un gobierno clasista y combativo

Jorge Macri lleva adelante una gestión poblacional de la ciudad de Buenos Aires propia de las antes inconfesables fantasías del poder: una urbe sin pueblo, calles vacías de cualquier roce y muros en las fronteras. Los colectivos perseguidos resisten como pueden la idea de un gigantesco barrio privado para los blancos, mientras esperan que se organice la solidaridad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se propuso terminar con los pobres de la ciudad. Para cumplir con ese objetivo no diseñó una batería de políticas públicas que los saque del estado de vulnerabilidad socioeconómica, sino que decidió tomar el atajo de forzarlos a mudarse más allá de la General Paz. Se trata de un plan de limpieza clasista de ocupantes de viviendas abandonadas, vendedores ambulantes, personas en situación de calle, cartoneros y asistentes de comedores y ollas populares. El Ejecutivo bautizó esta avanzada con el eslogan publicitario “Ley y orden” en afiches con los que tapizó el espacio público y en spots de campaña incesantes.

En el caso de los ocupantes de viviendas, para evitar los tiempos y procedimientos correspondientes a través de una orden de desalojo judicial —que implica la intervención de un juez que investigue a quién le pertenece legalmente el inmueble y que, llegado el caso de comprobar la usurpación, pondere el nivel de precariedad social que padece la familia que será desalojada—, el Gobierno comenzó a utilizar la vía del desalojo administrativo, un mecanismo veloz previsto para evacuar un edificio cuando hay un peligro inminente de derrumbe que pone en riesgo a habitantes, vecinos y transeúntes. De esta manera, de repente se presenta una cuadrilla de la Guardia de Auxilio porteña junto con la policía, pide a los moradores que salgan del edificio para evaluar los riesgos, ingresan los oficiales, vallan la entrada y los habitantes ya no pueden volver a ingresar.

Un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa señala que la intervención del Poder Ejecutivo en la desocupación de inmuebles se modificó cuantitativa y cualitativamente entre 2024 y marzo de este año. En ese período se desalojó a 4482 personas, entre ellas 1409 niños, niñas y adolescentes. Respecto de 2024, el año pasado supuso un incremento del 26% y, si se mantiene la tendencia de los primeros meses de 2026, la cantidad de expulsiones de viviendas para diciembre será aún mayor. Pero no es solo una cuestión de cantidades sino también de metodologías: se incrementaron los desalojos administrativos y disminuyeron los de origen judicial. Si en 2024 el 98% de los desalojos se realizó a través de una orden judicial, en los primeros meses de 2026 el 58 % fue de carácter administrativo y, por primera vez, superaron a los de tipo judicial.

Ante el desalojo, las políticas de contención para las personas que quedan, de repente y sin aviso, en la vía pública, “son inadecuadas e ineficientes”, según el informe. Se les ofrece concurrir a los centros de inclusión social —los famosos paradores pensados para aquellos que viven en la calle— o reciben un subsidio del Programa de Ayuda a Personas con Vulnerabilidad Habitacional para pasar la noche en un hotel. “Tanto una como otra son políticas muy remediales, para salvar la urgencia, pero de ninguna manera resuelven el problema”, dice Leandro Vera Belli, coordinador del área Derecho a la Ciudad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La primera reacción de las personas que resultaron desalojadas por el falso riesgo de derrumbe fue el estupor. Pero ante la repetición de casos comenzaron a organizarse, conformaron la Coordinadora contra los Desalojos y presentaron en junio un amparo colectivo. El juez Andrés Gallardo lo concedió y obligó al Gobierno a avisar al juzgado cualquier intento de desalojo por lo menos 24 horas antes de ejecutarlo. También estableció que se debe garantizar a las familias afectadas una vivienda transitoria, efectiva e inmediata.

“Desde entonces los desalojos por falso derrumbe disminuyeron”, dice Gigi Krein, integrante de la Coordinadora. Pero señala que no alcanza para solucionar el problema: “Si el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y el hábitat, ¿por qué inició más de 250 juicios de desalojo de viviendas que le pertenecían? La política de Jorge Macri tiene una clara intención: desalojar para luego beneficiar a la especulación inmobiliaria”. La organización no se queda en el eslogan de resistencia “Basta de desalojos” y propone que tanto los inmuebles ociosos del Estado como aquellos que recibe por herencias vacantes no vayan a remate sino que se los destine a políticas públicas para solucionar los problemas de vivienda y, en caso de ser rematados, que el dinero sea destinado a políticas de hábitat. Según la organización, en el último año entraron a subasta 320 casas o departamentos que podrían brindar soluciones habitacionales para mil personas. Siete viviendas de dos y tres ambientes fueron subastadas por el Banco Ciudad al mejor postor el pasado 28 de agosto.

dónde están los sin techo

Un patrullero de la Policía de la Ciudad, una camioneta con el logo BA y un viejo camión de basura van en trencito por la 9 de Julio en dirección hacia el norte. Se detienen a la altura de Carlos Calvo, del lado izquierdo, al borde del cantero central. Bajan dos policías y se dirigen hacia una pareja indigente que descansa sobre un colchón bajo la sombra de un árbol. Los agentes les piden que se levanten y ambos obedecen. Comienzan a hablar. Mientras tanto, dos personas descienden de la camioneta oficial. Usan barbijos y guantes de látex. Pasan con sigilo por detrás de la conversación, levantan el colchón, unas bolsas con ropa y otras pertenencias. Las arrojan al camión de basura. La pareja se sorprende y cuando quiere reaccionar es tarde. Los policías interrumpen el diálogo, se suben al patrullero y arrancan. Los siguen los otros dos vehículos. El hombre y la mujer se miran desolados.

Ya durante el primer año del gobierno de Jorge Macri, el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa habían elaborado un informe conjunto en el que sostenían que en los seis meses iniciales de 2024 había aumentado en un 128%, respecto de 2023, la cantidad de denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle. Un 34% de esas personas denunció haber sufrido algún tipo de violencia en el momento en que fueron apresadas.

El informe subraya que Jorge Macri aplica “una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de ‘Orden y Limpieza’, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, las detenciones, la violencia institucional y la destrucción de sus pertenencias como parte de las acciones de control y reapropiación de las fuerzas de seguridad de estos lugares”.

“Acá hay otra estrategia tramposa que usa el Gobierno: la figura de la portación de armas no convencionales. Si alguien vive en el espacio público es obvio que tendrá un cuchillo que usará para comer, como lo lleva también quien va a hacer un picnic a la plaza. La policía los requisa, los detiene y los imputa por tenencia de arma. Es una situación muy repetida”, remarca Victoria Darraidou, coordinadora del Área de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.

Otra investigación, el 5º informe del Registro Unificado de Violencias hacia personas en situación de calle, confeccionado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, señala que entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026 se registraron en todo el país 619 hechos de violencia contra personas sin techo, a razón de uno cada 14 horas. De ellos, 349 sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. El 70% de los operativos se encuadran como casos de violencia institucional.

Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, que trabaja con las personas sin techo, sentencia lo siguiente: “Para nosotros es más peligroso el personal de espacio público de la ciudad que la misma policía. Ninguna de las dos instituciones está preparada para intervenir, no son competentes para brindar una solución social no represiva. El problema de la gente que vive en la vía pública les explotó en la cara. En el último año se incrementó un 30%. Pero al Gobierno no le interesa solucionar el tema, solo quiere que no se vea. Está claro en la campaña que hizo Macri, que mostraba la foto de antes, con una persona durmiendo en un banco de una plaza, y la de después, que dejaba ver el mismo banco pero vacío. Es muy fuerte, remite a la idea del desaparecido. Nadie sabe dónde terminó esa persona”.

caba para los porteños

Las autoridades de la ciudad también se ensañan con quienes se solidarizan con las personas en situación de calle. Los vecinos que arman ollas populares son hostigados por agentes públicos. La excusa es que no solicitan autorización para ocupar la vereda o que no cumplen con la normativa de manipulación de alimentos. Así les ocurrió a organizaciones de Caballito y de La Paternal, por mencionar algunos ejemplos que se repitieron en otros barrios. Personal de Espacio Público, junto con la policía porteña, se acerca a los voluntarios y los intimida para que se retiren. No siempre lo logran. Lejos de algún remordimiento, Jorge Macri argumentó públicamente la razón de este tipo de medidas: “La lógica de dar comida y abrigo afuera solo hace que vengan más [personas indigentes] y les genera dependencia de eso”, dijo en una entrevista en la que cuestionaba las ollas populares organizadas por la Iglesia.

La política punitivista de Macri llega, incluso, a aquellos comedores barriales que reciben algún tipo de subsidio o alimentos del Programa de Fortalecimiento de Grupos Comunitarios del propio Gobierno. A principios de este año, a cada responsable de estos espacios el Ejecutivo porteño le entregó un celular con una aplicación en la que deben registrar el DNI de cada persona que recibe una vianda o plato de comida. Además de recargar aún más las tareas de los voluntarios que atienden estos locales, el sistema dificulta asistir a las personas más vulneradas: aquellas que están indocumentadas o viven en la calle. El argumento oficial reside en verificar que la comida llegue a destino y no se desvíe hacia algún fin espurio.

Siete Esquinas, por ejemplo, es un comedor popular ubicado en Escalada y Juan B. Alberdi, atendido por una cooperativa que surgió de una asamblea barrial. Aunque recibe alimentos para 145 raciones, se las ingenia para atender a 190 vecinos de Mataderos, Floresta, Villa Luro y Parque Patricios. Al principio, las voluntarias que lo atienden se resistieron a registrar a los comensales en la aplicación del celular, pero luego no les quedó más que acatar la medida: “Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para que alguien asuma esa tarea. Por no hacerlo, nos sancionaron. Estuvimos quince días sin que nos entregaran alimentos y tuvimos que dar el brazo a torcer”, subrayó la responsable del espacio, Cecilia Rojas, en un informe publicado en ANCCOM.

Los responsables de los comedores no se niegan a ser controlados, pero cuestionan que se utilicen tecnologías con fines punitivos mientras los alimentos escasean. También advierten que la información no es utilizada para un plan de asistencia integral y, a la vez, temen que los datos reunidos puedan ser utilizados en un futuro para limitar a los beneficiarios. Por ejemplo, para impedir brindar comida a alguien con domicilio en la provincia de Buenos Aires. El temor no suena descabellado. Desde este año, el Poder Ejecutivo de la ciudad instauró una especie de Doctrina Monroe versión vernácula: CABA para los porteños. Entre otras medidas, en agosto quitó el beneficio del 50% de descuento en el segundo pasaje a quienes combinan el tren suburbano con el subte. También impuso una tarifa diferencial en los espacios públicos de esparcimiento: en el Ecoparque, por ejemplo, los residentes en la ciudad ingresan gratis y quienes viven allende la General Paz deben abonar $ 9871. Y en los hospitales públicos ahora los porteños tienen prioridad de atención por sobre el resto de los habitantes del país.

En la narrativa que construye el Ejecutivo de la ciudad, todos los males provienen del otro lado de la General Paz. Por eso, también implementó operativos de saturación policial en el transporte público. Sin orden judicial, sin situación de flagrancia o sospecha clara, la policía porteña suele arremeter contra algunos pasajeros. Les pide documentos, los hacen descender de los vehículos públicos, los requisan y a veces terminan detenidos. Tras un pedido de información pública que realizó el CELS, el Gobierno reveló que en mayo pasado identificó a 1389 personas en el subte. Solo una de ellas terminó detenida.

marca porteña

Otro de los colectivos que se convirtieron en blanco recurrente del Gobierno de la Ciudad es el de los vendedores ambulantes, tanto los manteros que suelen instalarse en los barrios de Once, Flores o San Telmo como los artesanos de las plazas o aquellos que individualmente venden desde paltas hasta carilinas en cualquier esquina porteña. La escena se repite: un grupo numeroso de policías lo rodea, uno de ellos le dice en mal tono que se tiene que ir del lugar mientras otro le secuestra la mercadería. El vendedor quiere evitar que se lleven lo único que tiene y comienzan los forcejeos, con golpes de tonfa y patadas policiales incluidas. La secuencia suele terminar con la mercadería subida a un patrullero con destino incierto. El accionar represivo contra este sector es un claro abuso de autoridad, dado que el Código Contravencional porteño establece explícitamente que no constituye contravención la venta ambulante cuando se trata de una actividad destinada a la subsistencia. “Por eso, la policía provoca intencionalmente la fricción. De esa manera, termina deteniendo al vendedor y abriéndole causas por resistencia a la autoridad o desobediencia”, advierte Darraidou.

La organización El Mapa de la Policía advirtió que, según datos del Ministerio Público de la Defensa, entre 2023 y 2025 las denuncias por violencia institucional aumentaron más de un 63% y que los principales afectados son vendedores ambulantes, recicladores urbanos, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales y de la economía popular. En ese informe señaló que, según datos de la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional, el 92% de las causas contra la policía se archivan sin investigación. También describe que en los operativos contra los vendedores ambulantes suelen participar personas de civil sin identificarse y que la mercadería es secuestrada a pesar de no existir ninguna orden judicial que avale esa acción. Esos productos nunca regresan a su dueño: se tiran, se rompen o se los roba la propia policía.

En las redes sociodigitales abundan videos que demuestran la violencia de estos operativos. Algunos son posteados por vecinos indignados con el accionar policial y la crueldad de la administración macrista. Pero en muchas ocasiones son publicados por el propio Gobierno a modo de propaganda de mano dura, o por Buenos Vecinos, una agrupación que escracha, filma y denuncia a vendedores ambulantes, ocupantes de viviendas y trabajadoras sexuales en los barrios de Constitución, Once, San Cristóbal y San Telmo. Sus canales de comunicación están inundados de fotografías y videos de operativos policiales. La referente del espacio es Gloria Llopiz Ortiz, esposa de un excomisario.

El Gobierno arma reuniones con Buenos Vecinos y las utiliza para legitimar su accionar represivo. La organización realiza posteos celebratorios de desalojos, decomisos de mercadería a vendedores ambulantes, homenajes a la policía y, más recientemente, operativos de saturación en los barrios populares. Si bien no fue el único, el que más trascendió fue el denominado Tormenta Negra, una acción de control poblacional realizada de manera simultánea en 17 barrios populares con más de 1500 policías de la ciudad armados, con drones y móviles, y encabezada por Jorge Macri como si fuera un sheriff. No hubo investigación previa ni control judicial. Pero sí un amplio despliegue mediático que colaboró con la difusión, la estigmatización y la racialización de los vecinos que allí viven. “En Tormenta Negra detuvieron a 40 personas por tenencia de estupefacientes, el 1% de los habitantes de esos barrios, que es lo mismo que puede haber en cualquier otro barrio de Buenos Aires. La única lógica es obstruir la vida de los sectores más empobrecidos”, afirma Darraidou.

El último mes, el Gobierno sumó a su política de limpieza de clase a otro grupo vulnerable: los recicladores urbanos. Si bien ya eran hostigados en la vía pública a través de la policía, ahora el embate es administrativo. Los cartoneros emergieron masivamente en la ciudad durante la crisis de 2001 y, con el tiempo, transformaron una actividad informal en un modelo de gestión pública con inclusión social que comprende a 6500 familias. Tomaron la forma de cooperativas, mejoraron sus condiciones laborales y su calidad de vida, y asumieron la responsabilidad del tratamiento de residuos secos en toda CABA aportando a las políticas de cuidado ambiental también con campañas de concientización a los vecinos de toda la ciudad. Pero con la gestión de Jorge Macri comenzaron a encenderse las alarmas. Primero, el Gobierno recortó los transportes que ponía a disposición para los recicladores que llegaban a la ciudad desde distintos barrios del conurbano. El pasado 19 de agosto, a su vez, las cooperativas de cartoneros se manifestaron frente a las oficinas de Higiene Urbana, en Belgrano y Jujuy, para rechazar las condiciones exigidas para la renovación de los contratos del servicio de reciclaje urbano que vencen en septiembre de este año. Los requisitos patrimoniales y económicos para la renovación (propiedad de galpones para separación de residuos y de flotas vehiculares) prácticamente dejan afuera a las cooperativas y pone la actividad en manos de empresas privadas.

El jefe de Gobierno porteño compite con la administración nacional en las políticas de ajuste pero también en las de la crueldad. Lo hace por una cuestión electoral: está convencido de que así suma votos y se vuelve competitivo frente a La Libertad Avanza. Macri transforma al pobre en delincuente. No le interesa solucionar sus padecimientos sino invisibilizarlos y hace todo lo posible para expulsarlos más allá de la General Paz. Mientras tanto, capitaliza que —como se dice en el fútbol— Milei se lleva toda la marca con acciones salvajes para implementar estas políticas excluyentes y violentas sin que se produzca demasiado ruido.