Cuando el 11 de abril de 2019 Julian Assange fue arrastrado por los agentes de policía ingleses fuera de la embajada de Ecuador en Londres, en su rostro eran visibles la descomposición del Estado ecuatoriano, el fraude de la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos y la disolución del proyecto europeísta. Días antes del Paro Nacional de Octubre de 2019 en Ecuador, sus pertenencias fueron presentadas en una audiencia reservada de la Fiscalía General del Estado en Quito. El abogado defensor de Assange, Carlos Poveda, abandonó la sala para no avalar la vista. La cadena de custodia vino rota desde Londres y nada aseguraba que esos objetos fueran del fundador de WikiLeaks.

“Las pertenencias de Assange fueron incautadas sin ninguna orden legal, nunca recibió una orden de expulsión, tampoco tuvo asistencia consular como exige la ley”, afirma Poveda, al frente del equipo de abogados coordinado por el jurista español Baltasar Garzón (ahora hospitalizado por coronavirus) para la defensa de Assange. “El trasiego de valijas diplomáticas entre Londres y Quito antes de la llegada de los peritos nos lleva a suponer que hay dos listas de las pertenencias de Assange: la oficial, para la Fiscalía ecuatoriana, y otra más importante solo para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, explica el abogado. En una de las listas tendrían que estar anotados los dos manuscritos que Assange preparaba al momento de su captura: un ensayo sobre WikiLeaks más ambicioso y detallado que Cypherpunks (2012), y su autobiografía, para contestar a Julian Assange The Unauthorised Biography (2011), entre otros relatos que, a su entender, lo agravian.

Ese mismo 11 de abril del año pasado, Jaime Merchán, embajador de Ecuador en el Reino Unido, destapó una botella de champagne para brindar con el personal de la embajada. En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, el canciller José Valencia fue ovacionado por asambleístas de las bancadas de Creo y el Partido Social Cristiano (PSC ), que hasta corrieron a abrazarlo. En cadena nacional, el presidente Lenin Moreno dijo que anulaba el asilo a Assange por la última publicación de WikiLeaks, las Pope Orders, ya que en teoría perjudicaban las relaciones del gobierno ecuatoriano con el Vaticano. Por su lado, los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos e incluso los ecologistas callaron ante la expulsión de Assange, y hoy solo algunos defensores de la libertad de expresión reclaman por su liberación y su salud (que, como la de tantos otros presidiarios británicos, también corre peligro por el coronavirus).

de correa a lenin moreno

El gobierno norteamericano siempre se ha negado a reconocer como verdaderos los cables de WikiLeaks de 2010. Y cuando los grandes medios impresos (The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País) empezaron a suprimir y modificar el material que Assange les entregaba, WikiLeaks también rompió la asociación con ellos.

Fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que le otorgó asilo político a Assange en agosto de 2012, cuando batallaba contra los latifundios mediáticos de la banca y los empresarios. Sin embargo, mientras que la diplomacia ecuatoriana creía que el asunto se resolvería antes de que terminaran las Olimpiadas de Londres de 2012, lo que ocurrió fue que el gobierno británico jamás le dio un salvoconducto y siempre amagó con invadir con la policía a la embajada.

En este contexto, el asilo para Edward Snowden, el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos que también reveló cómo funcionaban los sistemas de vigilancia masiva sobre la población luego de Assange, no llegó a concretarse en Ecuador por una llamada telefónica del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden, que amenazó a Correa con cortar el flujo de dólares que sostienen la dolarización de la economía. Biden lo volvió a llamar en 2016 por las filtraciones sobre el Partido Demócrata y Assange quedó incomunicado en Londres.

¿Pero el encono de Lenin Moreno contra Assange es resentimiento contra Rafael Correa y su movimiento? Mientras esta pregunta sigue su derrotero, demonizar a Assange ha sido la diversión de muchas redacciones ecuatorianas que publican información reservada de la Fiscalía sin que ni siquiera la conozca la defensa. Para eso se inventaron las paredes manchadas de heces, las fiestas y los lujos inexistentes de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Pero nunca hablaron de cómo la Cancillería evitó la visita del relator especial para la tortura de la ONU, Nils Melzer, ni de su informe sobre la manera en que cuatro países –Suecia, el Reino Unido, los Estados Unidos y Ecuador— se conjuraron para torturar psicológicamente al fundador de WikiLeaks durante sus siete años de confinamiento. Otro asunto acerca del cual tampoco se ha escrito es el intento de extorsión en España contra WikiLeaks: hubo un centro de espionaje en la embajada de Ecuador en Londres para vigilar a Assange. Undercover Global S. L., la empresa española de seguridad que custodió el edificio entre 2012 y 2018, y la empresa ecuatoriana que la sucedió, Promsecurity, grabaron con audio y video las 24 horas de la vida de Assange.

A pesar de todo esto, Assange sigue siendo ecuatoriano y por eso su defensa demandó en octubre pasado al gobierno de Lenin Moreno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Uno de los fundamentos del asilo político es la irrevocabilidad, por lo que su despojamiento destruye una tradición jurídica latinoamericana de protección a la disidencia en tiempos de proscripción.

El vals entre WikiLeaks y las fuerzas de seguridad estadounidenses arrastra una larga historia de conflictos, el último de los cuales es la publicación en noviembre de 2016 de una serie de correos electrónicos del equipo de campaña de Hillary Clinton. Assange no cedió al chantaje de Trump y publicó también las herramientas de hackeo de la CIA. Según Glenn Greenwald, director de The Intercept, muchos comentaristas de las principales cadenas estadounidenses son agentes de la CIA o del FBI, y fue su insistencia lo que instaló “la trama rusa” en el debate público, finalmente desestimada por un juez federal de Nueva York.

intervención militar regional 

Durante la campaña electoral de 2016, Lenin Moreno prometió que el asilo a Julian Assange se mantendría, aunque al mismo tiempo su equipo le ofrecía la cabeza del fundador de WikiLeaks a Paul Manafort, uno de los jefes de campaña de Trump. Pero las razones por las cuales el nuevo gobierno estaba dispuesto a violar las condiciones de su propio asilo político y ayudar a la Casa Blanca no solo tenían que ver con Assange, sino con el rol de Ecuador ante la nueva política exterior estadounidense.

“Lo que de verdad buscaban, además de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), era ser abducidos por el Comando Sur de los Estados Unidos. La meta es convertir al país en el eje de un posible conflicto regional sin una invasión directa de tropas norteamericanas”, explica Kintto Lucas, vicecanciller de Ecuador entre 2010 y 2012. En ese contexto, una base aérea como la que se está instalando en las Islas Galápagos no requiere de un gran despliegue de soldados, ya que el objetivo es desarrollar una guerra teledirigida. “Antes que combatir al narcotráfico, esa base protegerá a los paramilitares colombianos. Y desde allí despegarían también los drones que podrían atacar quirúrgicamente a Venezuela”, dice el vicecanciller.

El proceso en contra de Assange, mientras tanto, decidirá el futuro de la producción intelectual en el planeta. Si es extraditado a los Estados Unidos, sus abogados saben que la lucha se pondrá cuesta arriba. Será juzgado en secreto en la Corte de Alexandria, en el Estado de Virginia, sede de los servicios de inteligencia norteamericanos. En ese caso, el tribunal procesará a un imputado torturado y enfermo por 18 cargos de la Espionnage Act, una ley de 1917 que sirvió para diezmar al comunismo local. Sin dificultades, podría ser condenado a 175 años de cárcel. Al mismo tiempo, en la prisión de Belmarsh, donde Assange está ahora encarcelado, los guardias lo cambian de celda hasta cinco veces por noche y antes de entrar a sus audiencias de defensa es cacheado y desnudado otras cinco. Durante todas esas audiencias, fue alojado en una jaula de vidrio y no se le permitió sentarse junto a sus abogados ni hablar con ellos.

Por su lado, los fiscales estadounidenses no especificaron cuáles son las víctimas y los daños provocados por las publicaciones de WikiLeaks, mientras que la argumentación de la defensa británica de Assange se basó en la improcedencia de la extradición, al tratarse de una persecución política. La Corte de Westminster retomará las audiencias de extradición el próximo 18 de mayo y su primera resolución será en julio. Y aunque la batalla legal se prolongará por uno años o dos, con la llegada del Covid-19 los contagios se expandieron en las cárceles británicas y las visitas a los internos de Belmarsh ya no son permitidas. De hecho, la jueza Vanessa Baraitser denegó la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de Assange, aduciendo el riesgo de contagio, y también acaba de rechazar el pedido para aplazar las audiencias hasta septiembre, pues sus abogados no pueden contactarse con su defendido. Assange padece una enfermedad pulmonar, y ya se reportó la primera muerte por coronavirus en la prisión donde está detenido. Es por eso que uno de los temores de la defensa y de los familiares de Assange es que las autoridades carcelarias digan que se contagió o tuvo un accidente, justo antes de la primera sentencia sobre la extradición.