el partido contra el estado

“Amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas; la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado, y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras”. Estas fueron las palabras de Javier Milei el 6 de junio de 2024 en el sitio de noticias estadounidense Free Press. Sin mayorías parlamentarias, el Gobierno se proponía cumplir esa obsesión, a pesar de las opiniones del Congreso e incluso en contra de él. Sin embargo, su desventaja en ese territorio le pondría obstáculos que apenas sortearía aprendiendo las reglas en el camino. Hoy, con una importante victoria legislativa, parece fortalecido, no solo en números, sino también en experiencias, audacias y vericuetos técnicos. Patear el tablero era la propuesta inicial, pero hasta ahora jugó, perdió y ganó mechando el marco de lo permitido con unas cuantas trampas; sin embargo, lo más interesante es lo que aprendió en el proceso y cómo planea encarar la nueva partida.

la estrategia

El 20 de diciembre de 2023, el presidente presentó en cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, en el que dictaba las “bases para la reconstrucción de la economía argentina” y, para eso, modificaba, sustituía o derogaba más de cien leyes o decretos. Siete días después envió un proyecto al Congreso de 664 artículos llamado Ley Ómnibus que buscaba complementar el decreto y proponía una gran delegación de facultades para reformar áreas estatales, privatizar empresas, flexibilizar el mercado laboral y reducir organismos públicos. La primera jugada fue mostrar la estrategia, algo que se interpretó entonces como un movimiento de principiante: Javier Milei dejaba en claro que su búsqueda era sustituir al Congreso.

Le siguieron un freno y una casi derrota: el decreto estuvo en serio peligro cuando el Senado lo rechazó. Aunque no perdió vigencia —porque para derogarlo se necesita que las dos cámaras legislativas así lo dispongan—, fue el primer aviso de un tire y afloje que asomaba. Por otro lado, se logró la aprobación en general de la Ley Ómnibus, pero a la hora de la votación en particular, se acumulaban las modificaciones. La decisión del presidente —en ese entonces de viaje en Israel— se recibió con algo de sorpresa: hizo que volviera a comisiones, por lo que el camino que la ley había recorrido hasta el momento quedaba anulado. Decidió barajar y dar de nuevo.

Luego, dos hechos más marcaron el primer año del Ejecutivo libertario en relación con el Legislativo: su primera victoria al lograr la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con la que logró instalar una agenda de ajuste y modificación del Estado —con la salvedad de algunas iniciativas que quedaron afuera, como la privatización de Aerolíneas, Radio y Televisión Argentina y el Correo; las facultades de intervención a la Comisión Nacional de Energía Atómica; y el ítem que buscaba una reforma previsional, entre otras—. El segundo hecho marcó a Javier Milei como el primer presidente de la historia al que le derogaron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el que ampliaba el presupuesto de la SIDE en 100 mil millones de pesos para fondos reservados.

Las herramientas para gobernar sin intervención del Congreso estuvieron desde el primer momento a disposición del Ejecutivo, pero comenzaba a vislumbrarse que habría momentos de resistencia.

un comodín

La facultad del presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) está contemplada en el artículo 99 de la Constitución Nacional “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el trámite ordinario de las leyes” y se prevé un control por parte del Poder Legislativo. En 2006, por iniciativa del kirchnerismo, se sancionó la Ley 26.122, que estableció que alcanza con que las cámaras no los rechacen —o no los traten— para ser aprobados.

En su artículo “Poder de decreto presidencial y comportamiento legislativo en Argentina”, Alejandro Bonvecchi y Javier Zelaznik analizaron la respuesta del Congreso a lo que, a golpe de vista, parece un arrebato presidencialista sobre la división de poderes —el estudio toma desde 1983 hasta 2011 y sirve como referencia para el análisis actual—. Consideran dos perspectivas: analizar los decretos como una usurpación del Poder Legislativo al tomar decisiones sin consultar al Parlamento o verlos como una delegación por parte de los funcionarios al Ejecutivo. “La perspectiva de la usurpación predice el conflicto, dado el intento del Congreso de defender sus prerrogativas constitucionales o de evitar alteraciones del statu quo no deseadas por la mayoría legislativa”, explican. En cambio, “la delegación prevé la aceptación de la mayoría de los decretos por parte del Congreso, consistente con una delegación tácita de la mayoría legislativa”.

Los autores concluyen que hasta 2011 hubo congruencia: los presidentes enviaron decretos que, previa negociación, tenían la certeza de que no serían resistidos por el Parlamento, que los aprobaría de manera tácita. Pero en esta gestión, el foco del desencuentro parece haber salido desde la propia redacción de los decretos. O, mejor dicho, de la gestualidad con la que el presidente salió a combatir antes que a negociar. Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, “Javier Milei ha hecho un ejercicio más que abusivo” de la herramienta, ya que hizo “de una potestad extraordinaria una potestad regular”. “Él entiende que el Ejecutivo predomina y el Legislativo tiene que inclinarse ante su poder”, dice.

Hoy la oposición busca ponerles un freno a los DNU con una iniciativa que establece la necesidad de la aprobación de ambas cámaras por mayoría absoluta de los presentes. El proyecto pasó en diputados, pero con modificaciones. Por lo tanto, cuando se retome el asunto será con un Congreso más favorable para el oficialismo, que rechaza esa reforma.

la conformación de un rival

Luego del espaldarazo legislativo al Ejecutivo que fue la aprobación de la Ley Bases, Javier Milei vetó nueve leyes. En cada una de las normas sancionadas, la Casa Rosada acumulaba rencores que traducía en una guerra declarada contra los legisladores, a quienes llamó “degenerados fiscales” porque no había recursos disponibles para cumplirlas.

Según la información disponible en la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación, en los últimos 20 años los presidentes usaron menos los vetos totales o parciales que quienes los precedieron:

Raúl Alfonsín, 49
Carlos Menem, 195 en dos mandatos
Fernando De la Rúa, 43 Eduardo Duhalde, 37
Néstor Kirchner, 39
Cristina Kirchner, 21 en dos mandatos
Mauricio Macri, 8 
Alberto Fernández, 13

Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández fueron los únicos de ese período que no tuvieron que enfrentar resistencia a sus vetos, algo que para Javier Milei en 2025 fue un verdadero problema y volvió aún más interesante el año legislativo. Se concretaron cuatro insistencias relacionadas directamente con los sectores que más conflicto social generaron: emergencia pediátrica —a partir del reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan—, financiamiento universitario —dos de las marchas más multitudinarias fueron en defensa de la educación pública—, discapacidad —además de los duros testimonios de quienes perdieron de un plumazo la asistencia por la sospecha de certificados truchos, se sumó el escándalo ANDIS en el que estuvo involucrada Karina Milei— y la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional —el asunto que reunió a los gobernadores en un mismo reclamo—.

Descartada la vía judicial para seguir la disputa, la última carta que jugó el Ejecutivo fue establecer, en la misma promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que la normativa se cumpliría una vez que los legisladores indicaran de dónde saldría el presupuesto.

En 2025, el Congreso fue uno de los obstáculos más grandes para el Gobierno. No solo intentó controlar los desbordes sociales que estaba causando la política de La Libertad Avanza, sino que limitó las decisiones presidenciales con partidas extensas y el reglamento en la mano. Hasta ahora, como menciona Sabsay, “le rechazaron todo porque no tuvo habilidad política de componer mayorías, no negoció”. Esto explica, en parte, por qué Javier Milei se puso al frente de la campaña para las elecciones de octubre. A pesar de sus esfuerzos, la elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires de septiembre lo debilitó, pero todavía quedaba una carta. El salvataje financiero y el arribo de los funcionarios de Donald Trump al plano discursivo de la campaña fueron claves en un triunfo nacional que le permitió recuperar el aliento.

La historiadora Camila Perochena resalta: “Me parece de todas las esferas donde se mueve el Gobierno, donde más hizo un aprendizaje político. La naturaleza de Milei lo lleva a romper, y cuando piensa en frío dice: ‘No, tengo que negociar”’. Perochena toma dos conceptos que se usan en la política estadounidense, inside strategy y outside strategy: “Un presidente minoritario en el Congreso tiene dos estrategias: la outdoor strategy es ‘voy, trato de recibir el apoyo de la opinión pública y con eso presiono a diputados para que me voten a favor de las reformas’. La indoor es la rosca adentro. Siempre el Gobierno se apoyó mucho en la outdoor, pero es evidente que empezó a entender la indoor sobre todo cuando le rechazaron la primera Ley Bases y ahora con el tiempo lo empiezan a aplicar más. Al tener alto apoyo en la opinión pública con las elecciones, obviamente es menos costosa esa negociación porque hay más chances de que te apoyen pidiéndote poco a cambio. Hoy los gobernadores no le van a exigir tanto como le habrían exigido cuando todavía estaban en carrera electoral y cuando el barco estaba hundiéndose”.

jugadas paralelas y más jugadores

La destrucción se concretó a través de otros métodos. Uno de los encargados de esta tarea fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En estos dos años se disolvieron, modificaron, transformaron y eliminaron más de 100 organismos. “El kirchnerismo abultó los organismos descentralizados porque generaban caja propia mediante tasas, multas y trámites innecesarios. Alimentaban una burocracia que se reproducía sin control y con fines políticos”, dijo al principio de la gestión.

Una persona que integró el último gobierno peronista y que conoce en detalle el armado del Estado argentino reconoce que esos organismos descentralizados “empezaron a crearse a partir de la década del 90 y después se crearon muchos en los años 2000. Y hay algunos que manejan montos muy altos”, por lo que se explica la fijación de la actual gestión de empezar por ahí. Esta estructura tenía, sin embargo, un sentido: “Se pretende que tengan mayor estabilidad, que puedan administrarse sin pasar por los vaivenes políticos. Tienen cierta autonomía y eso les permite también un funcionamiento más ágil”.

Algunas decisiones gubernamentales se detuvieron en el Congreso a través de rechazos a decretos, como la disolución de Vialidad, la reorganización de los institutos nacionales de tecnología industrial y agropecuaria (el INTI y el INTA), la reestructuración de institutos culturales y la quita de autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos. Para otras áreas se crearon, incluso, nuevos organismos descentralizados encargados de la asfixia presupuestaria como la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) a cargo del Ministerio de Salud y con Diego Masaragian al frente, que pasó a ser la herramienta de gestión directa de cinco hospitales.

Pero algunas acciones no fueron legalmente cuidadosas y, en varios casos, fueron tramposas. Los abogados administrativistas Héctor Taffarel y Macarena Rocío Funes reconocieron que “la intervención está bien que exista, porque si tenés a una Karina Milei cobrando el 3% de la Agencia Nacional de Discapacidad está bien aplicarla”, aunque señalaron: “El tema es el fundamento y cómo la usa el que las usa”. Con ese criterio mencionaron otras acciones: “En alimentos suspendieron un montón de recursos para los comedores y los merenderos. ¿Habría estado mal que lo hicieran con un merendero que no existe? No. El tema es que con base en eso suspendieron toda la política. Se agarran de algo para hacer todo el atropello arbitrario”. Además, resaltaron, en estos movimientos hay bastante trampa: “En las políticas sociales ni siquiera usaron la carta de que tenían facultades extraordinarias. A nosotros a veces nos sorprenden los grados de incapacidad técnica que manejan. Pero no les importa, necesitan hacer ese recorte y lo van haciendo de muchas formas. El que tiene la posibilidad se asesora, y el que no la tiene pierde. Hay muchos frentes en los que van avanzando ilegítimamente”.

El Poder Judicial ha funcionado hasta el momento como freno, pero también como último recurso para quienes intentan individualmente hacer un reclamo. Si bien hay muchas acciones judicializadas por organizaciones, son cautelares o fallos de primera instancia que, eventualmente, llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese será el momento en el que el tercer poder decidirá si respalda las políticas públicas o no.

Javier Milei había intentado adelantarse con la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte, pero el intento de imponer le volvió a jugar una mala pasada. La situación terminó con el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien declaró la inconstitucionalidad de la decisión, apoyando el rechazo que el Senado ya le había expresado. Esto, de todos modos, no significa una rivalidad declarada ni un apoyo absoluto. Como mencionan los abogados consultados, “si la Corte dice que el Gobierno tiene razón en sus decisiones que afectan a las políticas sociales, nos quedamos sin la herramienta para discutir. Están usando la carta de romper todo, total después se puede judicializar. Y la Justicia llega lento”.

En la calle, salvo por algunos sectores sociales directamente afectados, que insistieron e insisten, se palpa una legitimación a la reducción del Estado con profundas raíces en años de mala gestión. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en las elecciones de medio término y ese aval no es solo a algunas frases hechas viralizadas en TikTok, es un apoyo político real a un estilo de juego, incluso cuando el votante pueda ser directamente perjudicado.

cortar el mazo

El Gobierno intenta recomponer el desempeño en el Congreso y da pistas de nuevos movimientos. Patricia Bullrich se puso al hombro el diálogo perdido con Victoria Villarruel, quien preside la cámara alta y recibió en más de una oportunidad los dardos oficialistas por garantizar sesiones que terminaron siendo adversas. El 14 de noviembre, la senadora electa anunció que se había concretado una reunión en la que se habló de “la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado”. Cambiaron las palabras en el discurso oficialista para referirse al Parlamento: si antes se hablaba de “destruir la casta”, hoy se habla de “trabajo institucional”; si antes se hablaba de “romper el Estado desde adentro”, hoy se designa al dialoguista Diego Santilli como ministro del Interior.

Sin embargo, algunos libertariazos continúan en carrera. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, había dicho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el 21 de octubre que se enviaría una Ley Bases II y una Ley Hojarasca II para “recuperar algunas cosas que quedaron en el tintero”. Luego de las elecciones, el segundo de Federico Sturzenegger le ratificó a crisis que “lo primero que ocurrirá serán las conclusiones del Consejo de Mayo y, a partir de allí, se remitirán los proyectos respectivos”. Consultado sobre cómo dialogan estos planes con la idea de “eliminación del Estado”, contestó que “en estos dos años se ha pasado la motosierra sobre múltiples agencias estatales, se ha disminuido la plantilla del Estado en más de 50 mil empleos, y así y todo sigue funcionando. Eso prueba que se podían hacer las cosas mejor, con menos recursos”. También hay que escuchar a la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal, quien anunció un “rediseño del sistema jurídico argentino con reformas estructurales” que “implica volver a las bases” y “desmalezar las infinitas capas de populismo que se fueron inmiscuyendo con el correr de los años”.

La nueva composición en la Cámara de Diputados tiene 87 legisladores oficialistas, diez de los cuales son conversos del PRO, que al cierre de esta nota siguen multiplicándose por abajo de la mesa. En el Senado, pasaron de 7 a 20 integrantes propios y, según Bullrich, se buscará “construir una mayoría sólida y ordenada para que los proyectos que necesita el presidente puedan ser tratados y votados”.

Con una estrategia planteada a los ponchazos, el Gobierno logró de cada derrota una pequeña victoria. El Centro de Economía Política (CEPA) elaboró un informe con base en datos extraídos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que analiza la evolución de la cantidad de trabajadores (y empleadores) desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta agosto de 2025. Los resultados indican que “la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo” y que el sector más afectado fue el de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria.

Ahora llega la hora de la táctica. Comienza una etapa con un Gobierno fortalecido en el lugar donde más conflictos tuvo para desplegarse, pero sin una mayoría absoluta que le permita arrasar. Resta ver cuánto aprendió y cómo convivirán el plan de jugar con las reglas establecidas y el sentimiento libertario de destruirlo todo.