos estos materiales se han formado durante millones de años y en su inmensa mayoría se desechan al finalizar su -no tan larga- vida útil. Empresas líderes calculan un uso de 3 a 5 años para sus procesadores, mientras que, según estimaciones de la ONU, en 2019 sólo el 17,4% de los residuos electrónicos globales pasó por algún tipo de proceso de reciclaje.

Después está el problema energético. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el consumo de los data centers representa del 2% al 3% del consumo eléctrico mundial, tendencia que va en aumento. La cifra en Estados Unidos es del 4%. Este consumo desmedido resulta también en el crecimiento de las emisiones de carbono, responsables del cambio climático. En 2024, Google declaró haber aumentado las suyas en un 48%. OpenAI, compañía responsable de ChatGPT, por su parte, declaró que para entrenar su modelo GPT-3 consumió aproximadamente 1.287 megavatios por hora de electricidad, con una emisión de alrededor de 552 toneladas métricas de CO₂ equivalente. Lo mismo que 123 autos a nafta en un año.

Pero el impacto ambiental más polémico de estos centros es el uso del agua. Como cualquier computadora que realiza tareas complejas, las que se usan para IA se recalientan constantemente. Y si no reciben la refrigeración adecuada, el calor que generan puede fundir sus circuitos, o quemar sus procesadores y placas. Enormes procesamientos requieren enormes sistemas de refrigeración y, como los motores de aire acondicionado son muy costosos, muchas empresas optan por usar agua para enfriar sus circuitos. Y aunque la cantidad requerida varía según el clima de la zona, se suele obtener del tendido de agua potable local.

Esta práctica es común a todo el mundo industrial, pero en el caso de las IAs los volúmenes de consumo son enormes y están en aumento, lo que representa en un principio un peligro grave para las poblaciones cercanas a los data centers. Esa agua, al usarse para refrigerar, se contamina o evapora, lo que la vuelve no apta para consumo humano.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, el consumo global de agua de los data centers ronda actualmente los 560 mil millones de litros por año y podría subir a unos 1,2 billones de litros para el 2030. Pero usar agua potable no es un requerimiento técnico. Existen sistemas de “aguas recicladas”, es decir, aguas que por uno u otro motivo ya de por sí no sirven para consumo. Pero son más costosos y son muy pocas las empresas que planean adaptarse a ellos.

Fernando Schapachnik es doctor en informática, profesor de la UBA y exdirector ejecutivo de la Fundación Sadosky. Entiende que la solución a estos problemas no va a venir del lado del sector privado: “Todos los datos que tenemos de impacto ambiental son, como mucho, estimativos. Las empresas los proveen con cuentagotas. Pero con lo que tenemos ya hay para preocuparse en cuanto al consumo de energía o de agua, o a las emisiones de dióxido de carbono”.

Sofía Scasserra, economista y directora del Observatorio de Impactos Sociales de IA en la UNTREF, tiene una visión un poco más optimista: “Ya existen tecnologías que hacen que los data centers no contaminen tanto, que no utilicen tanta energía o agua”, le dice a crisis. “Las propias empresas se interesan en esto por un tema de costos y para que se las deje de ver como un problema social. Hay también un tema de imagen”.

abundancias paradójicas

El filósofo y psiconalista esloveno Slavoj Žižek habla de la “maldición de los recursos naturales” para referirse a la costumbre de la política internacional de relegar a los países del mal llamado “Sur Global” a proveer materia prima sin valor agregado e importar productos terminados desde el Primer Mundo. En la misma línea, en teoría económica se conoce como “paradoja de la abundancia» a la incapacidad que tienen estos países con recursos naturales para desarrollar una estabilidad económica e institucional sostenida, que le ayudaría a jugar mejor esta pulseada.

Esto sucede porque los valores internacionales de sus recursos pueden cambiar de un día para el otro (debido a las crisis de sus países compradores), por la corrupción (esos recursos suelen estar controlados por pequeños grupos de terratenientes) o por la intervención extranjera (es más barato provocar inestabilidad política en un país que comprarle los recursos a precio de mercado).

Estos riesgos, que han sido estudiados y conceptualizados, no constituyen un destino inevitable. Pero sí son patrones a ser tenidos en cuenta al momento de pensar cómo nos paramos frente a las ofertas que nos llegan desde afuera.

En cualquier caso, la retórica libertaria no ayuda a disminuir preocupaciones. La poco afortunada declaración de Demián Reidel cuando era Jefe de Asesores del Estado, de que “el único problema de la Argentina es que está lleno de argentinos”, en marzo de 2024 durante un foro de inversiones internacionales en IA parece una declaración de intenciones.

Luego, durante su breve presidencia de Nucleoeléctrica Argentina,Reidel prometió desarrollar “Ciudades Nucleares” que dotaran de energía a los data centers. Atorado en escándalos de corrupción, terminó abandonando sus cargos públicos, pero aquel espíritu entreguista sigue presente en los términos y condiciones del RIGI y el SuperRIGI que este miércoles 2 de septiembre tuvo su primer freno en el Senado.

argentina, tierra de oportunidades

No todo lo que tenemos que ofrecer a este circuito son terrenos para montar procesadores y minerales para fabricarlos. Sofía Scasserra considera que “lo que más puede aportar la Argentina es mano de obra calificada. Es el mayor valor agregado que estamos aportando hoy día a la cadena global de digitalización. De hecho, lo que sucede ahora es que programamos herramientas digitales para Silicon Valley que después son reimportadas a nuestro país. Esto continúa la teoría de la dependencia que ya hemos vivido en tantos otros bienes a lo largo de la economía”.

Aunque formar mano de obra calificada para tecnologías de punta como la IA de frontera requiere de un sistema educativo que no esté en crisis por vaciamiento; la aparición reciente de proyectos como AgentPay, Navian o Teramot parecerían indicar que tenemos más que ofrecer al mundo que recursos naturales.

Schapachnik no piensa que albergar data centers sea un error estratégico en sí, pero que, primero, hay que desarrollar una serie de condiciones estructurales internas. “La necesidad de cómputo del mundo se va a incrementar”, advierte. “Ahí hay una punta de investigación relacionada con un problema de desarrollo genuino. Hay más cómputo; lo tenemos que enfriar; el agua escasea. ¿Entonces la Argentina tendría la oportunidad de ponerse a la vanguardia en refrigeración con agua de mar? Sé que estamos en pleno cientificidio local, y parece una utopía pensar en resolver estos problemas con investigación, pero de cualquier manera hay algo por discutir”.

Como otros problemas complejos, este admite múltiples soluciones. Los CEOs estadounidenses y las agencias gubernamentales chinas proponen montar data centers directamente en el espacio. Esta innovación presenta por su naturaleza radical algunas grandes ventajas y otras grandes desventajas. Por un lado, en el espacio la calidad de la energía solar que se podría aprovechar es mucho mejor que la que llega a la Tierra, dada la falta de atmósfera. Al mismo tiempo, el vacío del espacio actúa como un refrigerante natural mucho más eficiente que cualquier otro método terrestre.

Por último, hay que considerar que las leyes que regulan a la industria se acaban donde termina el planeta. El “Corpus Iuris Spatialis” o “Derecho Espacial” todavía no cuenta con la madurez y consenso suficientes como para poner límites a la actividad que se desarrolla fuera de la Tierra. Y como tampoco existen comunidades autóctonas en el espacio, los problemas relacionados con la contaminación en esas zonas serían casi imperceptibles. De cualquier manera, varios estudios señalan que estos son planes viables para décadas futuras, no para el presente inmediato.

las resistencias vecinas

Argentina no es el primer país que los gigantes tech intentan seducir. Hay tantos precedentes sobre proyectos informáticos que perjudicaron territorios que hasta se ha acuñado la expresión “Zonas de Sacrificio Digital” para referirse a los lugares que, luego de aceptar el arribo de un data center, terminan sufriendo todas las consecuencias del extractivismo y la contaminación en sus poblaciones aledañas.

En 2020, Google anunció con bombos y platillos que iba a invertir 200 millones de dólares en un data center en Santiago de Chile. Las organizaciones no gubernamentales pusieron el grito en el cielo cuando advirtieron que los informes de impacto ambiental redactados por la propia empresa decían que “el centro de datos iba a necesitar 7,6 millones de litros de agua potable al día”. Chile lleva más de una década lidiando con una crisis de sequías, que deja a por lo menos un millón y medio de personas en situación de riesgo. Después de años de forcejeos, marchas y contramarchas, el proyecto fue abandonado.

Lorena Antimán es cofundadora de NGEN, una organización que hereda su nombre de espíritus protectores de la mitología mapuche y que fue creada en 2019 por docentes, artistas y gestores culturales para proteger uno de los humedales urbanos más grandes de Chile, en la comuna de Quilicura, al norte de Santiago. En su zona ya existen seis data centers activos y hay otros tres en proceso de desarrollo. Van en camino a ser uno de los poblados con mayor concentración de centros por metro cuadrado en Latinoamérica. “Sabemos que la IA es una gran herramienta”, precisa. “Pero cuando estas empresas se presentan en nuestras comunidades, siempre les falta aclarar un pequeño detalle: que el uso de sus centros de datos conlleva una huella hídrica”. Según Antimán, de las seis empresas instaladas en la zona actualmente, solo Google extrae agua de los acuíferos para sus sistemas de refrigeración. Y a medida que crece la capacidad de cómputo de ese centro, crece su consumo de agua. Este drenaje produce, entre otras cosas, las “islas de calor”, un fenómeno climático moderno en los que una zona urbana tiene temperaturas mucho más altas que las zonas rurales que la rodean.

Junto a sus compañeros, Antimán impulsó Quili.ai, una campaña que, por un día, buscaba que los usuarios hicieron los pedidos que normalmente hacen a los chatbots de IA a la comunidad: a través de una web, se le podía solicitar a la organización un poema, un texto o una imagen y los propios activistas los producían, en una especie de “reemplazo por inteligencia análoga”.

“Fuimos entrevistados por medios internacionales, nacionales y comunitarios. Pero hasta la fecha las autoridades locales no nos escuchan”, comenta Antimán, resignada.

“Hemos tratado de generar espacios de diálogo varias veces. Llegamos a tener contacto con Google, pero el municipio y la autoridad local todavía no nos reciben. Un medio de la Universidad de Chile habló con los representantes gubernamentales; y gracias a ese trabajo nos encontramos con la noticia de que el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quilicura no tiene una postura con respecto a que la extracción de agua de los acuíferos que hace Google esté afectando al acuífero y que se afecta el humedal. Ellos lo desconocen”, agregó.

En Uruguay, que vivió su peor sequía en 70 años durante el 2022 y 2023, se planteó la posibilidad de montar un centro en Canelones que, según los propios informes del ofertante, también iba a consumir 7,6 millones de litros al día. Bajo el lema “no es sequía, es saqueo”, la población civil logró frenar esta iniciativa, aunque las fuentes son contradictorias sobre si el proyecto ya fue descartado o si se está reformulando.

Ni Estados Unidos es inmune a esta resistencia. En agosto de este mismo año, los vecinos del Estado de Virginia festejaron un cese judicial a la construcción de un megapredio de 900 hectáreas y 37 data centers que hubiera arruinado sus tierras más allá del punto de retorno. En 2022, los habitantes de The Dalles, Oregon, impulsaron una demanda colectiva contra su gobierno, que había firmado un acuerdo de confidencialidad con Google que evitaba divulgar la cantidad absurda de agua que consumían sus centros de datos. En Phoenix, Arizona, el gobierno decidió atraer inversiones con regímenes impositivos parecidos a nuestro RIGI, causando serios problemas de suministro de agua en zonas cuasi-desérticas donde las sequías son un problema desde hace décadas.

Los ejemplos abundan y, al aumentar la necesidad de cómputo, multiplica los problemas.

expiación

Negarse a entender y adoptar los cambios que vienen acoplados a la era de la IA no tiene sentido en un presente hiperinformatizado. Pero aceptar cualquier propuesta sin analizar y planificar lo suficiente puede traer consecuencias irreversibles para nuestro territorio o sus habitantes. Son problemas complejos que requieren soluciones complejas. Pero como aparte de la era de la IA, esta también es la era de las redes sociales, hay que agregar un componente extra al proceso discursivo que es el impacto de las declaraciones públicas de las personas influyentes.

En marzo del 2024, cuando se puso de moda hacer caricaturas al estilo Estudio Ghibli con ChatGPT, se publicaron múltiples informes con referencias al consumo desmedido de agua que usaba la infraestructura de OpenAI para armar sus dibujitos. La respuesta de Sam Altman, CEO de la empresa, fue “¿Pueden, por favor, aflojar con generar imágenes? Es una locura; nuestro equipo necesita dormir”. Luego, en abril, cuando se volvió a discutir el tema energético, esta vez relacionado con el costo extra que causaba decir “gracias” y “por favor” a ChatGPT, la respuesta de Altman fue “decenas de millones de dólares bien gastados”.

Sobre el problema del consumo de agua, la explicación que dio Altman en febrero de 2026 en una conferencia organizada por el diario The Indian Express, es que “Un humano requiere 20 años de comida, agua y esfuerzo para ser ‘entrenado’” y que “si comparás la eficiencia de lo que produce una IA frente a lo que consume, la IA ya ha alcanzado la eficiencia energética y de recursos de un humano». La analogía es chocante pero ilustrativa: según los jefes de esta industria, una IA vale lo mismo que una persona.

La trampa intrínseca de estos discursos consiste en presentar a la IA, tal como la conocemos hoy, como una opción apolítica, desideologizada e inevitable. Pero no todos los caminos conducen a Roma: estamos viviendo los primeros años de adopción de la IA en el mundo, y hoy nuestras opciones de futuro son variadas. El desafío pasa por informarse sobre lo que estos nuevos escenarios conllevan y, aunque la coyuntura política no acompañe, afrontar cada etapa con la mayor lucidez posible.