la sucesora

“Alejandra Monteoliva es un perfil técnico”, dicen quienes trabajaron con ella, mientras invariablemente le ponen comillas al sintagma final. También quienes no, pero conocen el multiverso de la gestión de Seguridad, quienes hoy tienen diálogo por el cargo que ocupa y quienes apenas la tienen de nombre. Casi nadie puede detallar de qué se trata eso, pero sí pueden hacerlo por oposición: no es un perfil político con identidad propia.

La ministra de Seguridad de la segunda etapa del Gobierno libertario llegó de la mano de Patricia Bullrich, su madrina. “¿Sigue todo igual en la calle con Patricia o sin Patricia?”, le preguntó Jonatan Viale a Monteoliva a solo tres días de su asunción. Contestó: “El equipo que coordina y orienta el protocolo antipiquetes se mantiene” y “se mantiene la convicción de profundizar y garantizar su cumplimiento”. No es posible predecir la conflictividad social que deberá enfrentar la ministra, aunque desde que empezó el año los empleados de las fuerzas de seguridad están movilizados: comparten carencias con aquellos a quienes tienen que reprimir.

mito de origen

Luego de egresar de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, la oriunda de Traslasierra migró a Colombia, donde hizo una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes. En su estadía también fue directora de la Carrera de Ciencia Política y de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Suele contar que, en 1996, fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una escueta nota sin firma publicada en La Voz del Interior en 2014 dice que los responsables fueron los integrantes del Frente 19 y que, junto con dos funcionarios colombianos, estuvo retenida casi un mes, en el que apenas la dejaban ir al baño. Tras intensas negociaciones, relatan, fueron liberados y aparece la cita de Monteoliva: “Estábamos en el lugar equivocado, fue un grave descuido. La policía de Colombia me salvó la vida”.

“No me gusta mucho ese tema, pero sí”, le dijo ya como ministra a Eduardo Feinmann en una entrevista en Radio Mitre. “¿Cuánto tiempo estuvo secuestrada?”, le repregunta. Ella balbucea, se ríe un poco e insiste: “Es un tema medio medio… no me gusta mucho ese tema. Pero para mí fue un punto de inflexión para dedicarme a la seguridad. Y acá llevo 28 años. Jaja”. En otra entrevista en Infobae lo insinúa, pero se vuelve a guardar los detalles. Tras la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela, dice:

Yo he vivido muy de cerca estas situaciones. Viví 18 años en Colombia y viví situaciones muy ligadas al secuestro.

¿A usted la secuestraron?

… sí. Hace treinta años.

O sea que sabe lo que significa eso.

Sí… sé… sé desde dónde hablo.

La historia tiene algunos baches. El Frente 19 “José Prudencio Padilla” se desempeñó en la región Caribe de Colombia. Tres personas desmovilizadas de las FARC que tuvieron cargos de responsabilidad, consultadas por el Mapa de la Policía, no recuerdan el caso. Uno de ellos enfatiza que si hubieran retenido a funcionarios públicos colombianos y a una extranjera en 1996 habría tenido alguna repercusión. Otro apunta que “de pronto podría haber caído en un retén” de algunas horas, pero no con las características que relata Monteoliva. Ninguno cree que haya sucedido.

En 2016, el Gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC y se creó el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que se recopilaron más de 9 millones de casos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, más de 100 mil homicidios durante el conflicto armado fueron denunciados y atribuidos a grupos guerrilleros (27% del total), lo que habla de un gran índice de reporte y participación de la sociedad en el registro, tanto en cuestiones leves como en las más graves. En el RUV, que no está publicado y al que se accedió para esta investigación, no aparece el caso de Alejandra Monteoliva ni por su nombre ni por su número de documento de identidad. Esto indica que, además del cruce de testimonios que ponen en duda su versión, la ministra solo denunció el asunto en los medios y, en el caso de ser cierto, no ejerció la responsabilidad cívica de aportar su testimonio en la búsqueda de la verdad.

El mito fundante de Monteoliva es una trayectoria que la lleva de víctima que busca justicia a combatiente del delito. Precisamente en Colombia hay un caso específico que la antecede: el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su padre, Alberto Uribe Sierra, murió asesinado en 1983 y su familia atribuye el homicidio a las FARC. La organización tampoco ha reconocido este hecho, pero Álvaro construyó la más sólida motivación ideológica en la lucha contra los grupos armados. Se trata de una práctica común en las doctrinas contrainsurgentes: el ethos del héroe, según Giohanny Olave en Aproximaciones retóricas al conflicto armado colombiano: una revisión bibliográfica. La búsqueda es que los ciudadanos y las ciudadanas perciban la superioridad moral y el triunfo ético y bélico del Gobierno por sobre la irracionalidad. Apuestan al dilema que plantea la pregunta implícita: ¿quién tendría más legitimación para el uso de la violencia que quien la ha sufrido en carne propia?

En su paso por Colombia, lo que sí se sabe es que sumó algunos ítems importantes al currículum; entre ellos, que trabajó y se formó como discípula de Óscar Naranjo, excomandante de la Policía Nacional de ese país y una figura clave en la lucha contra el narcotráfico durante la presidencia de Uribe. Además, fue asesora en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

profeta en su tierra

Hay un hecho que marcó un quiebre importante en la enemistad que ya se gestaba entre la provincia de Córdoba y el kirchnerismo. Y, aunque Alejandra Monteoliva fue parte de esta historia, es un personaje olvidado.

Era 2013 y el peronista José Manuel de la Sota cursaba su tercer mandato como gobernador de la provincia. Juan “el francés” Viarnes, un detenido por la compra de un auto con dólares truchos, declaró una supuesta vinculación entre un grupo de policías y el narcotráfico local. Unos días después, Juan Alós, un oficial antidrogas, apareció muerto dentro de su auto con un disparo en la cabeza. A partir de este hecho, el gobernador les pidió las renuncias al ministro de Seguridad Alejo Paredes y al jefe de Policía, Ramón Frías.

La investigación estaba en curso, pero De la Sota necesitaba nuevos nombres para cubrir las vacantes de una fuerza desprestigiada, y Alejandra Monteoliva, siempre con un pie en la provincia, había acompañado la gestión de Paredes en el Ministerio de Seguridad. Fue presentada como un “perfil técnico” formado en Colombia —modelo de Seguridad que De la Sota tenía en muy alta estima— y que a esa hora se veía como una apuesta junto con el nuevo jefe de Policía, César Almada. Dos figuras con perfil bajo, con las que además se buscaba reconciliar a la sociedad con la policía provincial y a las que les quedaba en las manos una papa más que caliente.

Relata el investigador y conocedor de la seguridad de la provincia Dante Leguizamón en La Tinta que, durante los últimos años de la gestión anterior, había varios “negocios” que la policía de calle ejecutaba como complemento de sus sueldos y se cortaron luego del narcoescándalo y la llegada de la nueva cúpula. Monteoliva, cuentan, les puso fin.

Rápidamente, comenzó a gestarse el descontento de una tropa que no podía reclamar, pero que ante situaciones límite siempre tiene la posibilidad de agitar a través de sus familias. Quienes vivieron de cerca la situación coinciden en la misma lectura: tanto Almada como Monteoliva no dimensionaron la gravedad del malestar. Por ineptitud o falta de experiencia, les explotó el problema en la cara.

Los días más críticos fueron el 3 y el 4 de diciembre. Los agentes se acuartelaron en la sede del Comando de Acción Preventiva 5 y la calle fue tierra de nadie. Hubo dos muertos, 200 heridos y muchísimos saqueos. El documental La hora del lobo de Natalia Ferreyra relata cómo se vivieron esas dos noches en las que los vecinos, ante los reiterados robos, salieron a castigar con mano propia a motoqueros que, suponían, estaban delinquiendo —sin que importara que hubiera o no pruebas—. La anarquía sucedió en medio de un viaje de De la Sota a Colombia y, mientras se desataban verdaderas batallas campales en la noche de la ciudad de Córdoba, aparecían fotos del gobernador en un free shop de Panamá.

La disputa entre el Gobierno de la provincia y el de nación es conocida: De la Sota pedía a través de Twitter que la presidenta, Cristina Kirchner, enviara a Gendarmería y Nación no respondió. El revoleo de culpas signado por la grieta sucedió los días subsiguientes en los medios. De la Sota decía que la ministra Monteoliva había pedido ayuda y no había sido atendida; y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, decía que tenía Gendarmería a disposición pero nadie lo llamaba para intervenir.

Con el diario del lunes en la mano, algunos integrantes de distintos escalafones de la administración nacional de entonces responden en off que “nadie hizo un pedido formal”, pero otros reconocen que tampoco hubo una decisión política de ayudar. Hay cordobeses que hoy en día esperan una disculpa del kirchnerismo por lo que ocurrió aquellas noches. De cualquier manera, la ministra Alejandra Monteoliva tuvo que renunciar a menos de dos meses de su asunción.

el hada madrina

Luego del estrepitoso fracaso y hasta 2015, estuvo ausente de la escena política argentina, pero con el gobierno de Mauricio Macri volvió de la mano de Patricia Bullrich, quien daba los primeros pasos desde el poder en su propia doctrina: a una semana de asumir hizo su primer Consejo de Seguridad, donde planteó la primera versión del protocolo antipiquetes. Fue rechazada por los ministros de Seguridad provinciales por las dudas que generaba, por ejemplo, que no prohibiera las armas letales en las manifestaciones.

En ese contexto, Bullrich ubicó a Monteoliva en la Dirección Nacional de Estadística Criminal, un organismo responsable de centralizar, validar y analizar datos sobre delitos en el país a través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). La interpretación de este madrinazgo político tanto de propios como ajenos es la misma: funcionaba como cuadro profesional para espacios específicos donde Bullrich quería tener el control, pero que necesitaba más operatividad que rosca.

Exempleados del SNIC no mejoran su concepto. “No pensaba en mejoras y propuestas. Dejaba que todo funcionara y funcionaba mal. Ni siquiera se ocupaba de la cuestión política. No se destacaba en nada”, comenta uno. Pero las estadísticas criminales eran un asunto de interés para el macrismo porque permitían demostrar mejoras a partir de números. En definitiva, no eran cuestiones menores para nadie. La Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se nutre de los números salidos de ese sistema, que centraliza los casos a lo largo y ancho del país.

La primera estadística criminal que publicó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, finalmente, fue en 2017, cuando el SNIC ya había sido traspasado a la Secretaría de Seguridad Interior a cargo de Gerardo Milman. A Alejandra Monteoliva le habían quitado competencias, pero la sostenían en la subsecretaría de Seguridad como directora nacional de Información Operacional y Mapa del Delito y luego como directora nacional de Operaciones de Seguridad. Tal vez sean más largos los nombres de los cargos que la lista de actividades relevantes que ejerció en ellos. De cualquier manera, siguió hasta el final.

Su vuelta final al Ministerio de la mano de Bullrich sería en 2023, cuando le asignó la Secretaría de Seguridad. El salto fue descomunal, pasó a controlar todo lo que hacían las fuerzas. El puesto que ocupaba manejaba directamente la distribución territorial operacional. De registrar datos pasó a determinar adónde se va a ubicar un gendarme cuando va a territorios calientes del país. Mientras tanto, Bullrich tejía sus alianzas y conseguía la legitimación de sus lineamientos: mano dura y las calles liberadas a cualquier costo.

una interna más

Gracias al triunfo libertario en las elecciones de medio término, Patricia Bullrich logró ser senadora, un lugar que —con un número más favorable en los recintos— le permitió desplegar su esencia operadora. En su puesto dejó a su ahijada política, la siguiente en la línea sucesoria que continuaría su doctrina sin variaciones. O al menos esa era la intención.

Apenas asumió su cargo como ministra de Seguridad, inauguró una seguidilla de amenazas contra los migrantes a través de sus redes sociales. En el contexto de mayor violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), insistió en el anuncio que había adelantado su antecesora, una Agencia de Seguridad Migratoria. Incluso adelantó que Diego Valenzuela sería el responsable del organismo que finalmente nunca se concretó. Para esta nota, Valenzuela fue consultado acerca de si recibió alguna explicación sobre esta marcha atrás y su respuesta no despejó dudas: “No las necesito”. Por lo demás, los protocolos antipiquetes continuaron la línea de la violencia y garantizaron la represión necesaria para sancionar leyes como la reforma laboral, en la que hubo 24 detenciones y 562 personas heridas, según informó la Comisión Provincial por la Memoria.

Quienes caminan los pasillos de la Casa Rosada coinciden en que hay dos fuerzas poderosas dentro del Gobierno que no pueden enfrentarse directamente: Karina Milei y Patricia Bullrich. La secretaria general de la Presidencia, con su ya conocido temperamento protector de su poder y el de su hermano, tendría algunos rencores por el protagonismo legislativo que se atribuyó Patricia Bullrich luego de los triunfos en el Congreso en las sesiones extraordinarias de comienzos de 2026. Entonces el tironeo sería más o menos así: Bullrich propuso a Monteoliva para el Ministerio con la idea de no perder protagonismo en Seguridad, ya que como su sucesora no es una presencia política de peso podría ejercer una gestión extraministerial. Pero Monteoliva hoy se muestra más afín a Karina Milei, quien acepta ese acercamiento para sacar un poco a Bullrich del centro de la escena en el Gobierno nacional.

De todos modos, no parece ser suficiente para opacar la figura de Bullrich. Fuentes cercanas a los ministros de Seguridad de las provincias más pobladas aseguran que el diálogo político sigue siendo con la senadora, y que con la ministra se conversan cuestiones “operativas, de menor importancia”. Incluso exfuncionarios de Seguridad inflan la interna en el mismo sentido: “Alejandra no tiene nada que hacer al lado de Patricia que, aunque no estés de acuerdo, es un cuadro político. Capaz que es una buena mina, pero no la conozco”. “Me parece que políticamente no tiene cintura ni un juego político como Patricia”, coincide otro jugador del mundo de la seguridad que ahora mira desde el otro lado de la calle. En política, el on the record está reservado para situaciones más medidas o la nota en vivo, pero en este caso hay una insistencia en que no se haga “ni una mención ni una insinuación ni nada” sobre las identidades de los declarantes.

Al consultar con los que están de su lado, las respuestas no mejoran. Damián Arabia, exdirector de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en el primer mandato de Bullrich y ahora diputado, respondió con el tipo de halago que se parece a una crítica: “Siempre se destacó por ser una funcionaria muy técnica. Hoy es una continuidad del rumbo que claramente marcó Patricia. Sin demasiados sobresaltos, con un equipo parecido. Mucho más no te podría decir. No mucho más”. Luego, sobre los rumores de tensión entre la madrina y la ahijada, confirmó: “Son dos personas diferentes, así que que haya diferencias es lo natural. Pero la línea política del ‘el que las hace las paga’ es la misma”.

la papa otra vez caliente

El 19 de abril, el Día del Policía, Alejandra Monteoliva publicó en X: “A los hombres y mujeres que todos los días se ponen el uniforme para hacer cumplir la ley y el orden, y a todos aquellos que han caído en servicio, mi reconocimiento”. En los comentarios a ese posteo y a todos los que hace en Instagram se lee la bronca. Cientos de usuarios le reclaman por los sueldos y le recuerdan una y otra vez que los agentes cobran alrededor de 800 mil pesos por mes.

La situación es crítica en las fuerzas de seguridad, de acuerdo con la información recabada desde el Mapa de la Policía de fuentes abiertas, conversaciones con oficiales y educadores de futuros agentes. Los sueldos no alcanzan y los policías tanto como los integrantes de otras fuerzas de seguridad los complementan con largas horas de conducción gestionadas por aplicaciones de viajes y jornadas en las que prestan servicios en el ámbito privado.

Hay una necesidad imperiosa de políticas serias para la salud mental, que se ve reflejada, sobre todo, en los numerosos casos de suicidios que se reportan a diario en los medios y de los que todavía no hay una estadística clara. Un agente de la Policía Federal comentó que “muchos no quieren contar que están viviendo una situación difícil porque eso entra en los sumarios y hasta les pueden quitar el arma”. El tema se aborda entre compañeros. Como medida de emergencia, cuenta, los que tienen cargos jerárquicos intentan paliar la situación “hacia abajo” no exigiendo más horas de trabajo por la misma plata como les hacían antes sobre todo a los más jóvenes. El policía que se quitó la vida en la Jefatura de Rosario reactivó un conflicto que ya venía gestándose por reclamos salariales y laborales en Santa Fe, que derivó en retención de tareas y sirenazos durante dos días.

Alejandra Monteoliva, sostienen los críticos a su gestión, no puede hacer nada al respecto sin la decisión del Ejecutivo: “No tiene la capacidad de resolver la cuestión salarial y los problemas de desinversión. El problema hoy no es Monteoliva, es que este Gobierno no baja fondos para las fuerzas, y cada vez los necesitan más. Pero fijate que tenés marchas todos los días por IOSFA”, dice un funcionario provincial un poco hiperbólico respecto de las protestas en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, pero preciso respecto del panorama general.

La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal llevaron a cabo una manifestación el 2 de abril en las inmediaciones del Edificio Centinela en Retiro. “Queremos llegar a las máximas autoridades para decirles que estamos en una situación de emergencia. No puede ser que una fuerza del Estado esté en esta situación —se quejó un cabo de la Policía que aseguró estar cobrando un salario menor a un millón de pesos—. Es imposible continuar”, remató. Alejandra Monteoliva está en el medio de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich, pero ese no parece ser su problema central. De hecho, no se la ve incómoda jugando ese juego que por ahora —y como casi siempre— gana la secretaria general de la Presidencia. Pero las fuerzas de seguridad le están tocando la puerta otra vez, y sus antecedentes para controlar un polvorín policial ponen en duda lo que aprendió durante estos años. Por ahora cada movimiento, cada palabra y cada gesto suyo se recibe en las fuerzas como algo irónico, algo que de exagerado ya es una tomada de pelo. Y eso rara vez termina bien.