“Nosotros vamos a volver y cuando volvamos le voy a meter un tiro entre los ojos”, lo amenazó Pascual Oscar Guerrieri mirándolo fijo, sentado frente a él, en su despacho del tercer piso, en Comodoro Py. Ariel Lijo (AL), de camisa blanca impecable y 39 años, tardó menos que un suspiro en reaccionar: largó una carcajada que podría haberse escuchado desde el antedespacho, tirando apenas la cabeza para atrás, con su boca un poco elevada, como si buscara que el aire saliera con más fuerza. Se rió, en definitiva, como se ríe. Fue una demostración clara, concreta, del poder que sabe que tiene. 

Guerrieri entendió el mensaje y estalló en llanto. “Doctor, estoy desesperado”, le dijo el exteniente coronel, quien hacía años había dejado de ser el jefe del poderoso y temible del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, entre otros, para terminar cosechando varias condenas a prisión perpetua por secuestros, homicidios, torturas, desapariciones y robo de bebés. Todos crímenes en plural. 

Así es AL: un tipo macerado en las entrañas del fuero federal, primer abogado de su familia, proveniente del primer cordón del conurbano bonaerense y conocedor de los códigos de barrio, que suele utilizar como una forma de protección, pero también como herramienta para el ataque y la seducción. Estudió en una universidad pública, es bostero y católico. Pero, sobre todo, es un tipo que sabe que tiene poder y cómo administrarlo. “Es un típico producto del fuero federal: lo jurídico se mezcla con lo político. Entiende el juego político. Y viene de los tribunales como [Sebastián] Ramos o [Marcelo] Martínez de Giorgi”, lo define un funcionario judicial que trabaja cerca de él.

concurso 59

Tiene algunas cosas de rara avis entre los jueces federales: no viene de familia de abogados, hizo toda su carrera en el fuero y su apellido apenas suma cuatro letras. “No recibe órdenes. Es el primer gran líder de Comodoro Py, después de Riva Aramayo”, completa un funcionario judicial que no lo quiere pero lo respeta.

Desde adolescente quiso estudiar para ser abogado. Cuando empezó a trabajar en un estudio, sin embargo, se aburrió mucho. No soportaba el tedio de la procuración de expedientes: viajar de un juzgado a otro, en transporte público, para llegar a la mesa de entradas y rogar que la causa estuviera disponible (o en letra, como se dice en el lenguaje tribunalicio). Cuando ya dudaba sobre el futuro inmediato apareció Federico Marlini, compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien vivía en San Isidro y era pinche en Tribunales, para avisarle que buscaban gente en una Fiscalía. Lo recomendó y AL se cortó los rulos, que le llegaban hasta los hombros, y se presentó. Esa experiencia nueva le gustó. No cobraba sueldo, pero se sentía cómodo. Eran los años en que los “meritorios” (empleados judiciales de segunda) podían pasar más de un año trabajando gratis para aprender. 

A los 22 años tuvo su primer nombramiento y comenzó a trabajar —ahora sí le pagaban un salario— en la Defensoría Criminal y Correccional 1. En esta nueva etapa visitó mucho la cárcel y vio con sus propios ojos qué le pasa a una persona que entra, en sus palabras, en esa “picadora de carne del proceso penal: en tres meses se degrada la persona”. A veces, cuando cuenta esto, puede emocionarse levemente. Y si alguno le dice que es un juez que procesa mucho pero tiene pocos presos, tal como lo describe un funcionario judicial que trabaja cerca de él, responderá que vio demasiados presos y sabe el efecto que provoca el encierro sobre el cuerpo y la psiquis. 

Tres años después, en diciembre de 1993, se recibió. Inmediatamente empezó a dar clases en la cátedra de Derecho Constitucional. Fiel a esa marca que le dejó la Defensoría, llevó a sus alumnos a la cárcel. “Es una forma de darle a la universidad lo que me dieron. Para gente como yo la única posibilidad de estudiar es en la universidad pública. No hay nada que yo pueda hacer para compensar esa posibilidad que me dio la universidad pública, nada”, dice y se pone serio y parece que recorriera algún recuerdo entre Villa Domínico, en Avellaneda, y su despacho en el piso 3 de Comodoro Py, donde tiene una réplica de la Bombonera, habanos en un estante de la biblioteca y un cuadro del Papa Francisco.

Ese mismo año entró a la Fiscalía ante la Cámara del Crimen, que dirigía María “la Piru” Riva Aramayo. Ahí su carrera tomó otra densidad. Se hizo fuerte en la escuela de la Piru, que lo cobijó bajo su ala y lo llevó de la mano hasta dejarlo como secretario de la Sala I de la Cámara Federal. Y él, que había demorado en recibirse de abogado, quiso competir para ser juez. “Era juez federal o nada”, repetía. No le interesaba otro cargo. 

Se presentó al concurso 59 para cubrir cuatro vacantes de los Juzgados Federales Criminales y Correccionales. Competía junto con Guillermo Montenegro, Julián Ercolini y Daniel Rafecas. Eran la renovación del fuero porque llegarían por concurso, aunque algo de rosca jugaría cada uno. Su pliego fue enviado al Ejecutivo durante el gobierno de Néstor Kirchner y finalmente fue votado en la Cámara de Senadores en 2004. Dos años más conoció en persona a Guerrieri, el exagente de inteligencia que lo amenazó en su despacho. 

“Acá todos tenían siete apellidos, pero llegamos los negros que ganamos los concursos”, se ríe si lo torean y tira sobre la mesa esa carta que huele a Villa Domínico, aunque ahora viva en el coqueto barrio Abril, en Hudson, donde dice que no tiene amigos.

la banda de la Piru

Riva Aramayo fue clave en su carrera. Cuando la nombra se emociona y sus ojos se desenfocan un poco y miran hacia el pasado. Llegó hasta ella a través de Silvia Ciochetto, quien había sido su secretaria y lo recomendó para un cargo de superpinche en la fiscalía ante la Cámara del Crimen. Era un cargo menor en comparación con el que tenía en la Defensoría y le permitía ir a la cárcel y conocer el funcionamiento de la maquinaria penal en vivo y en directo. Estaba fascinado pero fue a ver a la Piru y se quedó con ella. Aramayo estuvo conforme con él y se lo llevó cuando pasó a la Cámara Federal. “Todos los que estuvieron con Riva Aramayo llegaron lejos: Gabriel Cavallo, Eduardo Taiano, Manuel Garrido, quien como secretario de la Sala 1 era el hombre de confianza de Riva en la sala, y AL, quien siendo prosecretario ya firmaba resoluciones. Eran la Banda de Riva Aramayo”, describe un ex empleado del fuero, quien abrió un estudio y litiga allí. No tiene gran aprecio por AL, aunque lo respeta: “Nadie llega sin rosca, pero sus resoluciones están por encima de la media en lo jurídico”. 

Sobre Riva Aramayo caen todas las miradas reprobatorias por su rol durante el menemismo. Pero hay un punto que genera un escozor especial: visitó en la cárcel al reducidor de autos Carlos Telleldín y fue parte del entramado para organizar el encubrimiento del atentado a la AMIA, donde quedaron involucrados el expresidente Carlos Menem, el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex juez federal, Juan José Galeano, entre otros.

AL la nombra como “la Piru” y alarga la última letra con tono dulce y sonríe con cariño. “Era una buena mujer, muy generosa”, sintetiza ante quien se la mencione. Esa frase funciona como un escudo para cubrir la discusión sobre la causa por el encubrimiento del ataque a la AMIA que dejó más de ochenta muertos y trescientos heridos. Si tiene que hablar de ella prefiere anclarse en “cierta vocación filantrópica” que ayudó a mucha gente a llegar a los máximos cargos en la Justicia. Suele molestarse un poco con el vacío que le hicieron a la Piru cuando se destapó el encubrimiento: “Nadie la llamaba. En Tribunales la gente cree que se lo merece, que no le debe nada a nadie. Son todos campeones. Todos se lo merecen”.

Él nunca le sacó el cuerpo. Siempre la bancó. Esa posición lo ayudó cuando quiso ser juez federal. La fue a ver a María Romilda Servini de Cubría, con quien no tenía un buen vínculo, y le dijo que se había quedado afuera: había salido quinto y no llegaba a la terna. “Dejame ver qué puedo hacer”, le respondió. Finalmente se bajaron Eduardo Freiler y Luis Salas y entró. “Una persona tan leal con Riva Aramayo, que fue más leal cuando se murió, no puede traicionar”, fue la evaluación que hizo Servini de Cubría y se comentó en algunos despachos.

al don Pirulero

Por esas vueltas que tiene la vida, AL tuvo la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Fue una de las dos causas que, hasta ahora, lo marcaron. En octubre de 2009 procesó sin prisión preventiva a Carlos Menem, al exjuez Eduardo Galeano y a Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE. También al exjefe policial, Jorge “Fino” Palacios, al ex segundo jefe de la SIDE, Juan Carlos Anchezar, y Carlos Castañeda por obstruir la investigación de la llamada “pista Siria” o "pista iraní". Medio edificio le dejó de hablar. Suponían que no debía haberse tirado contra Galeano, que era parte de la corporación judicial.

Pero la vuelta de esa causa llegó en mayo de 2016: lo apartaron porque le cuestionaron la “falta de mérito” con la que benefició a los entonces secretarios de Galeano, Javier De Gamas, Susana Spina, José Pereyra y Carlos Velazco. Fue un pedido de todas las querellas aceptado por los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

El otro caso que le garantizó un lugar en el registro histórico de Comodoro Py es la investigación por la venta de Ciccone Calcográfica. A fines de junio de 2014, AL procesó al vicepresidente Amado Boudou porque —según entendió— habría comprado esa empresa quebrada y monopólica mientras era ministro de Economía. Y para lograrlo utilizó la sociedad The Old Fund y a Alejandro Vandenbroele “con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial”. También procesó como partícipes necesarios a uno de los mejores amigos de Boudou, José María Núñez Carmona, a Vandenbroele; a Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, lo procesó por negociaciones incompatibles con su función pública.

AL dice algo que difícilmente en el kirchnerismo acepten: “Fue una tragedia”. La idea de un vicepresidente en ejercicio procesado —insiste— tiene ese peso. Pero mientras evaluaba la causa, se desataron una serie de acusaciones mediáticas y políticas cruzadas. “Conozco un juez penal económico que después de que llegó al cargo buscó cómo concursar en otro para irse de allí. No se bancaba esa sillita de oro. Decía que estaba cansado de comerse operaciones y de hacer contraoperaciones para anular las que le hacían”, cuenta un empleado jerárquico del Poder Judicial, que conoce varios vericuetos de los pasillos de Comodoro Py y describe qué significa ser juez federal más allá de la investigación judicial. 

Esa partida jugó AL y al final ganó. En el medio el fuego se concentró sobre su hermano Alfredo, que es abogado, pero no litiga en el federal. La versión que corrió era que Fredy hacía y deshacía y él oficiaba de puente para llegar a Comodoro Py. “Existe un mapa de la SIDE en Comodoro Py y parece que él está mejor acomodado por su hermano y el vínculo con Boca. Pero no sé si es tan encasillable. Acá juegan muchos poderes: Poder Judicial, partidos políticos, SIDE”, dice un empleado de muchos años que se crió en el fuero federal al igual que AL y respeta su tarea sin desconocer que ahí prima la lógica del “Don Pirulero”, en donde cada cual atiende su juego.

AL dice que todo fue parte de una difamación. Y si tuviera que explicar dónde se tejió esa trama podría asegurar que fue en el estudio del abogado Darío Richarte, un militante del radicalismo, que integró el Grupo Sushi y fue subsecretario de Inteligencia durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Tiene un bufete con Diego Pirota, que fue el abogado de Boudou. A esa dupla, AL sumaría al exauditor Javier Fernández. 

En esa pelea que se libró en el expediente y fuera de él rodaron dos cabezas: Daniel Rafecas, primer juez de la causa, fue denunciado por Núñez Carmona porque había intercambiado mensajes telefónicos con uno de los abogados de la defensa de Boudou, con él mismo y con Vanderbrole. En esos textos, el juez daba recomendaciones sobre cómo moverse en aquel primer tramo de la causa. Fueron difundidos después de que ordenó allanar un departamento que era propiedad de Boudou. Rafecas terminó apartado del caso por la Cámara Federal.

El otro golpe lo sintió Esteban Righi, que era procurador general de la Nación y terminó renunciando. Fue después de que Boudou denunciara ante la Justicia que el bufete de la esposa de Righi le ofreció hacer gestiones para desarticular la causa. También aseguró que el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, le había sugerido hacer un acuerdo económico para que la empresa Boldt se quedara con la quiebra de Ciccone Calcográfica.

Aunque AL entiende que cuando la gente se tiene que defender puede cruzar algunos límites (eso mismo cree que ocurrió con el exvicepresidente), no puede sacarse de la cabeza el día que lo llamó su hijo y le preguntó si de verdad iban a ir al mundial. Eso –dice- fue otra operación de prensa: había puesto la indagatoria con fecha para después del Mundial de Futbol 2014 y en los medios se decía que era para viajar tranquilo a Brasil. Finalmente adelantó el llamado y Boudou declaró tres días antes del inicio del campeonato. Antes de que Alemania se llevara la copa ya estaba procesado.

Aquel procesamiento generó un aplauso en los pasillos de Comodoro Py. “’Esto es una tocada de culo para todo el fuero federal. La van a pagar’, habían dicho cuando fueron las acusaciones de Boudou y se cargó a Righi y a Rafecas. Eso cayó muy mal en el fuero”, cuenta el abogado que litiga allí hace años.

Pero más allá de las cuentas pendientes, el empleado judicial que se crió —como AL— en el federal  sintetiza el procesamiento firmado en junio de 2014 como “una apuesta política”.

unidad básica

Le gusta formar equipos de trabajo y particularmente, si lo pensara en términos futbolísticos, busca tener números cuatro. Prefiere ser horizontal en un sistema verticalista. “No tiene problemas con el personal de su juzgado. Es un caudillo. Y tiene una ventaja: lo ayuda su cara de boludo, pero es el más inteligente de todos los jueces federales”, asegura el funcionario judicial que no lo quiere. Buena parte de esa definición —sobre su rol de caudillo y sobre su trato con el personal— coincide con las otras cuatro fuentes consultadas, pero él es el único que se anima a opinar sobre su cara. Tal vez es porque se lo cruza desde hace mucho tiempo y porque suma algunos años más y eso le da cierta confianza, como si lo mirara venir hacia un lugar al que él ya llegó.

Ese tipo no le cree cuando AL se ubica en el peronismo. No sabe, ni siquiera, que simpatizó con la Franja Morada durante su paso por el colegio secundario y que se ríe cuando alguien le pregunta si eso lo toma como un pecado de juventud. Un poco se justifica diciendo que era parte de la ebullición democrática y se inclina por el peronismo con una gambeta parecida a la que utilizó Osvaldo Soriano en No habrá más penas ni olvido: “Si yo siempre fui peronista, nunca me metí en política”. Aunque su formación académica es liberal, AL dice que entiende al peronismo como una forma de ser, de preocuparse por la gente. “Mi juzgado es como una unidad básica, recibe a todos”, le gusta decir. 

La descripción de AL como un caudillo, que logra entusiasmar a otros jueces federales, puede leerse sin mucha dificultad en el nacimiento de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE). Una estructura, impulsada por AL, que buscó un lugar en el Consejo de la Magistratura. Allí fue elegido como secretario general en la asamblea constitutiva por debajo del presidente Jorge Morán, camarista del fuero en lo contencioso administrativo. En 2022, cuando Rosario estaba en llamas, organizó el Encuentro Nacional de la Justicia Federal bajo el nombre de “El juzgamiento del narcotráfico”, realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. También sumó al procurador general, Eduardo Casal; al entonces gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (2019/2023); al entonces (y ahora actual) intendente de Rosario, Pablo Javkin (2019/2023); y a los integrantes del Consejo de la Magistratura de todos los colores políticos.

bosta federal

La pasión de AL tiene forma de bombonera. Sobre la mesita rato de su oficina reluce una réplica que puede ver desde el escritorio donde trabaja.

Para algunos dentro de Comodoro Py funciona una suerte de banda bostera que tiene una terminal en Daniel el “Tano” Angelici, con quien AL decía que no tendría problemas en ir a comer. El juez, sin embargo, se escapa de esa pinza y prefiere hablar de la Comisión de Seguridad que integró en el club en 2007 con el entonces ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y los fiscales federales Carlos Stornelli, Raúl Pleé y Gerardo Policita. A este grupo, los hinchas le deben el triple vallado de seguridad para entrar a la cancha. 

En el club de la rivera, como en los tribunales federales, tiene amigos y enemigos. En el primer bando ubica, sin dudarlo, a Jorge Amor Ameal, a quien respaldó en las elecciones del club contra  Angelici. En el otro pone a Richarte y Pirota, también reconocidos bosteros. 

En los últimos años, AL logró sortear con éxito varias causas abiertas en el Consejo de la Magistratura. Una de esas causas comenzó en 2018 con una denuncia de Elisa Carrió, quien dijo que junto a Freddy, su hermano, daban protección —a cambio de dinero y negocios— a empresarios y funcionarios investigados por delitos de corrupción contra la administración pública. El expediente terminó a cargo del fiscal Franco Picardi porque Stornelli se excusó. A ambos los representó el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La causa terminó en 2021 con el sobreseimiento de los hermanos a manos del juez Julián Ercolini, quien argumentó no haber encontrado elementos que sostuvieran la acusación.

También lo cuestionaron por “demoras excesivas” en el tratamiento de expedientes. AL se defendió y la presentación —que incluía a Rafecas— fue rechazada. La habían promovido desde la ONG “Será Justica”, impulsada por la exabogada del HSBC, María Eugenia Talerico, quien llegó a ser vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri; y la asociación Usina de Justicia, conformada por víctimas de situaciones violentas, que fundó la filósofa Diana Cohen Agrest. 

Un tema que lo preocupa es el prestigio. Sabe que la autoridad de un juez radica allí. Para construirlo combina dosis precisas de saber jurídico con habilidad para moverse en el tablero político. “Es la cara buena de lo que fue la avanzada de Bonadío y tiene la escuela de Riva Aramayo”, lo describe el funcionario que no lo quiere. El empleado que lleva años en el fuero (y habla sobre él sin conocer esa comparación) completa: “No es un temerario como era Bonadio”. El juez de la Glock aparece dos veces como su contrapunto. Y si uno era un lanzado, el otro es un hombre que sabe hacer equilibrio. 

Tal vez por eso, porque un tipo con barrio sabe elegir con quién se pelea, largó una carcajada contagiosa cuando lo amenazó el ex jefe del Batallón 601.

(La producción de este texto se hizo hace unos años, pero no llegó a publicarse

en aquel momento por lo que fue actualizado para su lectura en el escenario actual.)