El despacho de Hugo Yasky es anfibio. Para llegar a él se ingresa por el moderno Anexo de la Cámara de Diputados, pero su oficina está ubicada en el quinto piso de un edificio contiguo, casi centenario, adosado y conectado a la torre de Rivadavia y Riobamba por una intervención arquitectónica de dudosa estética.

Esa especie de pasadizo secreto desemboca en su oficina, donde las paredes también cabalgan entre dos mundos. Están las gigantografías de Cristina Kirchner y el Frente de Todos, la agrupación partidaria a la que representa, y también cuelgan –enmarcados-  guardapolvos intervenidos, testigos de las históricas luchas docentes de la CTERA, el gremio del que fue Secretario General. Quizá el pizarrón escolar que está en un rincón, devenido en ayudamemoria de las comisiones parlamentarias que integra, sea una síntesis perfecta de su trayectoria como maestro, sindicalista y legislador.

Yasky es nieto de un inmigrante rumano judío que fue el primer concejal socialista de La Matanza. Su abuela no se quedó atrás y fundó el primer Centro de la Mujer Socialista en Ramos Mejía. Heredero de ese compromiso político, sufrió la persecución de la última dictadura, que lo censanteó por su militancia gremial cuando trabajaba como maestro. A pesar de eso, siguió involucrado en la política y se convirtió en un personaje de reconocimiento público como uno de los maestros ayunantes en la Carpa Blanca, aquella original medida de protesta de finales de los 90, que puso en evidencia el desfinanciamiento del sistema educativo que llevó adelante el gobierno de Carlos Menem. Hoy está al frente de la Central de Trabajadores Argentinos y preside la Internacional por la Educación de América Latina, una federación que agrupa a más de treinta sindicatos docentes y que se extiende desde la Argentina hasta Guatemala.

En las últimas décadas hubo una tensión entre dos modelos internacionales de educación, el de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que calificaba a la educación como un bien transable- y el de la UNESCO, que la enfocaba con una perspectiva de derecho. ¿Cuál de los dos va a salir triunfante después de la pandemia?

-La pandemia profundizó las desigualdades preexistentes, hizo que la riqueza se concentrara todavía en menos manos y que la pobreza se expandiera. Este fenómeno condiciona el presente y el futuro de la educación. La desigualdad casi siempre se traduce en exclusión educativa y hay una tendencia a que el emergente de esas desigualdades sean gobiernos de derecha, autoritarios, que llevan el dogma neoliberal al extremo. Hoy, en América Latina, este fenómeno es visible. Es alentador que haya reacciones en Colombia o en Chile, pero también hay que decir que hay más pobreza, más represión, más autoritarismo y en las escuelas esto se traduce en una mayor desigualdad. En el siglo pasado se traducía eso en analfabetismo, ahora se le agrega la brecha digital. La mayoría de los países de América Latina no tienen una red que garantice la continuidad pedagógica virtual. Después de la pandemia tendremos una expulsión muy grande de niños en la primaria, pero mucho más grande será en la secundaria. Y vamos a ver, otra vez, aparecer a los mercaderes del templo, ahora disfrazados de proveedores de soluciones digitales para el drama de una escuela que quedará impactada. Aunque se lo quiera disimular, serán dos años de una educación con serios agujeros negros, pese al gran esfuerzo de los docentes.

¿Quiénes serán los nuevos “mercaderes del templo”?

-Hoy está muy en boga el mercado de soluciones digitales para reemplazar la presencialidad. Aparecen grandes empresas, como Google o Pearson, que es la que ya vende (a más de 70 países) las evaluaciones estandarizadas y le provee a la OCDE las PISA. Hay otras que tienen contratos a nivel local, como la señora de Daniel Hadad (Viviana Zocco), que promociona y vende plataformas educativas. Se abrió todo un nuevo mercado. Distintas multinacionales trabajan en ellas, se imaginan que habrá una demanda de gobiernos que querrán compactar los ciclos lectivos en plataformas que buscarán condensar saberes elementales para recuperar el tiempo perdido. Hay muchos que piensan que se pueden reproducir en América Latina las “escuelas de bajo costo” que se implementaron en África, en las que a través de plataformas virtuales se enseña con la ayuda de una especie de animador o de guía que no es un maestro. Se trata de transferir a la tecnología la solución del problema pedagógico, prescindiendo del maestro. La venta de contenidos educativos seduce a muchos gobiernos que ven la posibilidad de reemplazar a buena parte de los docentes e imponer ese modelo formateado por la OCDE, donde se puedan eliminar los contenidos supuestamente contaminantes, que tienen que ver con la historia de los pueblos. Y, además, se ahorran salarios docentes.

¿Cómo explica que aquellos que históricamente promovieron el solucionismo tecnológico hoy exigen la presencialidad en la escuela?

-Es una aparente contradicción. Tiene que ver con la necesidad del aparato productivo de no interrumpir su funcionamiento, para lo cual es imprescindible que los niños asistan a la escuela. En algún lugar tienen que estar los chicos para que los padres puedan ir a su trabajo. Es un requerimiento del comercio, de las industrias, de los servicios. El problema no es tanto con los adolescentes y los jóvenes, que tienen más autonomía. Por eso la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires es imprescindible para la primaria y relativa para la secundaria. También subyace la idea de que las empresas no se tienen que hacer cargo de nada vinculado a la economía del cuidado que impone la pandemia. La ecuación economicista de los neoliberales brutales los llevó a pensar la presencialidad como una especie de cruzada. Además, vieron en las encuestas que una parte importante de la ciudadanía reclamaba la presencialidad y, en un año electoral, decidieron sostener esa demanda para lavar su pecado original: ellos siempre despreciaron la educación pública.

En la campaña electoral de 2015, el progresismo perdió en manos de la derecha una de sus banderas históricas: la lucha contra la corrupción. ¿Ahora no está pasando lo mismo con la educación?

-Esto es un fenómeno absolutamente efímero. La realidad va a terminar de poner las cosas en su lugar. Ya lo estamos viendo en la Ciudad, se está pasando la fiebre por la presencialidad frente al aumento descontrolado de contagios. Fue un debate que instalaron con mucha habilidad y con el poder de fuego enorme de los grandes medios de comunicación. Impusieron una disputa dilemática entre presencialistas y virtualistas, como si fueran la laica y libre, como si nosotros estuviéramos proponiendo que nunca más vuelvan los chicos a las aulas en vez de parar por tres o cuatro semanas para bajar los contagios. La virtualidad se instaló definitivamente como una práctica educativa. Y ahí viene otra discusión, con otras banderas que la derecha no va a levantar: el derecho a la conectividad como una conquista ciudadana, y la disputa por plataformas educativas que sean generadas desde los propios ministerios de Educación para que la producción de contenidos no quede en manos privadas. Esta disputa tendrá un profundo sentido democrático y tendrá un fuerte impacto en la configuración de la escuela pública. Quizá ahora podamos pensar la implementación de la jornada extendida combinando la presencialidad y la virtualidad. Ese mix nos permitiría llegar a lo que no podremos tener en muchos años, si pensamos que para lograrlo en la presencialidad habría que tener el doble de edificios y de docentes. La derecha tuvo una especie de romance, muy de luna de miel, que se va a terminar ni bien volvamos a discutir cuánto financiamiento público hace falta para la escuela pospandemia, de qué manera generamos programas que nos permitan volver a incorporar la matrícula que se perdió, cómo dotamos de instrumentos a docentes y alumnos para que el equipamiento informático esté al alcance de todos. Son todos elementos que la derecha, con su mirada elitista y de una educación de doble velocidad -una para los ricos y otra para los pobres- no va a poder conciliar.

Si la virtualidad llegó para quedarse, ¿habrá que discutir nuevos derechos laborales docentes?

-Para los docentes y para el resto de la sociedad. Por eso se dictó la Ley de Teletrabajo. Hasta ahora el docente resolvió de su propio bolsillo las demandas de la educación virtual, las herramientas no fueron provistas por el Estado. Tampoco hubo compensación económica. Y si mañana el maestro tiene que trabajar en el aula y en la virtualidad, habrá que ver cómo incorporar ese tiempo a los nuevos derechos. Porque la tendencia en el mundo es ir hacia una reducción de la jornada laboral. La Argentina tiene, junto a México, la jornada laboral más extensa del mundo: 48 horas semanales. Y la derecha dice que a los argentinos no les gusta trabajar… Es la jornada que estableció la OIT cuando se creó, hace 102 años. Hoy plantea una reducción a 36 horas; los países europeos que ellos admiran ya la redujeron. Y también hay que discutir una parte del trabajo del que las empresas se benefician de manera invisible y que realiza mayoritariamente la mujer: la de la economía del cuidado. Eso tiene que estar en el cálculo de costo-beneficio de las empresas.

¿Esta apropiación tecnológica de emergencia que hizo el sistema educativo durante la pandemia fue acrítica?

-No, en nuestro país la penetración de las plataformas educativas privadas casi no tuvo incidencia.

Sin embargo, WhatsApp, Zoom y Classroom fueron las estrellas de la virtualización. Y ahora Google puede monetizar toda la información que los docentes subieron a su plataforma.

-Es verdad, el Zoom es la estrella y el aula virtual mayoritaria es Classroom. Pero hay algo más: los gobiernos de muchos países están poniendo en el aula virtual los contenidos que venden las compañías multinacionales, que es avanzar un paso más en la enajenación y la sumisión cultural a modelos educativos que no tienen nada que ver con lo nuestro. En Argentina eso no tuvo demasiado lugar, como sí en gobiernos de Centroamérica como, por ejemplo, El Salvador u Honduras. Lo que está en disputa es el tránsito entre la autonomía del pensamiento y creatividad del docente a la imposición de modelos enlatados. Si pudiéramos avanzar garantizando conectividad en todo el país, distribuyendo computadoras a todos los alumnos y dándoles a los docentes un tiempo de labor presencial y otro a través del teletrabajo, con los instrumentos y la remuneración adecuada, sería salir por arriba de la crisis, un salto positivo.

¿Ese salto es posible en un país que acaba de perder 10 puntos del PBI y que arrastra tres años de recesión?

-Tenemos que marcar la hoja de ruta. Si pensamos que nuestro país va a tener un Producto Bruto en permanente retroceso y acomodamos nuestras demandas y postulados a esa idea, vamos a asumir como propio el pensamiento de los neoliberales. Eso lo tienen que pensar ellos. Nosotros tenemos que ver cómo derribamos la barrera de la desigualdad, cómo generamos un esquema productivo que recupere empleo y cómo volcamos los recursos del Estado: la mayor recaudación por el aumento de los commodities o por las leyes como la del aporte solidario de las grandes fortunas, que significó 230.000 millones de pesos. Esos números nos plantean la posibilidad de brindar más recursos a la educación. De la pandemia tenemos que salir con mejores escuelas y con mejores sistemas de salud. Es muy probable que tengamos que enfrentar escenarios como este en los próximos años.

El Gobierno suele decir que aprovechó el tiempo del ASPO para fortalecer el sistema de salud y evitar el colapso sanitario, ¿también lo aprovechó para fortalecer el sistema educativo? Por ejemplo, para mejorar la conectividad para el segundo año de pandemia.

-Se empezó a revertir la curva descendente que marcó el desfinanciamiento del macrismo. La pandemia impacta en un sistema educativo que arrastraba enormes carencias. Es más fácil preparar hospitales de campaña para estar en condiciones de enfrentar el número de contagios -que aunque es grande es un universo acotado- que preparar escuelas para que todos los alumnos del país tengan las condiciones necesarias. En un año no se puede resolver la desigualdad digital. Ha habido licitaciones para adquirir computadoras y las empresas que las ganan no llegan a abastecer: el Estado está en condiciones de comprar mucho más de lo que pueden producir. Ese es un nudo a resolver, el otro es la Ley de Conectividad.

¿La educación pospandemia necesita de nuevas leyes?

-La Ley de Conectividad será un tema clave, también la Ley de Financiamiento y la de Formación Docente. Hasta ahora hubo mucho voluntarismo de los maestros pero no es lo mismo dar una clase en un aula presencial que en una virtual, hay soluciones pedagógicas que en muchos casos los docentes no tienen porque carecen de los conocimientos. Y eso tiene que ser parte de los desafíos a resolver. La Ley de Conectividad, a su vez, tiene que plantear una epopeya social, garantizar que en dos años la conectividad se extienda al último rincón del país. Y eso no puede quedar en manos del mercado, que vende solo donde tiene muchos clientes. Por eso lo tiene que tomar en sus manos en Estado, puede ser asociado al sector privado, pero en el marco de una política pública. También hay que discutir una nueva Ley de Financiamiento, que tenga parámetros acordes a esta etapa.

¿Tiene que fijar un porcentaje del PBI, como la actual? Porque demostró que en tiempos de recesión es ineficiente.

-Se está empezando a discutir. Se está planteando un esquema de un 6% para la educación básica y un 2% para universidad y el sistema tecnológico. La ley anterior favoreció mucho más a la universidad, por lo que persistieron problemas, atrasos, desigualdades. La manera de compensar a las comunidades que viven en la pobreza es garantizarles las mejores escuelas, lo contrario a lo que hoy vemos: las mejores escuelas están en los lugares donde viven los sectores de mayores ingresos.

¿Los subsidios a las escuelas privadas merecen ser revisados?

-En algún momento habrá que revisarlos. Primero hay que definir una nueva escala de subsidios que deje afuera a aquellas escuelas cuyas cuotas están dirigidas a círculos sociales elitistas y de opulencia. Subsidiar a esos sectores termina agrandando la brecha. Lo mismo ocurrirá si se permite deducir las cuotas escolares del Impuesto a las Ganancias. Sería un doble subsidio. El problema que tenemos es que hay muchas escuelas privadas que dependen del aporte del Estado y tenemos muchos docentes cuyas fuentes de trabajo entrarían en peligro. Hoy hay un 25% de escuelas que son privadas, se impone la gradualidad para solucionar este tema.

¿A qué atribuye la proliferación de ONGs dedicadas a la educación en los últimos años?

-En muchos casos, esas ONG están financiadas por sectores de la derecha, en algunos casos por grupos evangelistas, como los que penetran en Brasil, Centroamérica o África. Es una manera de generar grupos de poder para introducir una especie de colonización a través de los sistemas educativos. También hay otras ONGs que son nombres de fantasía para ocultar empresas que inventaron una nueva forma de lucrar con fondos públicos a través de la venta de servicios educativos al Estado. Hay muchas, subsidiadas por multinacionales, que dicen que forman líderes.

Usted se convirtió en un personaje público con el ayuno en la Carpa Blanca, a fines de los 90, una medida de protesta que despertó mucha empatía social con los docentes. Con los años, esa relación de los maestros con la sociedad comenzó a resentirse. Volvió a incrementarse el prestigio docente al principio de la pandemia pero con el debate de la presencialidad da la sensación que otra vez hubo un divorcio con una parte de la opinión pública. ¿A qué lo adjudica?

-Argentina -como Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú- es una sociedad dual, en las que los grandes medios de comunicación logran abroquelar a sectores que tienen un activismo muy sistemático e intenso. La mayoría de nuestras sociedades tienen un colectivo social partido al medio, donde una mitad va detrás de los poderes fácticos que hablan a través de los medios. En la Carpa Blanca estuvieron Morales Solá, Lanata, Leuco… Radio Mitre transmitió desde allí. Hoy esos sectores militan en contra de los docentes y eso tiene una traducción en el colectivo social.

No se puede negar el poder de los medios, pero tampoco se puede subestimar que la escuela tiene la capacidad de entrar todos los días a los hogares. El contacto es diario y cara a cara de los padres con los docentes. ¿Qué pasó que se debilitó ese vínculo?

-Antes no existían marchas de la derecha frente al Congreso, eran solo del sindicalismo o la izquierda. Los ricos y las clases medias altas se empoderaron, defienden la meritocracia y su discurso caló también dentro de los sectores populares. Y hay una parte de los docentes que también va detrás de estos sectores. Esa dualidad ahora está en toda la sociedad, dentro de los docentes y dentro de las escuelas. Hay maestros que habrán creído que los interpretaba Larreta. Quizá en el colectivo docente la división sea 80 a 20, pero en otra época era 95 a 5. Es el cambio que tuvo la sociedad. El gobierno de Mauricio Macri hizo un desastre en el país y, sin embargo, retiene un nivel de adhesión impresionante.

¿Está preocupado por las elecciones parlamentarias?

-Más que por las elecciones, estoy preocupado porque creo que el gobierno debe dar señales muy claras para que se empiece a mitigar el padecimiento de los sectores populares. La decisión de la suspensión de las exportaciones de carnes va en la dirección de las medidas que necesitamos. Si logramos que la gente sienta que empieza a mejorar la perspectiva de vida no tengo dudas de que vamos a ganar la elección.

Como diputado de extracción sindical, ¿qué piensa cuando el gobierno que integra no puede frenar la inflación y los salarios se deterioran?

-Es parte de la lucha de clases. Tenemos un gobierno que asumió diciendo que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Pero la clase dominante existe, no solo tiene autonomía del gobierno, sino que además está decidida a impedir que la política oficial prospere porque sabe que si ello pasara habrá un respaldo del voto popular. La clase dominante no es neutral y no lo disimula en absoluto. Tuvimos paritarias libres, nadie nos dijo que no podíamos cerrar más allá del 29% previsto de inflación. Cerramos en 35%, pero la clase dominante dijo: “Si ustedes quieren estar cinco puntos por arriba del 29%, nosotros queremos estar 10”. El gobierno tiene que tomar medidas ya, sostenerlas y pisarle los callos a quien sea.

Da la sensación que a veces le cuesta sostener las medidas y pisar callos.

-Este es un gobierno con zonas duras y zonas blandas. Ganamos la elección porque pudimos construir esa amplitud. Eso lo sabe el enemigo, por eso estuvo      golpeteando sobre la cabeza de Fernández para que se deshaga del kirchnerismo y, como no lo hizo, la guerra ahora es desatada. Y en el gobierno hay gente que debe sentir un poco de vértigo cuando hay que enfrentar a estos grupos, otros estamos convencidos de que hay que hacerlo. Eso explica mucho de los zigzagueos. Pero cada vez hay menos margen de duda de que estos poderosos grupos quieren profundizar más la desigualdad.

La inflación, entonces, no es un problema macroeconómico sino de lucha de clases.

-¿Estos meses de pandemia subió la demanda? No. ¿Hubo emisión? Tampoco. ¿Hay presión por el precio de los dólares? No, está planchado. Aumentaron los commodities y hay que pelear con uñas y dientes para descalzar el precio local del internacional. Por eso digo que está bien la suspensión de las exportaciones de carne.

La respuesta del sector agropecuario fue otro lockout patronal…

-Así como la Mesa de Enlace se mete en la cancha a pelear, los sectores populares también debemos hacerlo. No debe ser solo una pulseada del gobierno con los ruralistas. No podemos verlo desde la televisión, tenemos que convocar las centrales sindicales, los movimientos sociales, los estudiantes. Tiene que ser una epopeya popular. Hoy estamos disminuidos porque nuestra forma de estar presente en el conflicto es con la movilización, pero la pandemia nos disminuye. Habrá que buscar nuestra forma de intervenir, no podemos ser espectadores. No puede haber indiferencia, neutralidad ni inercia. La inercia en la política es como el monóxido de carbono: te quedás dormido y cuando querés despertarte ya estás del otro lado. Eso sería la derrota.