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¿Qué rol les damos a las cooperadoras?
Desde hace décadas, muchas veces son sostén de los espacios que abandona el Estado. A su vez, en muchos colegios son activos sujetos políticos que plantean discusiones sobre las políticas educativas. Ante la intención de crear una nueva ley de cooperadoras porteñas, esta nota repasa las diferentes situaciones de las cooperadoras escolares a lo largo y a lo ancho del país.
Ilustraciones: Nicolás Daniluk
23 de Junio de 2022

 

Una encuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que llegó vía correo electrónico y mensaje de texto a equipos directivos y asesores de cooperadoras escolares puso en la agenda el rol de estas entidades casi centenarias. “Estamos trabajando en la nueva Ley de Cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires y tu aporte será muy valioso para construir este marco normativo”, informaban, a mediados de mayo, las autoridades.

Pocos días después, legisladores del Frente de Todos, acompañados por representantes de la organización Cooperadores en Movimiento, presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno de CABA adhiera a la Ley Nacional Nº 26759 de Cooperadoras Escolares. Dado que no se conoce la letra del nuevo proyecto que se prepara en la Legislatura porteña, hay quienes sospechan que el texto podría no adecuarse a los principios rectores de la norma nacional.  Antes de que haya definiciones, sobre la mesa quedaron las discusiones sobre el rol de las cooperadoras a nivel nacional y los distintos matices que adquieren.   

 

un sostén organizado

Los cooperadoras escolares son resultado de la institucionalización del vínculo entre las comunidades educativas y las escuelas. Como señala la investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa María José Billorou en el libro Palabras claves en la historia de la educación argentina, con la consolidación de la escuela pública y de su carácter obligatorio en el Nivel Primario, el Estado, para que no se licuara la centralidad de su rol, buscó reglamentar estos lazos entre sociedad e instituciones escolares. Así, en 1932, el Consejo Nacional de Educación (CNE) determinó que las escuelas estaban obligadas a conformar comisiones cooperadoras en las escuelas públicas. De allí en adelante, son parte del paisaje escolar.

Es llamativo que recién en agosto 2012 se sancionara la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares. La norma define muchas cuestiones que hace casi un siglo funcionan de manera más o menos consuetudinaria: democratización de la gestión educativa, mejora de los establecimientos, fomento de prácticas solidarias y de cooperación, promoción de la inclusión educativa y defensa de la educación pública. También indica que deben estar conformadas “por padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y al menos por un directivo de la institución educativa”. La ley, por otro lado, determina que las distintas jurisdicciones del país deben dictar “normas específicas para promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento”.

“La cooperadora empieza funcionar cuando falla el Estado. Su rol tiene que ver con ayudar a sostener un sistema educativo obligatorio con pocos recursos”, señala Billorou. En muchas jurisdicciones del país, se normalizó que estas entidades cubrieran necesidades elementales para el funcionamiento de las escuelas. Patricia Figueira, miembro de la comisión directiva de la cooperadora de la Escuela Primaria N° 16 del barrio porteño de Almagro, lista los gastos corrientes de los que deben hacerse cargo: diplomas y medallas de egreso, parte de los insumos y productos de limpieza que no cubre el Estado, registros, libros de personal, fotocopias, lapiceras, muchas de las impresoras, toner, resmas, gastos de salidas didácticas y materiales para proyectos didácticos especiales, reparaciones y mantenimiento edilicio. 

Andrea García, secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación, coincide en que el rol histórico de estas instituciones manejadas por las familias tuvo que ver con cubrir las falencias del Estado. Sin embargo, insiste en que su gestión busca promover la democratización del sistema educativo: “La Ley 26759 crea las condiciones para que las familias incidan sobre el modo y tipo de educación que quieren para sus hijos”.

Aunque muchas están trabajando en ello, gran parte de las 24 jurisdicciones aún no tiene su normativa sobre cooperadoras adecuada a la legislación nacional. Eso no quiere decir que este tipo de entidades no estén funcionando, pero lo hacen de manera muy heterogénea y con una intensidad muy variable entre provincias y niveles educativos. García es consciente de esta disparidad jurisdiccional y también de que los años de pandemia hicieron que se perdieran o debilitaran muchas de estas organizaciones. Una medida para recuperarlas o fortalecerlas es el Programa Nacional CooperAR. “Hacemos acompañamiento técnico, organizamos foros sobre experiencias de trabajo comunitario y transferimos fondos. Consideramos que la verdadera función de la cooperadora no es solo recaudar, sino ser parte del proyecto institucional y de la vida de cada escuela”, argumenta la funcionaria. Los fondos asignados sumaron un total de 1.100 millones en 2021; y de 1.800, en 2022. Además, fueron otorgados con una dirección clara: recuperar a los chicos y chicas que se habían alejado de la escuela durante la pandemia. El dinero se utilizó para adquirir elementos para protección contra la covid-19, equipamiento para comedores e indumentarios para estudiantes.

Pablo Cesaroni, integrante de la organización Cooperadores en Movimiento, considera que la asignación de fondos a veces contribuye a que las escuelas promuevan la creación de cooperadoras para recibir un dinero que resulta más que bienvenido. “En CABA –cuenta–, hay 845 cooperadoras en los tres niveles educativos obligatorios. Y hay alrededor de 1.000, 1.100 escuelas. Esto no quiere decir que las 845 estén funcionando. Hay distintos grados de desarrollo y algunas directamente son cooperadoras virtuales. Es decir, el equipo directivo la forma exclusivamente para recibir fondos del Estado, pero las cooperadoras solo existen en una planilla”. Se calcula que, en todo el país, existen unas 30.000 cooperadoras constituidas.

Al menos en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, para constituirse, las cooperadoras requieren de una comisión directiva formada por presidente, secretario, tesorero y cuatro o cinco vocales. Además, exigen una comisión revisora de cuentas de tres miembros. Alguien del equipo directivo debe cumplir el rol de asesoría. Las autoridades de estas comisiones se renuevan en asambleas anuales de socios y socias de la cooperadora (quienes pagan la cuota) y una vez por mes debe reunirse en asamblea la comisión directiva para decidir en qué se gastan los fondos y qué actividades puede realizarse para recaudar recursos propios.  

 

¿podemos opinar?

En las jurisdicciones en las que el funcionamiento de cooperadoras es generalizado, se da una paradoja: las escuelas que reciben población más vulnerada y necesitarían de más fondos propios suelen ser las que menos posibilidades tienen de recaudar dinero y de organizarse. “En la zona sur de CABA –describe Cesaroni–, muchas escuelas no tienen cooperadora. En las escuelas de zona norte las escuelas son más fuertes, tienen mayor recaudación de fondos propios y menos necesidades. Tienen una comunidad con un ingreso importante y disponen de más tiempo que las familias de otros sectores sociales, que tienen que trabajar más horas y enfrentar otras situaciones”. Por otra parte, la constitución de cooperadoras que solo figuran en una planilla hace que más tareas recaigan sobre los equipos directivos, que acaban por restar tiempo a las tareas que les son propias. La propuesta de Cooperadoras en Movimiento, dice Cesaroni, es que los criterios para la asignación de fondos no den tanto peso a la matrícula de cada establecimiento y consideren qué escuelas requieren de mayor asistencia.

Rosana Merlos conoce de cerca el sistema educativo bonaerense. Fue directora de Derechos Humanos de SUTEBA y ahora es directora de Cooperación Escolar de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Coincide en que el funcionamiento actual de las cooperadoras tiende a ser más beneficioso para aquellas escuelas que reciben a sectores de clase media. No obstante, pone algunos reparos: “Durante la pandemia, las comunidades de los lugares más vulnerables pusieron mucho más el cuerpo que las de otras escuelas, repartiendo los bolsones, cuadernillos, etc. Hay una fortaleza desde la solidaridad, aunque esas comunidades no terminen siempre por organizarse como cooperadoras. Se necesita un fuerte apoyo del Estado para que eso suceda”.

A diferencia de lo que ocurre en CABA, donde las escuelas reciben el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) –que según cooperadores porteños alcanza para cubrir alrededor de un 20% de los gastos anuales–, las instituciones bonaerenses son financiadas a través de los Consejos Escolares, cuyas autoridades son elegidas en las elecciones. Este financiamiento, al menos en muchos municipios, está lejos de ser eficiente. “Mensualmente, gastamos 15 mil meses solo en papel higiénico”, subraya Karina Pereyra, presidenta de la cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 1 de San Isidro. “Nuestro municipio tiene el ingreso per cápita más alto de Buenos Aires y no tiene sus escuela públicas en condiciones dignas”, reclama. Si bien reconoce que los 70 mil pesos que llegaron del Estado nacional a través del Programa CooperAr fueron de gran ayuda y sirvieron para cubrir algunas necesidades urgentes, considera que debería ser un fondo que se asigne todos los años a las escuelas del país entero.  

En línea con lo planteado desde el Gobierno nacional, Merlos afirma que quieren “darles otro carácter a las cooperadoras de la PBA, para que no sean solo una cuenta ordenada en el banco”. Durante este mes, la gestión aspira a que estén constituidas unos 8.600 cooperadoras (hay 14.000 establecimientos educativos en la Provincia). También, en sincronía con Nación, se busca simplificar todas las tareas administrativas que dificultan su funcionamiento o las vuelven un privilegio para familias que disponen de tiempo libre o tienen conocimientos contables. “La mayor dificultad –relata la funcionaria– se plantea cuando tiene que hacerse el trámite en AFIP para la excepción del Impuesto a las Ganancias o para la vinculación que tiene que hacer el presidente de la cooperadora para poder operar con AFIP. No son cosas fáciles para personas que disponen de muy poco tiempo. Por eso, firmamos convenios con el Banco Provincia, con ARBA y con AFIP. Siempre con el objetivo de simplificar trámites”.

Miembros de algunos equipos directivos de escuelas secundarias del sur de la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de cuán necesarios son los fondos que reciben las cooperadoras de parte de la jurisdicción –y ahora también de Nación– para que la escuela pueda funcionar. Los libros matrices, donde se conservan las certificaciones de quienes egresaron de la institución, llegan a costar alrededor de 10 mil pesos. Pero también hay que comprar los libros de temas, libros donde se registra la asistencia de los estudiantes, libros de actas para registrar los exámenes regulares y libres, libros de actas para dar cuenta de intervenciones pedagógicas y de convivencia. Y, como en los otros niveles educativos, deben comprarse elementos para realizar la limpieza cotidiana o jabón y papel higiénico para los baños. Las escuelas con comunidades con pocas posibilidades de recaudar fondos propios dependen muchos de los subsidios del Estado y, cuando las cooperadoras solo existen en una planilla, de la buena predisposición de los equipos directivos para realizar un trabajo que demanda muchas horas y, como siempre que hay dinero de por medio, genera temor de que se los acuse de algún mal uso de recursos.    

La situación actual en CABA permite repensar algunos puntos centrales para la cooperación escolar. Cesaroni –que tiene contacto con cooperadores porteños, pero también del resto del país– da una idea clara de cuáles son los aspectos que cualquier ley jurisdiccional debería contemplar. “El articulado –opina– debe garantizar la participación de las cooperadoras en todo sentido. Que su tarea no se reduzca a la administración o recaudación de fondos. Como familias podemos opinar, por ejemplo, de todos los cambios en curso en la educación secundaria”. Además, sería imprescindible una asignación de fondos que responda a criterios de equidad y que las escuelas tengan un espacio físico para el funcionamiento de sus cooperadores. Por último, la simplificación al máximo de las tareas administrativas es otro de los pedidos de Cooperadoras en Movimiento. Incluso, evalúan que muchas de esas tareas deberían ser realizadas por asesores de cada cartera educativa, y no por las familias. “En cada escuela, una cooperadora”, se ilusiona Cesaroni.

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