El dirigente radical Leandro Santoro presentó ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) una denuncia contra el ex Ministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti, por posibles vinculaciones delictivas entre una emisión de bonos en 2010 y un poder para administrar una cuenta secreta suiza en igual período, según se conoció tras la filtración de los Panamá Papers. Desde la Procelac el expediente fue remitido al juez federal Sebastián Casanello, quien ya interviene en maniobras vinculadas. La investigación recibió un espaldarazo mediático al ser publicada en la tapa del diario Página 12 este último domingo, y puede truncar la carrera política del ahora Intendente de Lanús. En este artículo se abarca la acusación en todas sus dimensiones pero el foco está puesto sobre un nuevo dato, aún inédito, para intentar comprender por qué la tramitación de la empresa panameña que administró Grindetti se realizó a través de una consultora financiera uruguaya.

La trama evasora

Entre los papeles que revolucionaron el avispero económico internacional a comienzos de abril apareció documentación referida a vinculaciones del actual intendente de Lanús con una firma anónima con sede en Panamá denominada Mercier International S.A. La particularidad del caso Grindetti es que también emergió un poder a su nombre para operar en el banco Credit Suisse otorgado en las mismas fechas en que la Ciudad de Buenos Aires estaba emitiendo unos polémicos bonos de deuda internacional, justamente a través de ese banco suizo. Había, además, otro intermediario involucrado que resultó ser un aportante a las campañas políticas de Mauricio Macri: Edgardo Srodek.

Tras un largo silencio, el ex hombre de SOCMA sorprendió con declaraciones poco convincentes: “Excede a los temas de Lanús y, en todo caso, es un tema mío personal con la justicia”, dijo a mediados de abril. Luego agregó que “es una cuestión personal que no tiene vinculación ni la puede tener con un bono oficial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Mercier International es una empresa fantasma. Fue creada el 19 de mayo de 2010 en Panamá y todavía figura como vigente en los registros internacionales. A pocas semanas de su creación, dos de sus directores firmaron un poder para que Néstor Grindetti pudiera operar en el banco Clariden Leu, empresa bajo control del Credit Suisse encargada de hacer private banking. Esos dos directores firmantes confirman que la empresa es un espejismo: un tal José Jaime Melendez, que figura como cabeza de otras 802 compañías, y Jaqueline Alexander que dirige 8.627 firmas. Nombres tapan otros nombres.

Coincidentemente, en ese mismo semestre de 2010 la Ciudad de Buenos Aires, con Grindetti al frente de Hacienda, emitía el bono Tango 08 a través de un consorcio entre el Credit Suisse y la financiera KBR. La similitud en las fechas y los operadores se suma a las denuncias que por aquel entonces se habían realizado contra la emisión de este bono por diferentes razones, tales como el excesivo porcentaje de comisión erogado, la alta tasa de colocación (12,5%) y la obtención de fondos públicos para obras que ni siquiera estaban licitadas aún.

La emisión de estos títulos de deuda pública por unos 475 millones de dólares se concretó entre el 29 de marzo y 6 de abril de 2010. El Credit Suisse tomó la deuda emitida por la Ciudad y salió a ofrecerla en el exterior, por lo que a cambio se le pagó una comisión por su operación del 0,75% del monto total. O sea unos 3.562.500 dólares.

Además, se acordó un 1,25% extra de comisión por el “servicio de organización”, según se desprende del prospecto de los bonos, que se pagó al Credit Suisse, pero también a la firma KBR Corporate Finance Ltd., que era representada en la Argentina por Edgardo Srodek, ex aportante a la campaña de Macri y operador del Pro en la Provincia de Buenos Aires. En este caso, la tajada fue de 5.937.500 dólares, de los cuales 3,29 millones quedaron en manos de Srodek.

Otro dato llamativo es que KBR Corporate Finance abrió también una representación por esa fecha en Delaware (uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo, ubicado en Estados Unidos) y en New York. Es decir que a pocos días de cerrar el negocio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, KBR compuso una firma en un paraíso fiscal que prácticamente coincide con la fecha de apertura de Mercier en Panamá.

Quiero el más caro

En total, la comisión del 2% de la operación fue de 9,5 millones de dólares: unas ochos veces más de lo que la Ciudad hubiese pagado si aceptaba otras ofertas. Según consta en un duro informe de la Auditoría General porteña, además de la opción del Credit Suisse, Grindetti recibió las propuestas del J.P.Morgan, el Deutsche Bank, el City y el EMT Emerging Market Services. Todas ellas contenían comisiones menores, siendo la más baja del 0,25%.

En ese entonces, el funcionario del Pro sostenía que el Credit Suisse le había garantizado 135 millones de dólares, más allá de la suerte de los bonos. Pero eso tampoco figuraba en el contrato que luego se firmó, de acuerdo a la denuncia judicial que encaró la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “¿Acaso ese argumento relativo al compromiso de suscripción fue utilizado como un velo legitimador de una irregular y direccionada contratación que beneficiaba a Srodek, e indirectamente, a los funcionarios locales?”, se pregunta la presentación realizada ante la Justicia por la ACIJ.

La denuncia contra Néstor Grindetti, contra el Director General de Crédito Público, Abel Fernández Semhan, y también contra Edgardo Srodek, director de KBR, los acusaba de los delitos de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La Suiza de América

Hay tres puntos de esta madeja geográfica que tienen una conexión obvia. La Ciudad de Buenos Aires, donde Grindetti conducía el Ministerio de Hacienda; Panamá, donde se registró Mercier International S.A.; y Suiza, donde está la sede central del Credit Suisse y sus ramificaciones. Sin embargo, hay una cuarta escala que puede echar luz sobre esta historia de ocultamiento y opacidad: Montevideo.

La tramitación de Mercier se realizó a través del Estudio Chadicov, una consultora financiera ubicada en la capital uruguaya que no da a conocer los nombres de sus clientes “por política de privacidad y confidencialidad”. Entre los principales servicios que ofrece se encuentra la creación de “sociedades de Zona Franca y jurisdicciones Off Shore”. Según ellos mismos venden en su propia web, se encargan de la “tercerización de la administración de la sociedad, incluyendo domicilio fiscal” y la “representación de los Accionistas y/o Directores de la sociedad”.

Ese fue el intermediario que dio creación a Mercier de acuerdo a los documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Pero, ¿por qué la triangulación a través de Montevideo? Veamos una hipótesis.

Como se sabe, la firma Mercier panameña emitió un poder para que Grindetti pueda operar desde el 15 de julio de 2010 hasta igual fecha de 2013 en el Clariden Leu AG. Actualmente este banco no existe, porque fue definitivamente absorbido en 2012 por su grupo financiero controlante: el Credit Suisse (CSFB). Pero hasta entonces era reconocido a nivel mundial por ser uno de los tres operadores de private banking suizos más importantes, con representaciones fantasmas dispersas por todos los continentes. Y Buenos Aires no era la excepción.

Con el cuit 30-70940340-7 se inscribió ante la AFIP el 19 de septiembre de 2005 la firma Clariden Leu (Agentina) S.A.”. Según se especuló en ese momento, el objetivo era intentar morder una parte del gran movimiento financiero que representó el canje de deuda encarado por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. De hecho, fueron largamente difundidos por el Ministerio de Economía los informes del Credit Suisse en los que recomendaba a los inversores que ingresen al canje porque resultaría conveniente en un largo plazo.

Pero todo empezó a desmoronarse en el 2009. Su domicilio fiscal declarado al momento de la inscripción fue el tercer piso del Edificio República, aquel que alguna vez fuera sede del banco de Raúl Moneta. En rigor, en ese piso atiende el Estudio de abogados Beccar Varela, que tiene como clientes a los principales actores económicos del país y, especialmente, al mundillo financiero local y externo: El Citi, Galicia, Itau, Merrill Lynch, J.P.Morgan y, hasta hace unos años, también el Clariden Leu. Naturalmente, se trata solo de un domicilio fiscal, porque sus oficinas operativas no estaban declaradas.

Existe un informe anual del banco de 2008 en el que menciona su presencia en Buenos Aires al 800 de Carlos Pellegrini. Pero todo pareciera indicar que el verdadero lugar de reunión era en las Torres Catalinas Norte, en Retiro. Allí el Clariden recibía a los empresarios, luego de tentarlos con “oficiales de cuenta” que circulaban por donde circula el dinero: partidos de polo, cenas de hotel y mesas de juego. Estos datos y especulaciones se conocen porque en 2009 (unos meses antes de que la Ciudad firmara la emisión de los primeros bonos del Credit Suisse con KBR) estalló en el mundo la estafa de Bernard Madoff, que a nivel local tuvo a Carlos Ávila como uno de sus víctimas. El dinero del empresario de medios, y de otros tantos, fue recogido en el país por el Clariden con la promesa de llevarlo a un fondo de inversión internacional con rendimientos que superaban la media. En total, se habían recolectado 500 millones de dólares de argentinos para participar de este negocio, que luego terminó en una de las estafas mundiales más grandes de la historia.

Para el Clariden fue un golpe fuerte. Markus Willi era en ese momento la cabeza del banco en América latina. Su plan era sostener la oficina de Buenos Aires y expandirse a Chile y Perú, pero fue quedando trunco a medida que el caso Madoff iba ganando centímetros en los diarios. Y acá es donde se establece el primer puente entre Buenos Aires y Montevideo: los damnificados denunciaban que “la entidad sigue operando actualmente desde Montevideo”. Incluso uno de los estafados, sin identificarse, le confirmó al Cronista que Markus Willi “se encuentra en Uruguay” y que se especulaba su viaje a Argentina para intentar cerrar la herida Madoff.

En resumen, al momento de concretar la emisión de las series de bonos Tango 7 y 8 por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Clariden Leu sí mantenía actividad en el país, pero su base de operaciones se encontraba en Montevideo, dado que la estafa Madoff lo había corrido de la city porteña. Y es justamente un estudio de asesoría financiera ubicado en Montevideo, el Chadicov, el que se desempeña como mediador para la creación de Mercier International en Panamá y para otorgar a Grindetti el poder para operar en el Clariden.

Los tangos de Mauricio

Además de la serie 8, la Ciudad también emitió junto al consorcio del Credit Suisse y KBR el Tango 7, en diciembre de 2009, por 50 millones de dólares, ambos con una tasa del 12,5% anual. El destino debía ser exclusivamente la expansión de la Líneas A, B y H de Subterráneos, pero se torció en el camino. El dinero terminó de ingresar a las arcas del Banco Ciudad el 28 de mayo de 2010 (nueve días después de la apertura de Mercier International en Panamá). En pesos, representó 1.830,15 millones.

La Auditoría General de la Ciudad presentó en 2014 un informe sobre la deuda pública durante 2010 donde trata largamente esta emisión de tangos. Allí describe que a cuatro meses de la colocación del bono, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a destinar “transitoriamente” los fondos para otros destinos: Mantenimiento Urbano Integral, préstamos a la empresa AUSA, infraestructura del Ministerio de Educación. En concreto, las transferencias para inversiones en “Expansión Red de Subterráneos” en ese momento fueron de 450 millones de pesos; es decir, menos del 25% de lo que ingresó por el bono Tango 8.

El trabajo de la Auditoría podría completarse con la denuncia judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien advirtió que “se obtuvo una cantidad de dinero que no tenía manera de ejecutarse en los trabajos antedichos, lo que generó que fuera “reinvertido” en actividades financieras poco rentables a la luz de los altos costos que ya tenía la emisión”.

“Sólo después de estar cuatro meses ‘invertido’ en LEBACs y en un plazo fijo, ante el escandaloso manejo financiero, el Poder Ejecutivo local pidió a la Legislatura autorización para destinar esos fondos al financiamiento de AUSA y obras en el ámbito educativo”, se agrega en la denuncia. Hasta entonces, ese dinero mantuvo inactivo –producto del inexplicable apuro por la colocación de deuda con el Credit Suisse y con KBR–, 600 millones en LEBACs y otros 1.200 millones en un plazo fijo en el Banco Ciudad a una tasa de interés anual del 6,5%. La mitad de lo que pagaba el bono. ¿Impericia y dejadez en el gobierno de los CEOs? ¿O un episodio más del ya legendario robo para la corona?