La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) consiguió la eliminación de las retenciones las exportaciones y sus integrantes volvieron a la estrategia de anunciar inversiones.  Esa decisión va de la mano de una política comunicacional activa y el armado eterno de alguna estructura para monitorear las “buenas prácticas” de la actividad. Es la estrategia que utilizaron en la década pasada, cuando tenían varios frentes abiertos: las protestas crecientes de las organizaciones sociales “anti-mineras”, el precio de los metales cayendo en picada y un sector del kirchnerismo que pujaba por crear una compañía estatal. Ahora el escenario cambió y, aún con varios ejecutivos de Barrick Gold procesados en una causa por contaminación, los ejes son similares porque aunque hayan avanzado en “tener una Cámara amiga del gobierno”, les cuesta penetrar en las comunidades que rodean los proyectos de gran escala. Y en eso renovaron su esfuerzo, desde que se enteraron que Mauricio Macri sería el próximo presidente y eligieron una nueva conducción empresaria.

Esa renovación de comisión directiva tuvo como telón de fondo el derrame de cianuro en San Juan, que llegó a la Justicia y agitó todos sus fantasmas: una multa de 9,6 millones de dólares -que habrá que ver si la la empresa paga o apela- y cientos de “nosotros lo advertimos” recorriendo las redes sociales. Es la peor publicidad que necesitan las empresas justo cuando mantienen el lobby sobre el papa Francisco para obtener el respaldo de toda la Iglesia argentina. Las posiciones en la curia son diversas pero los rechazos suelen tener mucho más efecto que el apoyo de la Universidad Católica Argentina (UCA). Y para las mineras es clave obtener “licencia social” porque sólo así pueden garantizarse el recupero de las inversiones sin conflicto con quienes conviven con la extracción.

Aunque a principio de diciembre pasado, cuando se produjo la votación, todavía no había ni procesados ni multa, ese tema gravitó constantemente. Y en los resultados del comicio podría buscarse esa necesidad de estar cerca de un gobierno naciente, que puede perperturarse más de un mandato. Esa evaluación, que se apoya en la gestión del macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo también en la mesa de discusiones y sobre todos esos elementos se amasó la interna, las operaciones y los relatos épicos sobre la disputa entre el “el interior” y “los porteños”. 

la grieta

Después de varios meses de discusiones, propuestas y contrapropuestas, se llegó al momento de la votación para reemplazar a Martín Dedeu, un abogado especializado en legislación comercial, derecho empresario y minería, que representaba a la Compañía Minera Piuquenes. El discurso sobre cómo debía ser su reemplazante estaba ligado a la necesidad de la “renovación”, de buscar alguien más joven. Uno de los que se postuló fue Manuel Benítez, que venía de ser su segundo en la conducción de la CAEM por la empresa estatal Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, asociada a la multinacional Bajo La Alumbrera, que extrae cobre en Catamarca.

Pero su nombre cayó rápidamente de la rueda de candidatos y se barajaron dos propuestas de ejecutivos de empresas radicadas en Canadá: primero fue Ricardo Sarandón (Pan American Silver) y luego el abogado Marcelo Álvarez (Gold Corp), que no proviene del sector minero y hasta 2013 fue jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA). También participó en misiones durante las elecciones en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

La otra lista la encabezó otro abogado, Mario de Pablos, y tenía el respaldo de Dedeu y Roberto Cacciola, de Minera Santa Cruz. Fueron parte de quienes esgrimieron aquella máxima que recorrió a las mineras cuando el kirchnerismo amenazó con apretar un poco, apenas, la tuerca: “Ceder algo para no dejar de ganar”. Esa fue la política que primó en 2008, cuando les aplicaron entre 5 y 10 por ciento de impuestos a las exportaciones. Esa medida rompía con la “estabilidad fiscal”, un beneficio que sólo tienen los mineros y que les garantiza que durante treinta años nadie puede modificar su esquema impositivo que no contemplaba las retenciones. Barrick Gold había impulsado esa posición y apoyaba a De Pablos.

“La CAEM pasó de ser un ente intrascendente a ser un tesoro para personas y compañías y por eso fuimos a una elección con dos listas”, dijo uno de los hombres que participó de la disputa y explicó: “Famatina y otros eventos nos unieron pero también la Cámara se volvió un espacio apetecible porque pasó a dialogar con el gobierno, a tener una silla en la UIA (Unión Industrial Argentina) y a tallar en el mundo minero internacional”.

El poroteo venía parejo pero el empresario sanjuanino Ricardo Martínez, que aseguraba que sería el próximo secretario de Minería, convenció a Barrick Gold de votar por Álvarez. Por eso, el 3 de diciembre, cuando los mineros votaron a mano alzada, la lista de De Pablos tuvo el respaldo de Yamana Gold, Minera Santa Cruz, Minera Aguilar, la Cámara de la Piedra de Buenos Aires y las cámaras de Córdoba y Jujuy. Pero no fue suficiente.

-Por instrucción de la compañía voto por Álvarez – dijo Miguel Giménez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick Gold y puso sus dos votos decisivos, uno por Veladero y otro por Pascua Lama. Así, el ex hombre de la OEA sumó los 22 votos que lo convirtieron en el nuevo presidente de CAEM y, como es costumbre, asumió ese mismo día: se sentó en la cabecera de la mesa para la primera reunión formal del nuevo directorio pero sólo estuvieron los ganadores.

Los que perdieron se habían ido ni bien terminó la votación. 

la renta para quién

La llegada de Macri terminó de alejar uno de los mayores temores de las multis: una minera estatal. Ese viejo sueño estaba habilitado en la “constitución maldita” de 1949, que en su artículo 40 habla de la propiedad inalienable de la Nación sobre los minerales, pero nunca terminó de cuajar en los tres gobiernos que entran dentro de la “década ganada”. Pero, como a seguro se lo llevaron preso, el miedo siempre volvía.

Sobre todo después de que esa idea quedó sugerida en un trabajo que analizaba cómo se distribuían los beneficios de la renta minera: las grandes compañías que extraen oro y plata en la Argentina se quedaron con el 82,3 por ciento de la renta entre 2007 y 2010. La ecuación, regulada por el entramado legal sectorial, le dejó apenas 10,3 por ciento al Estado nacional y 7,3 por ciento a las provincias.

“En buena medida, la particular distribución de la renta minera emerge así como el principal elemento explicativo de los formidables beneficios obtenidos por las empresas del sector. Si las intenciones fueran revertir la situación actual, el margen de acción es amplio. Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso hipotético en que el Estado se apropiara del 100 por ciento de la renta generada, las ganancias obtenidas por las distintas empresas del sector igualarían, en el peor de los casos, la rentabilidad de las principales empresas de la economía argentina”, concluyó Federico Basualdo, sociólogo especializado en Economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a principios de 2012.

Esa ecuación de la que hablaba Basualdo volvió a concentrarse hacia uno de esos dos polos con la medida del gobierno nacional de terminar con los derechos de exportación que pagaban los distintos sectores de la economía. Atrás de esa decisión, llegó una propuesta del secretario de Minería, Daniel Meilán, que había terminado con el sueño de Martínez al ocupar esa silla. La letra chica del paper que Meilán -impulsor de la estabilidad fiscal minera durante el gobierno de Carlos Menem- le llevó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, todavía no está del todo definida. Pero allí se considera la posibilidad de aplicar un impuesto del uno por ciento sobre las exportaciones para crear un fondo de responsabilidad social empresaria. Algunas versiones señalan que podría tener participación del Banco Mundial.

“Eso va a reabrir una discusión porque hay dos empresas que exportan el 70 por ciento (Barrick y Bajo la Alumbrera) de los minerales que produce la Argentina. Serán ellas las que pongan, entonces, el 70 por ciento de ese fondo”, razona uno de los ejecutivos que conoce el sector. La tensión no sólo estará dada por quién aporta más, sino que volverá a poner en discusión el concepto de “estabilidad fiscal”, que es el beneficio más preciado de las mineras.