Foto: Gentileza Diario El Norte

Treinta y cinco muertos y 620 contagiados. Estas son las cifras que dejó hasta este martes la pandemia del nuevo coronavirus en el Chaco, tercera jurisdicción del país con más casos y fallecidos. El panorama aquí es incierto y lo que se respira es pura incertidumbre. El último brote de la enfermedad en la provincia, que fue el más severo desde que comenzó la pandemia, comenzó el 27 de abril en el complejo habitacional denominado Gran Toba, habitado en su mayoría por familias indígenas. Hasta hoy, murieron al menos siete personas del lugar por complicaciones derivadas del COVID-19 y se registraron 112 infectados.

Compuesto por 31 hectáreas, el Gran Toba está ubicado en la zona nordeste de Resistencia y reúne a los barrios Toba 1 y 2, Camalote, Cheliyí 1 y 2, Cotap, Crescencio López y América. Es un área populosa en la que conviven unas 4500 personas. La zona está marcada por el hacinamiento de gran parte de las familias, agravado por las necesidades básicas insatisfechas de muchas de ellas. No está totalmente claro, pero el caso cero del lugar parece haber sido el de un joven de 21 años que concurrió al hospital Perrando, de Resistencia, a operarse del apéndice. Se cree que fue dentro del mismo hospital donde se infectó. A partir de ahí, los contagios comenzaron a acelerarse dentro de la comunidad. De hecho, el brote en el Gran Toba provocó que el tiempo de duplicación de la enfermedad en toda la provincia bajara dramáticamente: de los más que favorables 47 días a los que se llegó el 30 de abril, hasta los 18 días actuales. A su vez, la tasa de contagio aumentó en el mismo período: del 1,5% pasó al 3,8%.

barrio adentro

“Tenemos una situación conflictiva en el Gran Toba”, reconoció el gobernador, Jorge Capitanich, al anunciar que en la zona se iban a establecer medidas urgentes y extremas para intentar aminorar los contagios. El cordón sanitario, que ya lleva más de una semana de funcionamiento, consistió en el cierre de todas las salidas del Gran Toba, salvo dos, las cuales quedaron custodiadas por la policía. A partir de su implementación, para el cual utilizaron montículos de tierra y vallas de seguridad, nadie puede salir salvo excepciones debidamente autorizadas. Los vecinos y vecinas quedaron encerrados. Tras aclarar que esta decisión se tomó en conjunto con los referentes del lugar, Capitanich remarcó que la idea no es crear un gueto sino evitar que el virus se propague con mayor velocidad.

Dentro del complejo se montó un polo sanitario dividido en dos: una área dedicada a todo lo que sea Covid y otra al resto de las patologías médicas. Para la atención exclusiva de personas con el nuevo coronavirus, se acondicionó el Centro Integral Comunitario del barrio Cheliyí, se instaló un camión sanitario y se proyecta la creación de un centro de aislamiento. También hay cuadrillas que van casa por casa concientizando y detectando personas con síntomas. El Ejército Argentino brinda unas 600 raciones de comida, de lunes a viernes, pero en los seis barrios viven al menos 4500. El ministerio de Desarrollo Social entrega bolsones de alimentos y se realizaron desinfecciones mediante la pulverización de hipoclorito de sodio. Sobre el reparto de los bolsones hay un contrapunto entre los funcionarios, quienes aseguran que los están repartiendo en forma masiva a toda la comunidad, y referentes del barrio que afirman que solo se los entregan a las familias que tienen contagiados. 

catalizadores del odio

“Recién hoy pude tener un turno para retirar mi tarjeta de débito en el banco Columbia. Cuando fui, le pasé mi DNI a una secretaria que estaba en la mesa de entrada, que ya tenía mi tarjeta en su mano. Ella ve mi dirección y me dice: ‘No, mamita, usted es del barrio Toba. No puede ingresar acá. Se tiene que retirar’. Y yo le dije: ‘Si usted tiene mi tarjeta a mano, ¿por qué no me la da y yo después me retiro? Tengo hijos. No tengo nada para comer. Esa tarjeta la uso para que me depositen el subsidio del gas’. Y me dice que no, que me vaya. Y en lugar de pasarme bien mi documento, ¿sabés lo que hizo? Me lo tiró al piso”. La que habla con crisis es Belén Z. Tiene 25 años, es ama de casa y vive junto a su marido, suegra y cuatro hijos. Ella, como tantos habitantes del Gran Toba, están padeciendo, además de la pandemia, el reflujo de algo que parecía supuestamente dormido en la sociedad chaqueña: la discriminación y el odio contra los pueblos originarios.

El de Belén no fue el único episodio. Ella misma contó que una vecina también fue víctima de una situación desagradable en el supermercado de Villa Chica, cerca del Toba, donde no la dejaron ingresar porque era del barrio. Otro hecho se produjo en el Mercado Frutihortícola de Resistencia: Antonio P., presidente de la Comisión Vecinal del barrio, comentó que no se le permitió la entrada a un grupo de jóvenes del Gran Toba que regularmente trabajan ahí como changarines. “Los medios le están pegando muy bajo al barrio Toba”, dice Antonio y remarca la diferencia entre la estigmatización que hoy padecen con el escaso señalamiento que tuvieron, por ejemplo, los chaqueños que regresaron infectados desde Europa; o respecto a los casos que se dieron en el centro de Resistencia, que antes fue el epicentro de los contagios. 

“La situación es bastante delicada y lamentablemente, sacó lo más feo”, sostuvo por su parte Elizabeth González, coordinadora de las relaciones entre el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y los pueblos indígenas. Y agregó: “Hay demasiadas situaciones de racismo contra nuestro pueblo indígena. Es como que la sociedad dijera hoy que son los indígenas quienes contagian”.

En las redes sociales se repiten comentarios que utilizan como catalizador del odio al pueblo indígena. “Tienen que prenderle fuego a todo el barrio Toba o que vuelvan al monte de donde son ellos”, comentó en una transmisión de Facebook, María Ojeda. “Que encierren a la indiada, que no respetan nada y todo el día roban y se drogan. Que no salga ninguno”, añadió Cristian Delan. “Una buena garroteada y van a entender”, recomendó Juanita Zalazar, con su foto de perfil del Papa Francisco. 

me quiero ir

A todo esto se le sumó otra situación vinculada a un alta voluntaria que se dieron dos habitantes del Gran Toba que están infectados con el nuevo coronavirus y que se encontraban internados en el Hospital Perrando. La noticia fue presentada como si todos los indígenas infectados se estuvieran escapando por la ventana del nosocomio, infectando a su paso a Resistencia. Y no fue así. El 11 de mayo, a la siesta, Segundo E. y Baltazar N., pidieron retirarse del hospital para seguir con el aislamiento en sus casas. Segundo es de la etnia qom, empleado del ministerio de Educación, y Baltazar es criollo, pastor evangélico y vive en el barrio Toba. Ambos se habían contagiados pero en ese momento tenían un buen estado general. Estaban cansados de estar ahí y se quejaban por dos cuestiones: que el hospital no informaba a sus parientes de su estado de salud y que la comida que les daban era poca, a deshora y desabrida. Autoridades sanitarias aclararon después que, por protocolo de bioseguridad, no pueden ingresar los familiares a las habitaciones y que, además, la alimentación que se brinda es acorde al cuadro de cada paciente.

“Le dije a la doctora: Me quiero ir. Le pregunté si había que firmar algo y me dijo que no, que la ambulancia nos iba a llevar a nuestra casa pero que me quede aislado”, relató Segundo. Su preocupación pasaba porque sus familiares no sabían nada y no le dejaban tener el celular en la habitación: “Le dije a la doctora que los llame, pero no lo hizo. Ellos no sabían cómo estaba yo ni a mí tampoco me informaban cómo estaba. Ahora estoy bien de salud, en mi casa, aislado. Tomando todos los recaudos”. 

historias de vida

Jonathan vivía en el barrio Toba. Era morocho, de abdomen prominente, cara redonda y rasgos indígenas. Tenía 35 años y estaba terminando el colegio secundario. Una hija preadolescente, un trabajo como plomo de un grupo de cumbia, otro en la cooperativa del movimiento social “Corriente Martín Fierro” y una pasión: Chaco For Ever. Jony, como le decían, se convirtió en la segunda víctima fatal del Gran Toba.

“Mi hermano era una persona maravillosa que ayudaba a todo el mundo”, describe Susana G. “Siempre tenía soluciones a todos los problemas. Ayudaba a la gente de la calle. Siempre ponía la diversión en el trabajo, en el colegio. Éramos inseparables nosotros. Y de la noche a la mañana ya no está más”. Susana contó que cuando Jony comenzó a sentirse mal, decidió hacerse estudios por su cuenta; empezó con fiebre,  después fue al Centro de Salud de Villa Río Negro y le avisó a la doctora que no podía respirar. De allí fue derivado al hospital Perrando. Ese mismo día a la tarde le diagnosticaron que tenía neumonía y un solo pulmón trabajando. Al otro día le dieron positivo por el coronavirus. Y ahí lo durmieron, le pusieron respirador y a los dos días falleció. Su cuerpo ya no toleraba los medicamentos.

La primera muerte por complicaciones derivadas del COVID-19 en habitantes del Gran Toba fue la de Carmen, el 12 de mayo. De 57 años, la mujer residía en el barrio Cheliyí, y era la mamá de la Directora del Centro de Salud del Toba. Su cuadro se complicó porque tenía una cardiopatía de base. 

Raúl G., de 58 años, fue el tercer fallecido del Gran Toba. Era pastor evangélico. Según informó el portal chacodiapordia.com, ingresó al Hospital Perrando el 9 de mayo con síntomas de disnea e hipoxemia. Al día siguiente debió ser asistido por respirador mecánico y falleció el viernes a la mañana. No tenía patologías previas.

Marcial M. y Emeterio C., de 51 y 58 años, ambos de la etnia qom, murieron el mismo día 16 de mayo. Marcial M. era del barrio Toba y Emeterio C. del Cheliyí. El primero estaba internado desde el 6 de mayo. Marcial M. tenía un cuadro de obesidad, distrés y neumonía aguda. Emeterio C., en tanto, fue internado en el Perrando el 4 de mayo. También resgitraba obesidad y era diabético.

El 18 de mayo murieron otros dos vecinos: Ceferino R., de 61 años y Juana R., de 74.

Hasta el lunes, el total de indígenas de la comunidad qom fallecidos ascendió a 10 (además de los del Gran Toba, se sumó uno que pertenecía a otro barrio de la capital chaqueña y otros dos de los que no se conocieron mayores datos). Además, 18 permanecían internados en el hospital de Resistencia, uno de ellos en estado crítico.

gran hambre

La estrategia de un aislamiento comunitario en el Gran Toba pone un gran signo de pregunta respecto de si realmente los pacientes contagiados se quedan dentro de sus casas, sin contacto con otras personas. De hecho el propio jefe de Policía, Fernando Romero, confirmó que al contrario de lo que se hace en el resto del Chaco, en el Gran Toba no se realizan detenciones por infringir la cuarentena, ni tampoco hay consignas policiales para los casos confirmados (en Resistencia hay personas contagiadas con prisión domiciliaria por incumplir el confinamiento). Los únicos que saben quiénes son los contagiados, y que los visitan regularmente, son los integrantes de Salud Pública. Nadie más. Dentro de los ocho barrios, la gente circula sin restricciones. 

Carolina Centeno, subsecretaria de Salud Comunitaria y encargada del operativo en el Gran Toba, explicó que el conjunto de acciones que se llevan a cabo en esta zona apuntan a amalgamar los protocolos sanitarios con la cultura de los pobladores. “Los controles de aislamiento lo hacen las cuadrillas que organizamos desde Salud con diversos agentes. Además se hace control a los positivos de manera clínica en los domicilios. El barrio no está militarizado ni hay policías custodiando. De hecho no es necesario porque la estrategia es el aislamiento comunitario. Como todo barrio de la periferia de Resistencia, este también está marcado no sólo por el hacinamiento y por las necesidades básicas insatisfechas, sino también todo lo que atañe a lo intercultural. Por eso es necesario prestar atención a que los protocolos sanitarios dejen de ser tan estrictos y pasen a ser consensuados, para que nos permitan obtener los mejores resultados, no solamente en cuestiones sanitarias sino en cuestiones humanitarias integrales”.

Sin embargo, tanto vecinos y vecinas del Gran Toba como dirigentes de la comunidad, coinciden en que antes de que se diera el brote de coronavirus en la zona falló la comunicación oficial en lo que respeta a los aspectos preventivos de la enfermedad. Previo a que se confirmaran los primeros casos en la zona, la gente no utilizaba tapabocas y circulaba sin control. Incluso ya con el cinturón sanitario instalado, había vecinos que seguían compartiendo mate o tereré. Recién ahora, con la entrega masiva de tapabocas en la zona y la tarea de concientización que vienen realizando las cuadrillas sanitarias, casa por casa, la situación comenzó a cambiar.

Además del reclamo de más seguridad dentro del barrio, hay algo que mantiene preocupada a la comunidad: el acceso a los alimentos. Al cercar la zona, gran parte de los residentes del lugar, que viven de la venta de artesanías y changas, dejaron de trabajar y sus ingresos cayeron dramáticamente. La situación es grave y se complica aún más por la pobreza que arrastran estas comunidades. “El ejército trae seguido las viandas en la escuela del barrio Toba, pero seis ollas en este barrio es poco”, graficó Stella Maris M., vecina del barrio Cheliyí y dirigente del Movimiento Pueblo Originario Lealtad y Dignidad. Y agregó: “Están reforzando el copeo y también a los comedores de la zona, pero la verdad es que no alcanza”.

La emergencia indígena

Testimonio de Laura Pérez, Vicepresidenta de la Comisión Vecinal del barrio Toba (Resistencia - Chaco)

Primeramente estuvimos durante un mes y medio reuniéndonos en la comunidad sobre el tema de la cuarentena. Estábamos preocupados porque el riesgo era importante. Tenemos muchos abuelos y abuelitas, muy ancianos, también enfermos, personas con TBC, con diabetes, anemia, desnutridos y malnutridos. Tenemos changarines, mucha gente precarizada, artesanos que no podían salir. Es decir, ya veníamos castigados económicamente, socialmente, sanitariamente, veníamos de tener un contexto bastante complicado.

En la primera reunión fueron varios referentes y comisiones vecinales, también en la segunda; en la tercera ya empezaron a bajar de parte del gobierno. Cuando baja el encargado del estado de la zona Resistencia, como ya se había constituido un Comité de Emergencia a nivel provincial, decidimos nosotros también constituir un Comité de Emergencia Indígena, a la par del Comité del gobierno. Para trabajar articuladamente en cuanto a tres puntos: sanitario, alimenticio y seguridad. Hasta ese momento había bajado el encargado de la zona Resistencia, Rodrigo Ocampo, y todo muy lindo, muy bien presentado, fotos de aquí para allá, publicadas en los diarios. Pero de golpe nunca más volvió. No había casos todavía, seguíamos muy pacientes, pero preocupados.

Cuando apareció el primer caso, el 17 de abril, nos desesperamos porque sabíamos la magnitud de esta noticia. Nosotros somos una cultura bastante social, los lazos costaron muchísimo cortarlos en la cuarentena. Si bien pedíamos no juntarse, no salir a jugar, algunos muchachos jugaban pelota todavía en las canchas. Los adultos sí se resguardaban en las casas, pero los jóvenes y los chicos un poco salían. Y las familias acá tienen un lazo muy fuerte, costó mucho que entendieran de aislarse. Esa conexión fue menguando pero igualmente estuvo.

El primer chico contagiado estaba con problemas de vesícula, se internó de urgencia y lo que sospechamos nosotros es que se contagió en el Hospital Perrando, en Resistencia. Es un foco importante el Perrando, gente que va por otros temas de salud termina saliendo con COVID. Era un chico de 27 o 30 años. Ahí empezaron las alertas, nos preguntábamos: ¿será que la familia tiene? Los vecinos estaban preocupados también. Y no sabíamos, en realidad, cómo se había contagiado, si venía de antes o fue en el Hospital. Entonces nosotros exigíamos, junto a la familia, que les hicieran un hisopado al grupo familiar, que eran alrededor de ocho. Queríamos accionar de manera urgente con el Estado, dado que todo había quedado con esas fotos y nada más.

La familia se quejó por la viralización de sus datos y los comentarios tan discriminadores, inclusive dentro de la comunidad, que fue algo que nos sorprendió también. Tratábamos de mantener la calma porque las alertas estaban. Algunos creían, otros descreían, había quienes decían “esto es una enfermedad de blancos”. Costó mucho hacer entender y concientizar a la comunidad, pero la urgencia nuestra era que se hiciera algo.

Cuando se hizo público el primer caso, activaron directamente todas las medidas sanitarias que se consideran para los casos de COVID. Se activó el cordón sanitario que eran montículos de tierra y vallas. Hoy estamos protestando por un montículo de tierra que nos cerró el acceso por 25 de Mayo y calle 12, porque dificulta entrar al basurero y la ambulancia. Se establecieron ciertos acuerdos para el establecimiento del cerco sanitario entre el Estado y los referentes del barrio. En algunos casos no se cumplieron.

Yo sabía lo que significaba un cerco sanitario, sabía de la magnitud y el choque que significará eso para la comunidad. No estaba de acuerdo, para ser sincera. Pero acompañé a un grupo y a un equipo que había solicitado la inmediata acción sanitaria dentro de la comunidad para resguardar a los vecinos; queríamos que hubiera una cierta custodia que asegurara que las familias estuvieran en cuarentena y que se les asistiera socialmente, que se les dieran los alimentos necesarios.

Acá vinieron los policías para ponerse en la entrada. Supuestamente solo iban a evitar que otras personas de otros barrios ingresaran. Los del barrio podían entrar y salir, salir y entrar. Pero en algunos casos yo he escuchado que nos los dejan salir. Eso lo tiene que denunciar la persona que sufrió este tipo discriminación. Lo que nosotros decimos es que la implementación que se había acordado para la contención social de la comunidad no se está cumpliendo, porque nos encerraron y nos hicieron arreglar entre nosotros. Ahora las mujeres estamos, por la emergencia, lanzando campañas de donaciones para elementos de limpieza. Porque si vamos a esperar que venga el Estado para traernos un pan de jabón, o un elemento de limpieza… Pero si nosotras vamos a comprar, nos miran la cara y ya por portación no nos quieren atender.

El Estado en la parte de asistencia sanitaria trabaja con cuadrillas, casa por casa. Los enfermos están en sus hogares, y el resto de los vecinos tienen miedo de ir al centro de salud, al hospital Perrando, por eso pedíamos que fueran a las casas. De los 120 hisopados que se hicieron, 90 dieron positivos, según declaró la Ministra [de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana]. Queremos saber quiénes son esas personas. Sabemos los nombres de los que están internados, pero porque conseguimos información por afuera, no oficial.

El gobierno baja alimentos pero para la foto. El ejército baja con 620 raciones, que es para los alumnos de la escuela nada más. Se conoció que somos 4500, según la Ministra. ¿Con 620 raciones usted cree que vamos a tener solución? Hay dos comedores más: uno en Cheliyí –Berta Cáceres–, que estuvo asistiendo pero no llega a las ciento y pico de raciones; y otro que estuvo siempre en el barrio que tampoco supera las cien raciones. O sea: si sumamos las 620, más 100 y 100, son 800, no llegan a 1000. Y aparte los comedores no dan todos los días, dan tres veces por semana, depende. A esos se debería reforzar, porque antes trabajaban con los vulnerables, ahora lo necesitamos todos: están los desempleados, están las artesanas, están las personas adultas mayores, se triplicó y se cuadriplicó los pedidos alimentarios.

Yo no tengo problemas con la ministra pero necesitamos que mejore el diálogo porque nosotros tenemos que saber cómo están evolucionando nuestros ancianos, nuestros enfermos, nuestros vecinos, porque estamos preocupados. Y saber cómo se los está tratando en el Hospital Perrando: ¿Por qué no se quieren quedar? ¿Qué asistencia les están brindando? Y que vuelvan a pasar y nos den elementos de limpieza porque eso nos está faltando. Hoy Desarrollo Social cumple con una bolsita con mercadería, una bolsita para los infectados o las familias que tienen un miembro internado en el Perrando, para que no salgan. Pero después de dos semanas de no asistir a nadie, ni a los grupos vulnerables ni a las familias con COVID. Una vecina me dice: “Somos trece, mi mamá está internada, mi papá también, y nos dieron tres bolsitas. ¿Nos darán una mañana, pasado o es por mes? No tenemos nada de elementos de limpieza”. 

Todo esto es muy preocupante porque ellos se comprometieron con la sanitario, con lo alimenticio y la seguridad. En lo sanitario yo puedo decir que hubo algo de respuesta; después en lo alimentario y seguridad muy poca. Van lentísimo con la implementación de lo que se había dicho al inicio, nos encerraron en un cordón sanitario junto a nuestro centro de salud y  al parecer nos abandonaron a nuestra suerte, ya que no están cumpliendo con lo programado. Y lo poco que se cumple no alcanza, es mucho mas complejo de realizar. Espero que este nuevo dialogo que se está intentando mejorar con  cada grupo de referentes, pueda establecer mejores mecanismos de contención en salud, alimento y en seguridad. Por el bien de cada hermano indígena.