El debate sobre la economía de plataformas a cielo abierto suele girar en torno a la precarización de sus “socios”, como las apps al estilo Rappi, Glovo, Uber o Pedidos Ya llaman a su fuerza de trabajo callejero. ¿Pero qué sucede con quienes, también por necesidad, están dispuestos a sumar una cuota de especulación al mercado inmobiliario argentino poniendo a disposición cualquier propiedad para extranjeros a la búsqueda de un alojamiento barato? Para eso existe otra plataforma de primera línea internacional: Airbnb.
Nacida en San Francisco en 2008, esta exitosa app cuenta en Argentina con casi medio millón de camas, aproximadamente 10% más que toda la oferta hotelera tradicional, lo cual ya transformó a la ciudad de Buenos Aires en la segunda más rentable para la plataforma en toda América Latina, apenas detrás de Río de Janeiro.
El problema es que, aunque el macrismo se ha enorgullecido de incentivar los pilares de esta nueva economía digital como parte de su fantasía modernizadora (a cuya vanguardia se encuentran las iniciativas del predilecto empresario Marcos Galperín), las únicas medidas para regular su presencia en el mercado inmobiliario han sido del tipo tributario. De hecho, ni siquiera el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) conoce el alcance de los “alquileres temporarios” bajo dominio de esta app valuada en 38.000 millones de dólares.
Pero hay un punto de conflicto insólito: las retenciones de hasta un 28% extra sobre el monto de los alquileres que la empresa argentina asociada a Airbnb les aplica a los propietarios que utilizan la app (que se lleva otro 3% de comisión por cada una de las operaciones realizadas desde la plataforma). Un traspié inesperado para quienes intentan aumentar la rentabilidad de sus propiedades en el barro de la recesión y la inflación.
fallas del sistema
El objetivo de Airbnb es conectar propietarios (o “anfitriones”) con usuarios (o “huéspedes”) que cumplan la función de inquilinos. En su mayoría, los clientes suelen ser extranjeros en busca de alquileres temporarios. Ya sea en Argentina o cualquiera de los otros 192 países donde opera, la ventaja competitiva que ofrece Airbnb para los propietarios y los inquilinos es la misma: la explotación de espacios privados al mejor precio.
Para el propietario, la plataforma significa la posibilidad de ofrecer incluso una parte de su inmueble (si lo que alquila es una habitación), de manera que pueda ganar un dinero extra o, sencillamente, especular con una mayor rentabilidad de su propiedad. Hecha ya la reserva, las partes arreglan las condiciones del encuentro y el traspaso de las llaves, y un día después de la llegada del “huésped” Airbnb libera la transferencia de pago al “anfitrión”, cobrando primero un 3% de comisión por su servicio. Hasta ahí, otro ejemplo de cómo Silicon Valley promueve soluciones simples para problemas concretos a través de las ventajas del libre mercado digital. Pero entonces empiezan los problemas.
En principio, la empresa encargada de hacer esos giros en Argentina, DLP Capital Partners S.A., ha realizado numerosas retenciones impositivas defraudatorias a los “anfitriones”. Según los testimonios privados y públicos en el foro online de la app, muchos usuarios que por su condición de “monotributistas” o “responsables inscriptos” en la AFIP deberían estar exentos de la aplicación de retenciones han descubierto quitas extras sobre las operaciones inmobiliarias realizadas en Airbnb. El 19 de enero de este año, por ejemplo, un usuario reclama en Pinamar que a partir de los depósitos de DLP Capital Partners “desapareció” el 28% de su pago “a pesar de ser monotributista”. Algo similar sucede en Rosario, donde otro “anfitrión” informa que a pesar de haber dado de alta su monotributo en la AFIP, le siguieron aplicando retenciones sobre su alquiler de manera automática. Tal vez el caso más llamativo es el de un usuario que ni siquiera es “anfitrión” y que al recibir un pago de Airbnb por otro tipo de operación, también le efectuaron la retención del 28%.
bombitas de humo
Antes de las denuncias de los usuarios de Airbnb, el vínculo entre DLP Capital Partners S.A. y el universo de las app ya había sido conflictivo. En febrero de 2017, la firma fue allanada por la Policía de la Ciudad a partir de los movimientos comerciales de la empresa Uber en el marco de una investigación dirigida por el Fiscal de Cámara Martín Lapadú y autorizada por la jueza Claudia Alvaro del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16. Pero la confusión entre los “anfitriones” de Airbnb es tal que no solo hay abogados sino incluso contadores ofreciendo sus servicios en el foro de una plataforma famosa por promocionarse como “ágil y sencilla”. Consultada por crisis, Airbnb aclaró que parte del valor que genera la comunidad de “anfitriones” es “cumplir con sus responsabilidades impositivas”. Pero respecto al caso particular de DLP Capital Partners y las quejas de los usuarios de la app por las retenciones indebidas, la posición de Airbnb fue reafirmar que son “los proveedores de pagos” los que se ocupan de efectuar las retenciones para luego remitirlas a la AFIP y que esta resolución “aplica a todas las transacciones en pesos efectuadas por dichos proveedores”.
Por su lado, la empresa DLP Capital Partners S.A., presidida por Marcos Piccardo, modificó algunos meses después del allanamiento judicial en 2017 su objeto social, suprimiendo sus “actividades financieras” para dedicarse a “efectuar en el país o en el extranjero servicios electrónicos de pago y cobranzas por cuenta y orden de terceros de facturas electrónicas”. En este punto, todas las ventajas de la comunicación digital se terminan y DLP Capital Partes S.A. se vuelve casi espectral. De acuerdo con Airbnb, si alguno de los “anfitriones” tiene dudas sobre su situación fiscal, “debe comunicarse directamente con la AFIP”. Quienes intenten comunicarse con DLP Capital Partners y conocer más sobre las retenciones, solo podrán recibir como respuesta el silencio de un anticuado anuncio de “cliente fuera de servicio”.
Tanta opacidad tiene como resultado que los “anfitriones” argentinos de Airbnb ya hayan empezado a trasladar las retenciones del 28% hacia el precio final que pagan los “huéspedes”. En un contexto habitacional de por sí abusivo, las promesas de una rentabilidad extra provocan una reducción de la oferta de alquileres tradicionales y, por supuesto, un aumento de los precios. Según Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, la ley 4362 de registración de propiedades de alquiler turístico temporario en la Ciudad fue correcta en su versión sancionada de julio de 2013. Pero al momento de reglamentarla el bloque oficialista del Pro y la hizo virar 180°: habilitó la posibilidad de que no haya ningún tipo de control estatal sobre aquellos que quieran alquilar de forma temporaria sus departamentos.
ciudades hostels
Lo que Airbnb coloca en escena, según Muñoz, “son las condiciones generales de una política habitacional que favorece la privatización absoluta de la vivienda, la venta de terrenos públicos para negocios inmobiliarios y un marco más que auspicioso para aquel que quiera hacer un negocio especulativo”. De acuerdo con los cálculos de la Defensoría del Pueblo, hoy un alquiler temporario puede rendir hasta un 30% más que un alquiler tradicional, y es por eso que, según Inquilinos Agrupados, Airbnb es una amenaza a las condiciones del acceso a la vivienda.
El espejo más temido por los inquilinos es Venecia: en el transcurso de los últimos años, el éxito de Airbnb ha llevado a la mayoría de los propietarios a transformar sus inmuebles en alquileres temporarios exclusivos para turistas, expulsando del mercado a cientos de inquilinos venecianos. Convertida en el “hotel total de Airbnb”, Venecia genera millones de dólares que, debido a la escasa regulación del ayuntamiento, escapan de la economía local. En este sentido, desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad reconocen que en Barcelona o Venecia la plataforma sí tiene un efecto sobre el precio de los alquileres, y es por eso que ante la ausencia de datos actuales sobre lo que ocurre en Buenos Aires, el Observatorio de la Vivienda está llevando adelante estudios para “comprender la dimensión de la cuestión”.
Mientras tanto, en una Argentina empujada a nuevas formas de subsistencia “emprendedora”, como las sugeridas por el exlegislador del PRO Andy Freire, las plataformas ofrecen una opción rápida y rentable: Glovo, Rappi, Uber y Airbnb son una opción tentadora para quien tiene una bici, un auto o un departamento con el cual tratar de ganar algún dinero extra. Pero en el caso de Airbnb, es también la clase propietaria la que ingresa al circuito de explotación y especulación de las apps en medio del vacío legal. En el laberinto que se erige entre el gobierno que no regula, las firmas de servicios financieros y la economía de plataformas -tres actores siempre atentos al juego de pasarse la pelota sin asumir la responsabilidad-, serán otra vez los usuarios quienes deban hacerse cargo y organizarse para subsistir.
