colombia: donde la paz es una utopía incómoda

Colombia seguía atónita la noche del 22 de junio, el día después de las elecciones, repitiendo lo inverosímil: Abelardo De la Espriella, un candidato de ultraderecha, le había arrebatado el gobierno al Pacto Histórico por menos de 250 mil votos en un país de 53 millones de personas, un margen irrisorio. Iván Cepeda, su candidato, un izquierdista pura cepa con estética trotskista, había sido derrotado por una figurita repetida de la política contemporánea: un outsider escupido por TikTok con promesas estridentes.

—Hizo lo que pudo el loco —dijo Doris, empinando un vaso de cerveza rodeada de camaradas en un centro cultural que se conoce como “la casa de la paz”. Allí habían celebrado los cinco años del acuerdo Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, en una escena que parecía anunciar un nuevo consenso nacional. Apenas una década después, la paz dejó de ser el horizonte compartido para convertirse en el principal blanco de impugnación. Por eso, la frase de Doris condensaba más que la defensa de Gustavo Petro, el presidente saliente. Marcaba el límite de una experiencia. La irreverencia ya no alcanzaba para conducir un país que volvía a endurecerse.

De la Espriella ganó prometiendo exactamente lo contrario de lo que había llevado a Petro —exguerrillero del M-19— a la Casa de Nariño cuatro años antes. Orden antes que negociación, bukelismo, y el cierre del proyecto de paz total como emblema de una nueva etapa. Con el resultado electoral no termina solamente un gobierno, sino el esbozo de un ciclo político nuevo que se reglaba por la convicción de que la salida al conflicto armado más prolongado de América Latina podía construirse, todavía, alrededor de una mesa de negociación.

lo que el pacto nos dejó

Tras su llegada al gobierno en 2022, el Pacto Histórico buscó ampliar los acuerdos de 2016 en los que miles de guerrilleros entregaron las armas, que se fundieron para erigir monumentos en honor al diálogo. En esa primera fase, el único acuerdo que llegó a término fue con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla marxista-leninista nacida en 1964 como el brazo armado de una insurgencia campesina. Ahora, la misión era ir por los que habían quedado fuera: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los paramilitares, como el Clan del Golfo.

En aquella etapa, la negociación se había anclado en diálogos bilaterales espaciados pero sostenidos, en los que durante años (primero en secreto y luego públicamente) las partes negociaron punto por punto. En cambio, a partir de 2022 la propuesta de paz total fue absoluta y diversa. Mientras planteaba mesas de diálogo en todo el territorio con grupos muy distintos (amparadas en un cese del fuego), desplegaba programas de desarrollo local, políticas culturales y educativas. Una aproximación más integral, multidisciplinaria. Y más difícil de sostener.

Sobre la estructura de lo que habían dejado los acuerdos con las FARC, que crearon dispositivos de memoria, verdad y justicia simultáneos a la deposición de las armas, el Pacto Histórico propuso un paso más: terminar, definitivamente, con el conflicto. Pero esa epopeya requería lidiar con otro tipo de interlocutor: los grupos armados que se dedican a pujantes economías ilícitas.

Desde los aliados críticos del Gobierno se dice, sobre todo, que faltó coordinación estratégica en un país surcado por ríos, valles, montañas y campos. En territorios que se volvieron inaccesibles, o donde los dispositivos de negociación no alcanzaron, los grupos armados incrementaron su poder a la par de sus negocios: el tráfico de drogas y personas, la extorsión, la minería ilegal, y el contrabando. El saldo, en números, fue amargo. De 15.120 integrantes de grupos armados en 2022, el año en el que asumió Petro, se saltó a 27.121 a finales de 2025.

—Ya no importa cómo se llamen los actores, es lo mismo: la guerra sigue —dice Camila, una escritora e investigadora que nació y creció en Arauca, en la frontera con Venezuela, un territorio asediado por los choques entre el ELN y el Frente Décimo de las disidencias FARC. Ella y su gente vivieron el ciclo completo: la violencia del conflicto armado en los 90, los homicidios y desapariciones, los desplazamientos forzados, el crecimiento y rearme de los grupos, la llegada de las comisiones de verdad y la del tribunal de justicia transicional, JEP, después de 2016, y su mitigación posterior, cuando los enfrentamientos empeoraron a partir de 2022. Hoy Saravena, el municipio donde vive al pie de la cordillera oriental, es un fortín del Ejército de Liberación Nacional.

El ELN, nacido a la par de las FARC en 1964 pero con otro enfoque —era una guerrilla marxista de inspiración cubana—, quedó por fuera de los acuerdos de 2016: las negociaciones con el Estado se erosionaron hasta quebrarse durante el gobierno de Iván Duque, quien asumió en 2018.

Desafiando las líneas rojas impuestas por mandatarios anteriores —que no estaban dispuestos a negociar la estrategia económica o la doctrina militar—, Petro llegó al gobierno con la promesa de dialogar sobre todo. Esta impronta refrescó la predisposición de las partes. En 2023, el Estado logró un cese del fuego con el ELN y se firmó el Acuerdo de México, que establecía la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, el reclamo central del grupo. Pero el ELN se negó a entregar las armas, planteando que las iban a deponer cuando creyeran que ya no eran necesarias, aunque nunca se las darían al Estado como habían hecho las FARC. Muchos explican esa secuencia de escollos por la propia estructura elena: menos vertical que la fariana, con mandos dispersos y mayor autonomía territorial.

Petro, frustrado por su incapacidad de anunciar el esperado desarme, desconoció el carácter político del grupo y habilitó otra vez una estrategia represiva y de bombardeos, que se desenvolvió en paralelo a acciones violentas por parte de los guerrilleros. La ilusión de otro tipo de aproximación al conflicto se cayó en esas reacciones drásticas.

Los cambios en las dinámicas de los grupos armados hicieron, también, que abandonaran su aislamiento para mezclarse con los ciudadanos en los pueblos y ciudades, lo que hace más difícil identificarlos (y proteger a sus habitantes durante los ataques estatales). Ese rasgo podría volverse todavía más riesgoso con la llegada de De la Espriella, que hizo campaña prometiendo drones de guerra.

Mientras izquierda y derecha debaten en los polos de la confrontación y la pacificación, los grupos crecen. Lejos quedaron el reclutamiento con argumentos políticos, o las discusiones sobre la toma de poder para gestar un futuro distinto en Colombia. “Hay una desideologización. Ya no están los mandos formados políticamente, la vieja guardia. Ahora pesan otros liderazgos, los que controlan territorios y disputan rutas”, dice Camila. Ya no se habla de tomar el poder ni de reforma agraria. La generación guerrillera que reclutaba para luego dar educación política fue la que se sentó a negociar. Y ya no existe, o al menos no en gran parte. Ese vacío ayuda a explicar por qué la promesa de la paz total terminó, también, empantanada. Su límite fue, a fin de cuentas, el mismo que el de otros gobiernos de la región frente al crimen organizado.

entre el monte y el Estado

Juan Manuel Santos, político de centro-derecha que gobernó Colombia entre 2010 y 2018, fue el que puso la firma a las negociaciones con las FARC que habían comenzado formalmente en 2012. El Gobierno prometió garantizar tierras a los campesinos y permitir la participación política del grupo guerrillero a cambio del fin del conflicto y la entrega de las armas al Estado. Las FARC, ordenadas en una estructura verticalista, concretaron la firma a fines de noviembre de 2016 en Cuba. Con el acuerdo se crearon la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la emblemática Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una comisión de verdad.

—Pudimos hablar, los militares pudieron hablar: muchos confesaron lo que nosotros vivimos denunciando, el maridaje que había entre los paramilitares y el Ejército —recuerda Doris. El trabajo de estas instituciones fue fundamental para el proceso de memoria colectiva que se construyó en Colombia desde los acuerdos. El mismo Abelardo De la Espriella usó datos de la JEP sobre reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos. Fiel a su personaje, durante la campaña prometió clausurarla.

Pero los dispositivos de la paz, que requerían por naturaleza estabilidad y tiempo, fueron debilitados por el gobierno de Iván Duque (2018-2022), un protegido del expresidente Álvaro Uribe, que impulsó las políticas de seguridad de mano dura que derivaron en la peor época de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

Durante su mandato, se profundizó la desigualdad. La bronca masticada durante años y una propuesta de reforma tributaria neoliberal llevaron a los jóvenes a las calles. Los bloqueos y protestas duraron cuatro meses. Duque ordenó una represión; el Estado asesinó a decenas de pibes y pibas e hirió a miles. En el barrio indígena de Siloé, al noroeste de Cali, todavía se ven las marcas de las balas de la policía en las vigas del puente que cruza su avenida principal. La represión fue potenciada por los paramilitares, civiles armados devenidos mercenarios con aval estatal. Cinco años después, ningún caleño olvida mencionar que hasta un concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar González, salió armado a reprimir a los suyos. En el barrio, organizaciones sociales y familiares de las víctimas fundaron en 2022 un Tribunal Popular para reconstruir los datos de las víctimas y manufacturar su propia justicia. El ejercicio periódico de memoria resignificó al barrio de Siloé, cuyos vecinos se enorgullecen de lo construido.

La llegada de Petro al poder en 2022 fue propulsada por la furia y euforia de los choques y la resistencia de esos meses. A eso se sumaba la necesidad de retomar la vía de los acuerdos, que Duque había ralentizado. Una vez en el gobierno, Petro sería el primer presidente de izquierda en la historia de su país, no porque no hubiera habido dirigentes progresistas con posibilidades de ganar, sino porque siempre los habían matado antes de llegar a la Casa de Nariño. Desde su fundación en 1985, más de 6200 candidatos y funcionarios de la Unión Patriótica, partido de izquierda, fueron asesinados. Incluido el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, senador colombiano, fue ejecutado en la vía pública por un miembro del Ejército en 1994.

“Yo creo que los períodos más duros de violencia han sido cuando se ha renunciado a la idea de construir la paz, de negociar. Las fuerzas del Estado se afilan para reprimir, no solo a la subversión, sino a todo lo que huela a subversión”, dice Lina Martínez, hoy militante del Pacto Histórico, quien trabajó en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “Es mejor equivocarse haciendo la paz que acertar haciendo la guerra”, piensa. Para quienes sostienen la convicción de que la paz tiene que ser posible, como Cepeda y los farianos de la casa de la paz, solo queda insistir.

ya no sos igual

Una demanda creciente y voraz de cocaína a escala global renueva cada año la discusión sobre el cultivo de coca y el narcotráfico en Colombia. Las redes del crimen organizado distribuyen la droga hacia los mercados emergentes en Asia y África, mientras siguen las viejas rutas hacia Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos. Con la demanda crecen también las plantaciones de coca: en 2024, 261.000 hectáreas colombianas tuvieron ese destino. El negocio capta, además de las redes criminales de siempre, a exrevolucionarios que ven una oportunidad de enriquecerse.

No solo el narcotráfico se fortaleció durante estos años. La minería ilegal de oro, el material de extracción ilícita más común (más del 60% del negocio es ilegal), aumentó especialmente, sobre todo después de la crisis económica de la pandemia. En ese momento, los grupos armados entraron con más fuerza. Paralelamente, se profundizó el lavado de activos: los dólares que se reciben por el narcotráfico se lavan extrayendo oro ilegal, legalizándolo y vendiéndolo afuera.

Un negocio que es mucho más crudo y frontal contra las propias comunidades es el de la extorsión, una fuente de recursos que se potenció mientras estuvo activo el Tapón del Darién, el mortífero paso migratorio entre Colombia y Panamá, paralizado por las políticas migratorias de Donald Trump. Para algunos grupos como El Clan del Golfo, la extorsión a quienes pretendían circular por rutas en sus territorios fue una fuente de ingresos sustancial, un modelo que se parece más al de las maras centroamericanas o de los cárteles mexicanos que al de los grupos ideológicos del siglo pasado.

Estas economías sostienen la disputa por la soberanía territorial. Ya no se trata de colectivos con traje y botas surcando los tupidos caminos del monte sino de nuevas formas de abundancia. Los grupos reclutan a los jóvenes a través de las redes sociales prometiendo aquello que ven lejos: plata, motos, una casa, protección, y algún tipo de futuro. En la escuela donde trabaja en el Arauca, Ana María ve con claridad esa sofisticación comunicacional. Ya no se secuestra a los chicos de sus casas forzosamente, sino que a sus alumnos adolescentes los convocan a través del celular.

—Ya no venden la imagen del guerrillero, sino la de un emprendedor: tienen buena ropa, no usan los viejos trajes de guerrilla —dice Laura Bonilla, subdirectora de Fundación Pares, un centro de pensamiento sobre el conflicto armado.

Chicos campesinos, cada vez más jóvenes. Los exguerrilleros que se disciplinaban en el monte bajo el ascetismo revolucionario son menos condescendientes: los llaman lúmpenes.

—Nosotros empuñamos las armas: no lo hacíamos por dinero, sino porque estábamos convencidos —contrasta Doris, quien pasó casi treinta años en la tropa, catorce en el monte y catorce en la cárcel—. Tú te la jugabas todo el día por eso, eras feliz. Nosotros teníamos aprecio por lo colectivo, la solidaridad, el respeto. Nos despojábamos de muchas cosas por un ideal, por un sueño.

Los reclutados de hoy, piensa Doris, están lejos de entenderlo así: “Ellos no dan luchas contra el Estado, como hacíamos nosotros, es una vaina completamente diferente”. Si las guerrillas no luchan contra el Estado, ni contra el capitalismo, sino por el gobierno de un territorio y la extracción de renta, la misma idea de paz negociada entra en crisis.

No es Petro el único líder progresista que enfrentó la encrucijada sobre qué hacer con los grupos armados que disputan la soberanía de un territorio, lo que incluye impartir muerte entre quienes lo habitan. Por esos años, Andrés Manuel López Obrador condensaba su apuesta en la consigna “abrazos, no balazos”, mientras su gobierno reforzaba, por debajo, tramas que hasta hoy condicionan la salida del laberinto de la violencia. En paralelo, Nayib Bukele convertía a El Salvador en el laboratorio regional de la mano dura; Guatemala profundizaba la captura del Estado por las redes político-criminales; y Rosario empezaba a instalarse como el nombre propio de una crisis que ya no podía leerse únicamente como un problema de narcotráfico, sino como el ingreso de la Argentina a una conversación latinoamericana sobre violencia y gobernabilidad.

territorio utopía continúa

Ahora, Estados Unidos discute planes para combatir el resurgimiento del llamado terrorismo político de extrema izquierda. El 16 de julio convocó a 66 países a una cumbre en Washington llamada jocosamente la cumbre antiantifa. Marco Rubio, Stephen Miller y Scott Bessent arman un combo que según ellos se caracteriza por el odio a la civilización e incluye a Montoneros, Tupamaros, Brigadas Rojas, Sendero Luminoso (Shining Path), las FARC y el ELN. Rubio dio un mensaje concreto: esto recién empieza.

Lo que se viene ahora inquieta a quienes conocen los vericuetos de los grupos, sus negocios y sus anclajes locales. Colombia es un país de territorios, dice Camila, un país donde conviven una región amazónica, una andina, una caribeña, una insular, una sabana y una selva occidental. No hay una forma de intervención que sea extrapolable, ni un método homogéneo de hacer políticas. En muchos de los territorios la paz total funcionó porque sus mesas y programas fueron visibles para las comunidades, provocaron avances tangibles y duraderos. Pero en otros se quedó a medio camino entre lo simbólico y lo técnico. “Lo que faltó fue en materia de seguridad”, dice. Allí donde la demanda era más concreta, el Gobierno flaqueó: muchos funcionarios desconocían los territorios, no tenían lineamientos claros y eran más políticos que técnicos. Se reflejó en los resultados electorales: muchas de las zonas históricamente farianas apoyaron al Pacto Histórico, y aquellas donde hubo mayor crecimiento de las economías ilegales se volcaron a De la Espriella.

La dificultad de las izquierdas latinoamericanas para construir una perspectiva propia sobre temas de seguridad no es nueva, pero adquiere otro sentido en los últimos años, con un Donald Trump instrumentando directamente el castigo a los grupos armados. Los gobiernos de la región parecen tener que lidiar con una soberanía detonada por abajo y por arriba.

La pregunta por el fracaso del proyecto de paz total de Petro dibuja nuevas incógnitas en el camino hacia la pacificación de Colombia, en un país herido por un conflicto de seis décadas entre el Estado, los paramilitares y los grupos armados. Hoy, estos últimos disputan su organigrama en transición desde las raíces revolucionarias guerrilleras y el mortífero crimen organizado, que avanza en el territorio sin un proyecto político pero con la intención de captar sus tierras y a su gente. La paz total todavía es imposible. “La guerra beneficia a los traficantes, de eso nos dimos cuenta: les encanta porque es un negocio. La única ganadora era la industria de las armas”, dice Doris. Pero agrega una clave hacia adelante: “A lo único que renunciamos nosotros fue a las armas”.

Los resultados de la elección, todavía difíciles de digerir por un sector del oficialismo, revelan que subsiste una confianza en el proyecto político que el Pacto Histórico llevó al gobierno. La paz total puede haber sido una mala lectura o una ilusión o un nombre mal puesto. Perdió las elecciones, pero su promesa no murió; se reformuló. Ahora les toca insistir en la utopía.