Iron Mountain, una corporación norteamericana dedicada a la guarda y depósito de archivos sensibles radicada en Boston, fue fundada en 1951 por Herman Knaust, un productor de hongos que vio su oportunidad durante la guerra fría. Fogoneado por la paranoia anticomunista, Knaust pensó en proteger información corporativa de ataques nucleares y otros desastres. En la actualidad sus prestaciones alcanzan a más de 156 mil clientes en América del Norte, Europa, América Latina y Asia. Según consta en su página web, ocupa el puesto 721 en el ranking de las mil empresas estadounidenses de mayores ingresos elaborado por la revista Fortune. Desembarcó en Argentina en el año dos mil tras adquirir y fusionar a CADA Storage con Box Security, empresa que venía ofreciendo el mismo servicio. Desde entonces el 98,8 por ciento de la subsidiaria argentina es propiedad de Iron Mountain South America LTD, que en 2013 se trasladó a Luxemburgo, uno de los más populares paraísos fiscales del planeta.

En la ciudad de Buenos Aires, Iron Mountain posee dos depósitos operativos. Su central está en Parque Patricios, sobre la avenida Amancio Alcorta 2482. Se trata de un predio de 12 mil metros cuadrados, de los cuales 3600 corresponden a oficinas. Allí tiene espacio para almacenar hasta cinco millones de cajas. En 2006, tras importantes reformas, la reinauguración del predio fue premiada con la hermosa presencia de funcionarios del Ejecutivo Nacional y del gobierno de la Ciudad; la estrella fue Daniel Scioli. A partir de ese año comenzó a funcionar, sin habilitación municipal. Recién en 2008 la solicitó, pero le fue denegada. En 2010, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se la volvió a rechazar. El 17 de marzo de 2015 el edificio fue clausurado por disposición de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control. Pero, en un curioso olvido, la administración de Mauricio Macri no publicó la disposición de clausura en el Boletín Oficial. De haberlo hecho se deberían haber dado de baja los contratos que su gobierno mantenía con la empresa de gestión y custodia de archivos.

El segundo depósito, ubicado en la calle Jovellanos del barrio de Barracas, fue el que ardió bajo las llamas el cinco de febrero de 2014, dejando como saldo la muerte de diez servidores públicos. El predio cuenta con más de cinco mil metros cuadrados que ocupan casi media manzana, techos de chapa galvanizada a dos aguas y una altura de catorce metros en ciertos tramos.

Según el expediente judicial, a las 7:54 se activó la alarma contra incendios en el depósito de la calle Azara 1245. Un hombre de seguridad y una empleada de limpieza se acercaron a constatar si había signos de fuego después de la primera alerta, pero no encontraron nada. A las 7:55 volvió a escucharse la alarma en otro sector. Nuevamente fueron a chequear y esta vez se toparon con llamas en el sector 7. A las 8:01 se detectó fuego en el sector 8. Pasados doce minutos se dio aviso a los bomberos. Las primeras operaciones fueron sobre Jovellanos, que era el sector más afectado. En el lugar también se presentó personal de Defensa Civil, del cuartel de bomberos voluntarios de la Vuelta de Rocha y Prefectura Naval Argentina. A las 09:03 comenzó el ataque más intenso al fuego, cuando los bomberos intentaron abrir el portón principal. Allí fue cuando una enorme porción del muro de ladrillo rojizo que estaba encima del acceso se derrumbó sobre el cuerpo de los servidores públicos. Las llamas alcanzaron más de quince metros. El calor era tal que hizo ceder el techo metálico de las naves 7 y 8. Las columnas que daban soporte a toda la estructura también comenzaron a flaquear.

Entre los escombros se encontraron los cuerpos sin vida del Comisario Inspector Leonardo Day, la Subinspectora Anahí Garnica, los cabos primero Eduardo Adrián Canessa y Damián Véliz, los agentes de bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, los bomberos Sebastián Campos y Facundo Ambrosi de la Vuelta de Rocha, y los rescatistas Pedro Baricola y José Méndez de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No fueron las únicas víctimas: dos años más tarde, en otro febrero, se suicidaron Diego Oneil, bombero de la Vuelta de Rocha, y Mario Colantonio, del escuadrón de San Telmo, quienes no pudieron soportar la muerte de su compañero Facundo Ambrosi.

el abogado del diablo

Han pasado tres años desde aquel tórrido febrero de 2014 y la causa sigue impune. No se sabe quiénes fueron los causantes del siniestro, ni se termina de confirmar la mecánica de los hechos. Hasta hace poco tiempo, la Fiscalía de Instrucción N° 37 ni siquiera tenía imputados. Pero si el expediente parecía una foto fija, no sucedía lo mismo con la fluida relación que mantienen el Gobierno de la Ciudad y la empresa. Iron Mountain todavía recibe millonarias exenciones impositivas solventadas por los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía más: el Banco de la Ciudad le confiará la guarda y custodia de su documentación, pese a que en marzo del 2016, por falta de un plano de habilitación y normas elementales de seguridad, fuera clausurado el depósito de Lugano donde reposarán los archivos públicos. La decisión, que sí fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de octubre pasado, así lo confirma: “Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la carpeta de compra Nº 22.462 que tramita la Contratación del Servicio de Guarda, Custodia y Administración de medios magnéticos por un periodo de treinta y seis meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por doce meses más a la firma IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A, sita en Azara 1245 CABA, por ser la menor oferta recibida y ajustarse en un todo a lo solicitado por el banco en el pliego de bases y condiciones particulares”.

Dos fuentes afirmaron que, al poco tiempo de ocurrida la tragedia, Iron Mountain comenzó a repartir dinero entre familiares, policías, bomberos y miembros de la justicia. Otros testimonios aseguran que el propio abogado querellante, Arce Aggeo. intenta por todos los medios dilatar la investigación. En su historial de defensas se encuentra el ex presidente Carlos Saúl Menem por contrabando de armas, y el ex Almirante Emilio Eduardo Massera en el juicio por el robo de bebés durante la última dictadura militar. Según Aggeo, recién hace unos meses se pudieron verificar las cámaras de seguridad que apuntaban al edificio. Las imágenes serían reveladoras aunque incompletas: minutos antes de que comenzara el fuego llega a la puerta del lugar un taxi del que se baja un hombre con un paquete; desde adentro le abren la puerta, permanece durante unos minutos, y luego se marcha. “No se lo puede identificar porque un árbol impide que se le vea la cara o la patente del auto”, sostuvo Arce Aggeo alimentando las intrigas sobre su rol como operador de la firma.

Las irregularidades son abrumadoras. Una fuente cercana a la causa declaró que “semanas previas al incendio no estaban operativos los tanques de agua”. La estructura edilicia había sido construida hace alrededor de un siglo, y no cumplía con varios requisitos básicos para habilitarla con el contenido de carga de fuego que iba a tener en su interior. Tampoco funcionaban la bomba ni los aspersores y las columnas no estaban revestidas con material ignífugo, según revelan los datos oficiales.

La última pericia realizada por la justicia el diez de agosto de 2016, bajo la supervisión de la Universidad Tecnológica Nacional, arrojó un resultado categórico: se trató de un incendio intencional. Había rastros de sustancias combustibles y el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados para originarlo. Ya en febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) habían arribado a la misma conclusión. Respecto al comienzo de las llamas, el informe aclara que “los ocupantes del edificio demoraron 17 minutos en acercarse al depósito 7, donde el sistema de alarmas señalaba la emergencia, y comprobar la situación crítica”. En relación al muro fatal que cayó sobre los bomberos y rescatistas, analiza que “las columnas siniestradas debían estar protegidas contra la acción del fuego, y no lo estaban”. Igualmente desprotegidas estaban las cabriadas (estructuras triangulares hechas de barras rectas) que sostenían el techo, y al dilatarse se derrumbaron sobre las columnas.

La Defensoría del Pueblo presentó el doce de mayo del 2015 los resultados de una inspección en la que se comprobó que había una “falta de controles de los organismos correspondientes sobre los depósitos, (que) agravaron las consecuencias del siniestro (…) Se informó la realización de inspecciones durante los años 2008, 2009, 2010; pero luego no se registró ninguna inspección hasta después del hecho”.

El organismo responsable de esta cadena de negligencias que precede al incendio y prosigue luego del mismo, garantizando impunidad a la empresa, es la Agencia Gubernamental de Control (AGC). El titular hasta diciembre de 2015 de dicha dependencia fue Juan José Gómez Centurión. Antes de pegar el salto al gobierno nacional como titular de la Aduana, el nuevo ídolo del negacionismo argentino desde que en el programa de un reputado oficialista republicano dijo que la dictadura no había reprimido de manera sistemática, fue denunciado por amenazar desde su perfil en Facebook al padre de Juan Matias Monticelli, bombero de la Policía Federal fallecido en la tragedia. El mensaje en el muro de Juanjo Malvinas, avatar del Centurión, decía: “me voy a encargar de vos, te aconsejo que no te ganes un enemigo peligroso”. Las pericias informáticas determinaron que el mensaje dirigido a Rolando Monticelli, también veterano de Malvinas, provenía del mismo IP de Gómez Centurión. En la interpelación realizada por la Legislatura, el funcionario excarapintada soltó que “la culpa la tuvieron los bomberos y no la falla en los controles estatales”. Los responsables de la muerte de los bomberos voluntarios eran ellos mismos. El rechifle fue general. Monticelli estaba presente ese día y recuerda que Gómez Centurión, finalizada la sesión, escapó por una puerta trasera de la sede legislativa. La sangre de los familiares de la víctima todavía hierve. Centurión aún no ha sido llamado a declarar pese a que la responsabilidad exclusiva de revisar las instalaciones para la prevención del fuego era del área que dirigía.

la conexión xeneize

El depósito de Barracas de Iron Mountain fue habilitado hace casi diez años por la gestión del entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman, un mes antes de que Mauricio Macri iniciara su primer mandato. El certificado de habilitación incluye el plano de ventilación mecánica, el plano de prevención contra incendio, y el certificado de inspección expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos, dependiente de la Policía Federal Argentina. No obstante, en 2008 el inspector Edgardo Castro clausuró el depósito. En la actualidad, Castro advierte que "la omisión de la clausura de Iron Mountain a pesar de que yo había hecho el pedido no fue un caso aislado, es un modus operandi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del entonces Ministerio de Desarrollo Económico, que estaba a cargo de Francisco Cabrera, hoy Ministro de Producción del Gobierno Nacional".

Entre las clausuras que Castro solicitó sin éxito se encuentra también la correspondiente a la firma Ramón Chozas, una gráfica de estrechos lazos con el macrismo. Y los laboratorios Beta. En 2007 y 2008 realizó una serie de cámaras ocultas para denunciar la corrupción oficial. Allí comprobó, a través de Fernando Cohen, subgerente de Seguridad e Higiene, que las disposiciones para completar los trámites de clausura a la empresa Beta se bloquearon porque en el directorio estaba un miembro del club Boca Juniors. Así testimoniaba Cohen en la cámara oculta: “Buscamos una solución, lo cerramos y le mandamos la multa, porque no lo íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabés de quién era (laborartorios) Beta? De (Gregorio) Goyo Zidar, el que era directivo de Boca, amigo de Macri. Llamó Macri en ese momento”. En su declaración testimonial ante la Dirección General de Sumarios en febrero del 2014, el servicial funcionario afirmó que entre el 2007 y el 2009 el galpón de Iron Mountain en Barracas no había sido inspeccionado. Actualmente, Fernando Cohen es el segundo en la escala en la Subsecretaría de Trabajo al mando de Ezequiel Jarvis. Este organismo realiza las inspecciones dinámicas para la protección de la vida de trabajadores y vecinos de Capital Federal.

Edgardo Castro nunca fue citado a declarar en la causa. Marcela Sánchez, la primera fiscal subrogante, desestimó su testimonio sin siquiera escucharlo y lo acusó de no haber hecho ninguna inspección en Iron Mountain en 2008. Sánchez es la esposa de José María Soaje Pinto, abogado de Clarín en Papel Prensa y representante de múltiples represores en juicios de lesa humanidad.

papeles familiares

La relación entre Iron Mountain y el macrismo es altamente friendly. La empresa continúa siendo parte del Distrito Tecnológico de Parque Patricios, pese a que sus servicios no tienen nada de tecnológico. En el padrón de empresas correspondiente a 2017, la compañía sigue disfrutando de la exención impositiva por contar con una sede dentro del área delimitada. También fue premiada por Mauricio Macri en 2009, por ser una de las tres primeras firmas en el Registro de Empresas TIC de la CABA. Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la Ciudad, que ocupó diversos cargos en el banco HSBC entre 1994 y 2007, fue el ideólogo del plan que otorgó exenciones impositivas a la empresa.

Pirovano, al igual que su jefe Francisco Cabrera, fueron ejecutivos de Máxima AFJP, la administradora de fondos de jubilación y pensiones del HSBC. El banco guardaba en el depósito de Barracas 25 mil cajas con archivos que se esfumaron bajo las lenguas de fuego justo en el momento en que había estallado el escándalo por las 4040 cuentas reveladas por el ex-informático Hervé Falciani. Más de una veintena llevaban el rótulo “lavado de dinero”, “lavado de dinero premier” y “blanqueo”. En las causas por evasión, la AFIP, la UIF y la Comisión Nacional de Valores le solicitaron documentación pertinente al banco. La respuesta oficial fue que “la documentación requerida se encontraba en Iron Mountain” y no contaban con una constancia de lo perdido, ni tampoco con un backup. José Sbatella, ex titular de la Unidad de Información Financiera, denunció que el verdadero motivo del incendio fue borrar los comprobantes de movimientos bancarios sospechosos.

Sideco Americana, una de las más grandes firmas de Franco Macri en el país, tenía entre las cajas quemadas una con el rótulo "Coimas Perú". Luego aclaró en la justicia federal que esa información se encontraría a salvo en otro depósito. También se supo que el Banco Interfinanzas guardaba documentación en el depósito mientras era investigado por lavado de dinero. El banco fue sorpresivamente adquirido en 2016 por Fabio Calcaterra, primo de Ángelo y Mauricio Macri.

La lista de empresas con material en custodia en el explosivo galpón incluye también a Cablevisión, Edenor, IRSA, Alto Palermo, Swiss Medical, Banco Patagonia, Banco Santander Río, Monsanto, Telered Imagen, Banco BNP Paribas, Deloitte, GlaxoSmithKline y Exxel Group, Pago Fácil, entre otras. Lo que se dice papeles familiares.

Hace unos meses los familiares de las víctimas le enviaron una carta al Papa Francisco. Trasmitían su desazón por la falta de justicia. El máximo líder de la iglesia católica en el mundo contestó que los acompañaba espiritualmente y que rezaran por él.