La Matanza es el partido más grande del conurbano y el más poblado de Buenos Aires. Su arteria principal, la ruta 3, corre desde Lomas del Mirador a Virrey del Pino unos 35 kilómetros en los que el paisaje va mutando: a los apretados centros comerciales le siguen galpones y corralones de trabajo que luego dan lugar al verde periurbano, que comienza a ganar espacio a medida que la ruta va llegando a Cañuelas. El rebusque en cada esquina, los bondis atestados desde bien temprano y el metrobús que lleva y trae multitudes con apuro pintan la escena cotidiana sobre la ruta.

Pero la vida transcurre barrio adentro y cada localidad del partido tiene sus yeites. El río Matanza serpenteando al sur, delimita con Ezeiza, y los descampados de Merlo y Pontevedra al norte completan la geografía del distrito que una parte de la gobernanza vernácula hace tiempo amaga con dividir para reinar.

La palabra narco circula en estas geografías sin que le demos el sentido que merece: un tipo de organización empresarial que articula voluntades y se constituye como un poder que negocia o directamente se impone sobre la policía, la trama judicial y el sistema político. Apalancado por el cash fresco y de la mano del tráfico de armas, instaló un tipo de conflicto social en los territorios durante la segunda década del siglo XXI con formas de violencia menos verticales, impredecibles a veces, a base de tiros pero también construyendo legitimidad con algo que hoy escasea: el laburo bien pago.

En Argentina, el tráfico y la comercialización de droga están organizados por clanes familiares de entre veinte y treinta integrantes. Los hay locales, regionales y transnacionales. En unos casos despliegan el gran negocio, que es el de exportación, y en otros la venta en los mercados minoristas. Hace tiempo que los carteles de integración vertical que tenemos en el imaginario dieron lugar a organizaciones más horizontales, muchas veces caóticas, especie de ejércitos fisura, que tercerizan tareas y deslocalizan la producción.

Una famosa caracterización define que las bandas narcos comienzan por una fase predatoria en la que batallan por el territorio con violencia extrema; luego, si se consolidan, pasan a una etapa parasitaria en la que su operatoria comienza a hacerse legítima; finalmente, lo que emerge es una fase simbiótica en la que se integran íntimamente al sistema legal y político.

El primero de estos momentos parece haberse desplegado durante los últimos años en el sur de La Matanza, donde un loop de violencia pone de manifiesto la impotencia estatal y el carácter sistémico de una dinámica que se devora los intentos de vida comunitaria.

a la vera de dios

En las cocinas argentinas se elabora pasta base. Nuestro país protagonizó un pasaje de país de tránsito a país productor. En La Matanza específicamente hubo un desplazamiento de la base de operaciones desde el primer cordón a las afueras, los llamados kilómetros: si Puerta de Hierro y San Petersburgo eran los barrios picantes, donde el consumo y la venta eran conocidos y denunciados mediáticamente, hoy las dinámicas de violencia, los homicidios frecuentes, y la represión policial se registran con mayor frecuencia al fondo, en los kilómetros, de Laferrere a Virrey del Pino.

Laferrere, San Justo y Ramos Mejía son las comisarías más caras, dicen quienes conocen el paño. Allí es donde se recauda posta. Por eso no hay conflictos: están claros los límites y la distribución de roles. En estas localidades, el delivery evita las aglomeraciones y los puntos de referencia. El consumo es un acto privado reservado a Dios y librado de la acción de los magistrados, como dice la Constitución Nacional. Sin embargo, este principio constitucional no aplica en otras barriadas en las que las bandas se afincan para operar y tejer sus redes.

Entre la ruta 3 y el Río Matanza, de Laferrere a Virrey del Pino, se repite la misma escena: operan bandas armadas que controlan cuadras e instalaciones, como ocurre en Barrio San Cayetano. Venden principalmente paco, cocaína, marihuana y a veces drogas sintéticas como la pepa anfetosa. En San Cayetano (km 30) y en Los Ceibos (km 32) puede verse una dinámica similar: las calles de tierra que alternan con las del recién llegado asfalto suelen ser escenarios de tiroteos y demostraciones de fuerza. El tráfico es controlado fundamentalmente por paraguayos, que traen de distintas maneras la droga, la mayoría de las veces capilarmente, a cuentagotas, en modo hormiga.

Desde 2016 se llevan a cabo operativos en la zona, hay detenciones, pero la logística vuelve a armarse: del lado de Matanza venden y del lado de Ezeiza guardan.

En 2019, Ernesto Guchea fue asesinado aparentemente como represalia contra una familiar vinculada al negocio. Aquel año hubo otros cuatro casos de jóvenes pobres que aparecieron muertos en el río en circunstancias similares. Los mensajes narcos surtieron efecto y obligaron al poder policial a poner cierto orden. Un barra de Laferrere, Nono Escurra, fue detenido y acusado como dueño del negocio. Pero a esta altura los investigadores judiciales sospechan que era alguien secundario en la trama, aunque definitivamente no se trataba del dueño.

Al sur de la ruta 3, operan organizaciones de base parental de origen paraguayo. Y al norte, yendo hacia la ruta 1001, están las orgas peruanas. Más allá de los orígenes, lo que predomina es una lógica: bandas que no responden a la misma persona, que se proveen de distintas puntas, se vinculan con la policía y no lo planean todo: venden y negocian con bastante informalidad. Cuando las organizaciones son de venta directa a los consumidores, todo es bien crudo: homicidios, tenencia de armas, además de múltiples infracciones a la ley de estupefacientes. Sin embargo, nunca una organización de este tipo está suelta por completo, por más que se atomice. La droga viene de algún lado y el GPS territorial, con sus fronteras para el ingreso de las sustancias, hay que tenerlo siempre al día.

los kilómetros

Pasando el centro de transbordo de Catán, a la altura del shopping, yendo para el río está el Barrio San Cayetano. Uno de los 4416 barrios populares registrados en el Renabap que esperan la integración sociourbana. El mismo día que mataron al kioskero Roberto Sabo en Ramos Mejía, allí dos pibes asesinaban de 14 tiros a René Mendoza Parra, referente histórico de la zona. Ocurrió luego de una reunión para reclamar seguridad para el barrio. Lo liquidaron unos pibes que habían asistido al mismo comedor que su familia organizaba desde hace años. Kevin Maza, de 21 años, fue detenido y Brian Leonel Roque se encuentra todavía prófugo. Los móviles del asesinato parecen estar claros: la banda sospechó que René los estaba marcando. Las organizaciones que vienen acompañando a la familia se mueven para darle visibilidad a un caso grave que parece no conmover a la política y a la opinión pública como sí ocurrió con el doloroso asesinato del kiosquero de Ramos Mejía. El 7 de marzo una movilización de unas 3000 personas les reclamó a la intendencia y al poder judicial provincial respuestas para que el crimen no quedara impune. Los familiares de René pidieron hablar menos de narcotráfico y exigir justicia a secas, lo que da la pauta de hasta qué punto esta pedagogía de la crueldad desafía a la organización colectiva.

La investigación a cargo del fiscal Federico Medone parece encaminarse hacia la impunidad de los autores intelectuales del crimen. Por ahora la iniciativa pasa por ofrecer una suculenta recompensa para encontrar al prófugo y apostar a que el detenido hable. A Kevin Maza lo defendieron fugazmente dos abogados privados: primero Alejandro Pérez, letrado con pasado policial, y luego Silvana Frazzetta. Hoy el único detenido tiene defensa oficial pero quien pagaba esos abogados parece ser el único indicio del cual tirar para encontrar quién le encomendó el asesinato a los pibes. Por lo pronto, el control de la banda que mató a René en el territorio hoy es absoluto: aplican toque de queda, piden documentos y custodian que nadie se les meta a hacer inteligencia. Unos kilómetros más al sudoeste, por el km 32, Barrio Los Ceibos es otra zona picante. El asfalto nuevo de algunas calles se combina con las obras en construcción, que son escenario a menudo de los enfrentamientos de dos bandas que pelean cuadra a cuadra con armas largas de grueso calibre. Una recostada del lado en donde el Arroyo Morales dobla para luego cruzar la ruta 3 yendo hacia el km 35; la otra banda se mueve un poco más hacia el sur de la Escuela 204, yendo hacia el puente que une a Los Ceibos con Los Álamos. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) activaba una olla popular en el lugar durante la pandemia. Nadie entraba excepto los cartoneros hasta que tuvieron que irse. “No se sabe de dónde vienen, si tienen banca por arriba…, lo que sabemos es que tienen mucha infraestructura, armas automáticas de grueso calibre, chaleco antibalas, sistema de comunicación”, dice Juan del MTE. “Desde 2015 empezaron a aparecer transas no muy piolas pero pasando los años fueron apareciendo los más pesados. Y más o menos hace 3 años aparecen con más impunidad, en la calle, paseándose con armas largas. Cada 3 o 4 días se agarran a tiros. La última vez fue porque los de una banda abrieron un kioskito acá a la vuelta y entonces se pudrió. Se agarran con ametralladoras y lo peor es que lo estamos naturalizando”. La que habla es Verónica, referente del barrio Los Ceibos y coordinadora del espacio Vientos de Libertad para recuperar pibes y pibas del consumo. Se vino de Santa Fe con su pareja a fines de los años noventa, escapándole a la violencia de un exnovio que al salir de la cárcel no pudo aceptar la naturaleza móvil de eso que llaman amor.

“Una vuelta los pibes de acá querían hacer una banda para echar a los transas. Nos cansamos de sentarlos y decirles: no van a combatir al narcotráfico, no lo combate la policía, no lo combate asuntos internos, no lo combate el gobierno, ¿lo van a combatir ustedes, siete pibitos? Van a terminar en cana con 50 años adentro. No entendieron. Uno está muerto, uno está preso (mi hijo), otro también tuvo que irse”. Su hijo Miguel, el Pinky, y Ezequiel, el Yanki, tienen perpetua luego de zarpar a un transa menor del barrio llamado Cascote. A aquella bravuconada le siguieron allanamientos, una causa por robo seguido de homicidio y la prisión perpetua. Lo que cuentan Miguel y Ezequiel es que los policías que los detuvieron le decían: “Esto es por meterte con Cascote”.

la 1001

Al norte, sobre la ruta 1001, en la zona lindera con Morón y Merlo, los descampados abundan y la ruta deja bastante que desear: ni luces ni forma de evitar los pozos. La señalización nula y la basura a la vera del camino completan la escena. En la segunda mitad de 2020 varios vecinos que no pudieron pagar más el alquiler, decidieron ocupar un terreno ubicado en Polledo y Rio Cuarto. Lo limpiaron porque era un basural −desarmaban autos, entre otras cosas− y fundaron el barrio Nueva Unión en Rafael Castillo. Quien iba llegando, encontraba su lugar. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a plantearse en la asamblea de vecinos que a la noche se veía mucha gente ir y venir a una casilla de chapa en particular en la que habían empezado a vender paco. La exposición del tema comenzó a tensar la cosa con los nuevos habitantes. Tiros al aire y amenazas fueron las primeras advertencias de los narcos.

Una nueva asamblea volvió a tratar el asunto y los vecinos dijeron que estaban cansados. Entonces vino la respuesta: el 10 de enero alrededor de las 20.30, dos camionetas llenas de gente armada y algunas motos se metieron en dos viviendas buscando a los referentes del barrio. La alarma temprana evitó el peor escenario. Tiraron el frente de la casa y prendieron fuego. A los vecinos que saltaron les advirtieron que iban a matar a los delegados del barrio y que esto era solo el comienzo.

Se hizo la denuncia, pero como es un asentamiento, las autoridades no responden. Muy cerca de allí, Jorge Armando Del Valle Vásquez, paraguayo vinculado al narcomenudeo y su hijo Isaías de 10 años fueron asesinados el 17 de febrero. Los autores se fotografiaron con los cadáveres como rindiendo cuentas del trabajo realizado, que hipotetizan los investigadores se relaciona con deudas grandes de dinero y/o sustancias.

el 35

Hacia el sur, luego de cruzar el Arroyo Morales, a la altura del kilómetro 35, yendo por Cabot, al fondo está Barrio Bicentenario. Allí el proceso de integración sociourbana está en marcha y ya se ven las veredas, los tanques de agua, las conexiones eléctricas y un incipiente proceso de organización barrial. En octubre de 2021, la asamblea de vecinos definió ocupar las manzanas que habían dejado los transas luego de que ellos mismos lograran echarlos. El objetivo era hacer allí una plaza. Donde una cruenta violación había ocurrido poco tiempo atrás. La primera noche en que estuvieron ahí, cayó una camioneta desde la que un soldadito empezó a disparar para arriba en forma amenazante. Algunas madres salieron a increparlo. Acordaron algo: no tirarían más y no volverían si no los obligaban, pero esas tierras debían quedar libres. El proyecto de la plaza del barrio fue cancelado. El terreno permanece todavía vacío pero bien custodiado por quienes no necesitan de papeles ni escrituras para ejercer el control.

Un poco más hacia el norte, a la misma altura de la ruta, está barrio Nicole. El barrio debe su nombre a una vieja referencia de la época de su fundación: “ni colegio, ni colectivo”. Ahora el menudeo está naturalizado, desde que hace ocho años peruanos y argentinos operan en el lugar. El aleccionamiento de viejos episodios de violencia en la zona surtió su efecto y explica el bajo perfil de la militancia territorial, que pide disculpas pero prefiere mantenerse en silencio por temor a represalias.

una pandemia

A nivel mundial, los países centrales responsabilizan a los del sur por la producción (la coca de todo el mundo sale de Bolivia, Perú y Colombia y los opiáceos se cultivan en Medio Oriente), pero el mercado está apalancado por la demanda que generan los consumidores europeos, y principalmente, los estadounidenses. El fracaso de la guerra contra las drogas parece vox populi a esta altura, por eso resulta llamativa la mirada de muchos funcionarios judiciales: el abordaje securitista parece ser el único camino posible. También las determinaciones geopolíticas explican el inmovilismo. Al no haber margen para una estrategia soberana, lo que cabe es gestionar −garantizar ilegalmente la seguridad− y controlar que no se autonomicen del todo las bandas. En ese marco se ponen ciertos límites y se definen ganadores y perdedores.

Durante la pandemia operó un cambio: en 2021 Paraguay se posicionó como plaza de operaciones fundamental en Sudamérica para la exportación de cocaína. Esto significó un cambio en la tradicional dinámica que involucraba los puertos brasileños (Santos y Natal, principalmente), mucho más controlados desde 2019. Si bien Paraguay fue históricamente un país productor de marihuana, el desembarco de las principales bandas brasileñas (Comando Vermelho y Primer Comando Capital) en territorio guaraní explica la transformación en curso.

En nuestro país, la Hidrovía es un punto ciego: no existen controles en el río porque si los hubiera el tráfico de contenedores se complicaría y, como consecuencia, se retardaría el comercio. Por eso no se controla a las barcazas. En paralelo a los grandes cargamentos, también hay un tráfico hormiga en áreas limítrofes. A Formosa y Corrientes cruzan desde Paraguay todo tipo de mercaderías de contrabando y también estupefacientes.

La economía política narco, ante la incapacidad privada y estatal de generar puestos de laburo, articula personas, familias y redes de complicidad, a la vez que desarma comunidades históricas y todavía más aquellas que pretenden constituirse por estos días.

Hacer un mandado puede ser el plus de alguien que tiene su laburo al precio de las mayorías: por debajo de la canasta básica. Un plomero que hace buenas changas en Capital Federal, un día pasa por Lugano y vuelve a La Matanza con una bolsa de 4 kilos, que deja en el lugar indicado. Un remisero jubilado de la mínima reparte faso para sumar en Ramos. Una madre se arriesga porque no hay otra forma de amarrocar un mango mientras sus hijes crecen. Los repartidores de plataformas reclaman: “no somos mulas”, porque los utilizan para distribuir sin que lo sepan.

Así se explica una abrumadora cantidad de causas judiciales que no van al meollo de la cuestión. Además de la conocida corrupción policial y judicial, está el problema de la administración de justicia. En 2005 fue sancionada la Ley 26.052. Esta normativa permite a las jurisdicciones que adhieren, juzgar algunas infracciones a la Ley 23.737 (de drogas) y ciertos artículos del Código Penal relacionados con la tenencia y comercialización de estupefacientes. Y este es el quid de la cuestión. Por un lado están quienes relacionan la inmediata adhesión de la provincia de Buenos Aires, con el arreglo entre el poder político y la policía: para limitar el negocio de los secuestros que gestionaba la bonaerense, después de las movilizaciones por la aparición sin vida del joven Axel Blumberg en 2004, se les entregó el control del mercado de la droga.

El despliegue de la violencia hacia el sur de La Matanza por parte de nuevas bandas que van ganando poder logístico se da justamente donde la organización comunitaria pone veredas, mejora casas o construye centros vecinales. Una economía ilegal, pujante y dinámica, capaz de dar laburo tanto como pegar balazos a mansalva, sume en el silencio o directamente expulsa a esos movimientos sociales hacia otras geografías en donde la vida en común al menos pueda volver a garabatearse.