lugar común la muerte

En la sección de Tratados y Convenios Internacionales del Boletín Oficial, el 19 de marzo pasado el Gobierno nacional formalizó la renuncia de la Argentina como miembro pleno de la Organización Mundial de Salud. La ultraderecha argumentó su decisión señalando que la OMS recomienda políticas de salud con un sesgo ideológico que no comparte y que de esta manera recupera soberanía sanitaria.

Pero ¿cuál es la política autónoma que propone La Libertad Avanza en la materia? Difícil saberlo. A su ministro de Salud, el médico-empresario Mario Lugones, casi no se le conoce la voz, tal como sucede con todos los funcionarios apadrinados por el asesor presidencial Santiago Caputo. A su vez, Milei nunca menciona nada sobre su programa sanitario.

Esta indiferencia ya tiene un correlato directo en las cifras que publica el Ministerio de Salud en su Anuario de Estadísticas Vitales. En el primer año de gestión libertaria —último registro existente— murieron en la Argentina 21.276 personas mayores de 65 años más que las que fallecieron en el año 2023. En términos de la misma fuente oficial, hubo en ese segmento etario una sobretasa de mortalidad de algo más que el 9%.

“Uno debería preguntarse qué evento sucedió para que haya tantas muertes de más —señala Oscar Atienza, magíster en Salud Pública y docente de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba—. ¿Hubo un brote de gripe más grande que lo usual? No. ¿Hubo algún episodio epidemiológico, como en su momento fue la pandemia, que pudo haber impactado en las estadísticas? Tampoco. Lo que hubo de diferente —se contesta— fue ausencia de medicamentos. PAMI se retrasó en los pagos y las pequeñas farmacias dejaron de entregar remedios. Las grandes farmacias, que podían sostener la entrega, solo se encuentran en los centros urbanos importantes, pero no en las pequeñas ciudades. Hay que tener en cuenta que ese aumento de muertes se da en un grupo etario que, en general, tiene enfermedades crónicas y son polimedicados. En esos casos, dejar de tomar un medicamento o hacerlo de manera alternada puede costar la vida”.

no quieren remediar

Si como dice Atienza el catalizador de las muertes de mayores de 65 años fue la reducción del consumo de medicamentos, para cuando se publiquen las estadísticas de 2025 hay que esperar peores noticias. A partir de diciembre de 2024 el Gobierno restringió la provisión de medicamentos gratuitos a los afiliados al PAMI. Solo la sostuvo para aquellos que no se encuentren en ninguna de estas situaciones: contar con ingresos iguales o superiores a 1,5 haberes mínimos, poseer más de un inmueble, tener un auto de menos de diez años de antigüedad o ser afiliado a un servicio de medicina prepago. Basta cumplir con una sola de esas variables para perder el derecho a la gratuidad de medicamentos.

Recién la última semana de marzo de este año, el Poder Judicial ordenó retrotraer la medida y restituir la provisión de medicamentos gratuitos a todos los jubilados. La pregunta es si el Gobierno cumplirá con el fallo o se hará el distraído, tal como sucede con la Ley de Emergencia en Discapacidad o de Financiamiento Universitario. Desde abril la reducción de distribución de medicamentos gratuitos ya no concierne solo al PAMI. En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el director nacional de Medicamentos, Luis Gorostordoy, anunció la reestructuración —casi el cierre— del Programa Remediar, que había sido implementado en 2002 y se había convertido en una política de Estado que atravesó a las distintas gestiones desde entonces, sin importar el color partidario.

El Remediar garantizaba el acceso gratuito de 79 medicamentos esenciales a personas sin cobertura de salud, distribuyéndolos en botiquines a más de 8100 centros de atención primaria del país. Cubría cerca del 80% de las prescripciones de las consultas básicas. Ahora, según el anuncio del funcionario, solo se mantendrá la distribución de tres remedios. Desde que asumió la gestión libertaria, este programa viene padeciendo un sistemático ajuste. Un informe de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud señala que ya en 2024 se había distribuido un 46% menos de botiquines que en 2023 —de 258.653 se redujo a 137.792—, profundizando su reducción en 2025 hasta anunciar prácticamente su cierre este mes. Esto concluye el informe: “La eliminación no solo debilita la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, sino que traslada el problema a las provincias y, en última instancia, a los propios pacientes”.

María José Luzuriaga, integrante de la Red, agrega un elemento que suele pasarse por alto en los análisis: “La entrega gratuita de los medicamentos, además del beneficio económico para los pacientes, trae como efecto la vinculación de las personas con el sistema de salud, lo que permite prevenir, detectar y hacer seguimiento de las enfermedades. Es probable que haya personas que, a partir de esta medida, dejen de acercarse a los centros de salud”.

Además de los medicamentos, Atienza menciona otro factor que coadyuva a acortar la esperanza de vida de los mayores de 65 años que, si bien no es nuevo, se profundizó en los últimos tiempos: el fuerte deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones no solo conspira contra la provisión de medicamentos sino también contra la buena alimentación, necesaria siempre pero más aún en una población con enfermedades crónicas cuya atención implica cumplir con dietas muy precisas. Además, agrega el médico cordobés, la dependencia familiar para subsistir genera una angustia y un estrés que muchas veces se paga con el deterioro físico.

Carlos Leveau, docente de Universidad Nacional de Lanús, investiga cómo reaccionan las estadísticas vitales durante las crisis económicas y ajuste permanente: “Al revés de lo que muchas veces se cree, durante las crisis disminuyen las tasas de decesos. Cuando hay menos actividad económica se produce menos movilidad en las calles y eso disminuye accidentes; también hay menos consumos que dañan la salud, como el alcohol o el tabaco. La gente está más encerrada, hay menos contagios”.

Leveau señala que las variaciones de las tasas de mortalidad suelen ser multicausales. Cuando hace doble clic para indagar por qué aumentaron los decesos de los mayores de 65 años advirtió que crecieron notoriamente las muertes a causa de la neumonía y la influenza. “Estos incrementos pueden estar reflejando una disminución de la cobertura de vacunación, por un lado por falta de disponibilidad de vacunas, y por el otro por una tendencia al rechazo que se da en el último tiempo”.

solo los chicos

Si se toma el otro extremo de la pirámide poblacional, las cifras también son alarmantes. El Anuario Estadístico 2024 señala que aumentó la tasa de mortalidad infantil, es decir, la cantidad de niños que mueren antes de cumplir el primer año de vida. Ese índice, que venía en franco descenso desde 1990, se incrementó de 8/1000 en 2023 a 8,5/1000 en el primer año completo de la gestión de Javier Milei. La suba de 0,5 puntos representa un crecimiento del 6,25% interanual y constituye el mayor aumento desde 2002, cuando el país estaba sumergido en una profunda crisis social, económica y política.

El aumento de la tasa de mortalidad infantil resulta doblemente preocupante, no solo por el cambio de la tendencia que venía en un pronunciado declive desde hace tres décadas, sino porque en casi todos los países de la región y del mundo, cualquiera sea su nivel de desarrollo, es un índice que tiende a la baja.

“La mortalidad infantil constituye uno de los indicadores más sensibles y robustos para evaluar las condiciones de vida de una población y el desempeño de las políticas públicas, en particular las sanitarias, sociales y económicas. Su evolución no solo refleja la calidad y accesibilidad de los servicios de salud, sino también el grado de desarrollo, la equidad social y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos, especialmente a los sectores más vulnerados”, subraya un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria que, además, concluye: “El aumento registrado en 2024 no puede ser interpretado como un hecho aislado o coyuntural, sino como una señal de alerta temprana sobre las consecuencias sanitarias de un contexto de ajuste económico, retracción del Estado y debilitamiento de las políticas de cuidado”.

La medición de la mortalidad infantil está conformada por dos subíndices: las muertes ocurridas dentro de los primeros 28 días de vida (mortalidad neonatal) y las acontecidas desde de la quinta semana hasta el primer cumpleaños (la mortalidad posneonatal). El Anuario de Estadísticas Vitales permite determinar que mientras el valor de la mortalidad posneonatal se mantuvo estable, la neonatal aumentó un 10% en 2024 en relación con 2023. “En la mortalidad de niños menores a 28 días prevalecen aquellas causas vinculadas con los problemas congénitos y con la accesibilidad y atención de la salud de la madre y del recién nacido. Es decir, el acceso a controles del embarazo y al cuidado de la salud de la persona gestante resultan fundamentales para evitar defunciones neonatales”, agrega el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.

Tras esta afirmación alerta sobre el debilitamiento en los últimos dos años de políticas de salud perinatal que incluían provisiones de insumos críticos para la atención durante el parto, los primeros tiempos de vida y el desarrollo de redes de atención para patologías de alta morbilidad. La Fundación menciona, a modo de ejemplo, la desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas —una de las principales causas de mortalidad infantil—, la discontinuidad del Programa Sueños Seguros —que proveía moisés de piso para la prevención de muerte súbita del lactante— y la suspensión de la entrega de medicamentos críticos por parte del Ministerio de Salud de la Nación a las subjurisdicciones, como el surfactante pulmonar (utilizado para la atención de patologías respiratorias de los recién nacidos prematuros), tratamientos para la toxoplasmosis congénita o gammaglobulina antiRH, entre otros insumos. “En todos estos casos, la redefinición de las responsabilidades nacionales y provinciales no fue planificada, generando quiebres de stock y quedando a cargo de las jurisdicciones las compras de emergencia de estos insumos y generando un escenario de fragmentación e inequidad según la zona geográfica donde se producen los nacimientos”, amplía el trabajo de Soberanía Sanitaria.

Según la información oficial, en 2024 hubo, en cifras absolutas, 3513 muertes de menores de un año. Las provincias con índices más preocupantes fueron Corrientes (14 muertes cada mil niños nacidos vivos), Chaco (11,8/1000), La Rioja (11,7/1000) y Formosa y Santiago del Estero (10,7/1000). Todas superan ampliamente el promedio nacional. “Las provincias más pobres presentan los peores índices —describe Atienza—. Son aquellos distritos donde más impacta la desfinanciación del Estado y el cierre de campañas de prevención coordinadas desde el Ministerio nacional. Se trata de programas muy complejos que a las provincias, cada vez con menos recursos, les cuesta mucho mantener”.

Hay otro índice negativo que dialoga directamente con la mortalidad neonatal: en 2024 —siempre de acuerdo con las estadísticas del Anuario de Estadísticas Vitales— murieron en Argentina 183 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, mientras que el año anterior habían sido 147. Hay que tener en cuenta, además, que en 2024 hubo 50 mil nacimientos menos que en 2023. La razón de mortalidad materna, entonces, pasó de un año a otro de 3,3 muertes cada diez mil partos a 4,4. Es la cifra más alta desde 2010, exceptuando el tramo de la pandemia. Otra vez, las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero muestran valores que más que duplican al promedio nacional.

Según la información oficial, el 60% de las muertes maternas ocurrieron por lo que técnicamente se denomina “causas obstétricas directas”. En una entrevista concedida al portal Chequeado.com, la directora ejecutiva del Centro de Estudios del Estado y la Sociedad (CEDES), Mariana Romero, explicó que “las muertes maternas, sobre todo las de causas obstétricas directas (hemorragias, infecciones, trastornos hipertensivos), son las que dependen de la alarma y desempeño del sistema de salud y sus recursos humanos para poder ser evitadas”.

Teniendo en cuenta que en números absolutos el crecimiento se corresponde con un número de casos acotados (36 muertes más de un año contra otro), habrá que esperar las estadísticas de 2025 para saber si el aumento de mortalidad materna se trata de una tendencia o una excepción. Pero observando un contexto de múltiples índices sanitarios que empeoran, las hipótesis de los especialistas no son optimistas.

riesgo de subregistro

No solo en los sectores más vulnerables —bebés, parturientas y mayores de 65 años— crecieron los índices de mortalidad. También en segmentos etarios presuntamente más sanos. La cantidad de argentinos de 35 a 39 años que murieron aumentó de 4467 en 2023 a 4892 en 2024. La tasa de mortalidad de ese segmento, que se mide cada mil habitantes, pasó de 1,71 a 2,01 de un año a otro.

Atienzo, el magíster en Salud Pública, se pregunta cuánto influye en estas estadísticas el cada vez más frecuente cobro de coseguros en las obras sociales para la atención médica y la realización de estudios. La última Encuesta Nacional de Inquilinos, realizada por la organización Inquilinos Agrupados, publicada en marzo de 2026, señala que el 48,4% de quienes respondieron el cuestionario aseguró haber reducido gastos en salud para poder afrontar el alquiler mensual de la vivienda.

En términos proporcionales, en el segmento de adultos de 35 a 39 años, también llama la atención el aumento de la cantidad de suicidios: pasaron de 272 en 2023 a 337 en 2024. Leveau, el investigador de la Universidad de Lanús, señala que es posible que este aumento sea aún mayor debido a la evolución de lo que el Anuario de Estadísticas Vitales clasifica como “muertes por lesión de intención no determinada” (MLIND). “Esta tasa —dice— pasó de 4,6 a 8,4 muertes cada cien mil habitantes (se duplicó). Y dentro de las MLIND, las muertes cuyo mecanismo fue ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación pasaron de 558 a 1361 entre 2015 y 2023. Esta tendencia sugiere que quizás una parte importante de estas muertes —de intención no determinada por ahorcamiento— deban ser consideradas suicidios”.

la provincialización

La debacle en los índices del sistema sanitario excede las estadísticas vitales. En estos años, también, aumentaron las enfermedades de transmisión sexual —con récord histórico de la sífilis—, así como otras que desde hace mucho tiempo estaban a raya, como el sarampión, la lepra y la tos convulsa. En este último caso, según el Boletín Epidemiológico 796 de febrero de este año, durante las primeras seis semanas de 2026 se produjeron 153 contagios, un 3705% más que la mediana entre 2021 y 2025. Solo el año pasado, hubo 11 muertes por esta enfermedad, un escenario desconocido en lo que va del siglo.

Los especialistas atribuyen estos aumentos al pronunciado descenso en las tasas de vacunación, que en los casos de los niños de 5 años descendió —según datos oficiales— hasta el 46%, una cifra difícil de explicar en un país como la Argentina, que fue modelo internacional por sus altísimas tasas de cobertura.

El descenso de las tasas de vacunación en el país comenzó a darse de manera marcada, según un informe del CELS, a partir de 2015 y se produjo un quiebre histórico en 2020, con la pandemia. Desde entonces, todas las vacunas están lejos del 95% de cobertura que recomiendan los organismos internacionales para evitar brotes.

“Tras el impacto inicial de la pandemia, la Argentina no desplegó campañas de recuperación sostenidas, masivas y persistentes que permitieran recomponer las coberturas perdidas”, señala el CELS, y entre los factores que abonan la disminución de la cobertura marca el abandono escolar temprano (las instituciones escolares son uno de los principales centros de monitoreo de la salud infantil), la disminución de campañas sanitarias informativas, la sobrecarga de tareas que recaen en las mujeres (principales encargadas de las labores de cuidado) y el retiro del Estado tanto de la provisión como de la promoción de vacunas.

Milei asumió con la famosa motosierra en la mano y realizó un profundo ajuste en el Estado. Si bien, según los datos oficiales que provee el portal presupuestoabierto.gob.ar, el porcentaje del PIB destinado a la función Salud se incrementó en la gestión libertaria en comparación con el último año del mandato de Alberto Fernández (del 3,71% en 2023 al 5,72% en 2026), el presupuesto específico del Ministerio de Salud, que es el encargado de fijar e implementar las políticas sanitarias federales, disminuyó notoriamente. De acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2023 y 2024, el presupuesto ejecutado de esa cartera registra una caída real del 31%. En 2025 se observa una nueva reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% con relación al inicio del mandato. “La reducción del gasto —agrega el documento— se ve agravada por una subejecución persistente de los créditos vigentes, particularmente en partidas vinculadas a la atención directa, al sostenimiento de efectores públicos y a la provisión de bienes y servicios esenciales. Esta dinámica contribuye a desarticular políticas sanitarias nacionales y a trasladar crecientemente responsabilidades a las provincias”.

Guillermo Francos, cuando aún era jefe de Gabinete, señaló en una entrevista a Infobae del 13 de octubre de 2024, que la intención del Gobierno nacional era transferir los hospitales nacionales a las provincias. “La salud es una responsabilidad local, que se hagan cargo”, dijo en la única declaración explícita sobre cuál es la intención oficial acerca de la política sanitaria. Las primeras estadísticas que se conocen del gobierno de Milei en la materia sintonizan con esa desresponsabilización. “Creo que eso sucede porque este gobierno no tiene un plan de salud —señala Atienza—, lo que busca es que se deteriore el sistema público para generar malestar y que haya un trasvasamiento hacia un modelo privado, como el que tiene Estados Unidos, con un sistema de seguros de salud, donde el Estado nacional se desentienda de la cuestión”.