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Los centuriones de la memoria completa
Aunque construyó su marca vendiendo posideología, el macrismo patrocinó la reapertura del debate sobre “los setenta”, que en verdad nunca se había aquietado. Hoy, el agite para que la violencia revolucionaria sea castigada a la par que la represión estatal trepó a la cima del rating. Detrás de ese empuje hay una profusa red de ONG que parasita el lenguaje de derechos humanos construido por las víctimas de la dictadura.
23 de Marzo de 2017

—En treinta y tres años de democracia se contó una sola historia: nadie nunca se ocupó de las víctimas de los grupos terroristas.

Victoria Villarruel le habla a Santiago del Moro desde la pantalla de Intratables, el gran escenario del debate político en la Argentina. Está invitada para que el público conozca “la otra cara de la historia que no fue escuchada”, dice el conductor del programa. Villarruel dirige el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una de la docena de organizaciones que integran familiares de víctimas de la guerrilla y familiares de militares acusados o condenados por delitos de lesa humanidad.

¿Será Villarruel la vocera que la cruzada por la “memoria completa” nunca tuvo? La abogada de 41 años habla tranquila, no se enoja, esquiva con cierta habilidad los temas más espinosos y repite como un mantra los tres puntos por los que, dice, lucha el CELTYV desde hace más de diez años: “Saber quiénes fueron los responsables de los atentados, lograr que se los juzgue y sancionar una ley para reparar los crímenes”. Además da bien en cámara. “La opinión pública ya sabe que sos la voz de los que esperan justicia”, la elogió en un tuit el periodista Beto Valdez.

Villarruel parece condensar todo lo que no lograron Cecilia Pando y Karina Mujica, las cabecillas de otras agrupaciones que lograron cierto reconocimiento público. Líder de la Asociación Argentinos por la Memoria Completa, Mujica tuvo sus quince minutos de fama diez años atrás. Tenía buenos vínculos con uniformados retirados, había sido novia del multicondenado marino Alfredo Astiz y fue oradora en los primeros actos del “día de los muertos por la subversión”, surgidos a mitad del primer gobierno kirchnerista, cuando sectores militares empezaron a presionar por las políticas de derechos humanos. Su luz se apagó cuando una cámara oculta la mostró –presuntamente- ofreciendo servicios sexuales en un prostíbulo de Mar del Plata, su ciudad natal.

Pando es la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA). No es una buena polemista (llegó a defender la apropiación de bebés) y no puede domar su ira: es recordada su amenaza de muerte, en 2009 y en medio de un juicio de lesa, al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Y ya desde el nombre de su agrupación tiene una postura: defender a represores, a los que llama “presos políticos”. Según otra de las agrupaciones, Abogados por la Justicia y la Concordia, dirigida por Alberto Solanet, hay más de dos mil “presos políticos” en las cárceles del país. Encarcelados injustamente por “haber ganado la guerra contra la subversión” en los setenta. Se refiere a represores condenados o procesados, claro. Villarruel, Pando y Solanet fueron recibidos el año pasado por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pando y Solanet, por el ministro Germán Garavano. Villarruel, por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

—Esto arrancó en enero de 2016, cuando el secretario Claudio Avruj nos recibió por primera vez. Y responde a que hay mayor libertad de expresión y menos temor para hablar de estos temas —dice Villarruel, consultada por crisis.

Esos primeros encuentros generaron un alerta en los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en su último informe anual sobre una “avanzada contra las políticas de memoria, verdad y justicia”. E identificó algunos ejes: instalar el paradigma de “la reconciliación” como alternativa superadora de los juicios; estigmatización del proceso de justicia como ejercicio de venganza y secuela de una lógica de enfrentamiento; convertir a los condenados, procesados e imputados en víctimas; relativizar al terrorismo de Estado e instalar una agenda de “verdad completa”.

Las declaraciones de Juan José Gómez Centurión abrieron una puerta para visibilizar a estas agrupaciones: el titular de la Aduana, ex militar y ex carapintada, relativizó la cifra de desaparecidos (“No es lo mismo ocho mil verdades que veintidós mil mentiras”) y negó una verdad histórica confirmada por la justicia (“No creo que el gobierno de facto haya sido un plan sistemático”).

el CELS de los militares

El CELTYV nació en 2006, como hijo de una agrupación mayor: la Asociación Unidad Argentina (AUNAR). Había sido creada una década atrás, en 1993, por el general Fernando Exequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo y ex jefe de la Bonaerense en la última etapa de la dictadura. Detenido en 2008 por los asesinatos de dos militantes montoneros, fue enjuiciado y condenado y, finalmente, murió en 2015. Forman parte de AUNAR militares, marinos y oficiales retirados de la policía. En 1998, hasta el diario La Nación señalaba que la postura de la agrupación era “directamente procesista”. En su última publicación de diciembre pasado, AUNAR declara: “La actitud de ‘recalcular’ deberá ser muy tenida en cuenta por nuestras instituciones armadas y de seguridad, que han sufrido y sufren la venganza de los cobardes. La actitud del reclamo por justicia a los presos políticos, o de ‘lesa humanidad’, denominados despectivamente por el enemigo derrotado, debe ser más imperativo y enérgico, dentro de los cauces de la disciplina militar”.

Desde 2008 el CELTYV posee personería jurídica: Villarruel se jacta de que es la única entidad de este tipo que la tiene. La ONG se financia “como cualquier asociación civil de la Argentina, con socios y donaciones”, cuenta Villarruel y aclara que no reciben fondos estatales. “Los reclamos son verdad, justicia y reparación. Que los terroristas sean juzgados y condenados, que las víctimas y el pueblo argentino conozcan la verdad de los hechos y que las víctimas sean reparadas económica y moralmente, que es como se repara a las víctimas en todo el mundo”.

Detrás del pedido de reconocimiento de las víctimas de la guerrilla parece haber siempre una reivindicación, más o menos velada, de la última dictadura.

Mi objetivo es que las víctimas del terrorismo sean reconocidas en sus derechos humanos. Me focalizo en que cambie su realidad, tan injusta. Jamás hemos intentado justificar los delitos cometidos desde el Estado, sea por la Triple A antes del 24 de marzo de 1976, o después. De lo realizado por el Estado se ha hablado por décadas. Es hora de que las víctimas del terrorismo sean reconocidas y se termine la impunidad de los responsables.

—El CELTYV declaró varias veces que los juicios de lesa humanidad no deberían hacerse.

Desde el momento en que el Estado abrió esa vía en 2003, corresponde hacerlo con todas las víctimas y no solo con algunas. El Estado no puede discriminar entre víctimas, ni darles a algunas todos los derechos y a otras negárselos sistemáticamente, configurando nuevas violaciones de derechos humanos y por ende delitos de lesa humanidad.

Clase 75, Villarruel nació once meses antes del golpe. Es hija de Eduardo Marcelo Villarruel, un teniente coronel retirado, y nieta del contralmirante Laurio Hedelvio Destáfani. El abuelo, que falleció en enero, fue un reconocido historiador de la Marina, autor de diez tomos de la Historia Marítima Argentina.

—¿Su padre o su abuelo fueron blancos de algún ataque guerrillero?

—Montoneros intentó atentar con bombas contra mi abuelo, pero afortunadamente salió ileso.

Villarruel dice que dedica la mayor parte de su tiempo al CELTYV. En las oficinas de la entidad trabaja detrás de una puerta blindada y de ventanas enrejadas. “He sido amenazada de muerte varias veces”, explica. “Inicié acciones legales –dice- pero el fiscal a cargo consideró que yo misma debía proveerle información de quién era el autor de las amenazas, y desestimó la denuncia”. También militó como abogada: se presentó a las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y también en el Consejo de la Magistratura. Lo hizo con Bloque Constitucional, un espacio en el que compartió lista con Ricardo Mihura Estrada. El año pasado la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac) informó que Mihura Estrada y su esposa fueron dos de los principales donantes a la campaña de Mauricio Macri a la presidencia: gatillaron 1.500.000 y 1.481.215 pesos. La Procelac calificó esos aportes como “sospechosos”.

El estrellato incipiente de Villarruel en la tele ya tiene un correlato en las redes. Decenas de cuentas le dan apoyo y ánimo desde Facebook y Twitter. Ella misma tuiteó el 1 de marzo, tras la apertura de la Asamblea Legislativa: “Presidente @mauriciomacri q quien fue terrorista, mató, puso bombas, secuestró, no quede impune! Q el terrorismo pague su deuda”. Desde esa red social hay un operativo clamor para que Mirtha Legrand la invite a sus almuerzos. Al parecer funcionó: en un tuit de la cuenta del programa la incluyen en una terna con una modelo y una ex Gran Hermano: “Muy queridas y pedidas desde las redes. Llegarán este año a la #mesaza? Ustedes qué opinan?” El pedido para que la diva se meta con el tema es de larga data. Ya en 2007, después de un almuerzo con Estela de Carlotto, un título de la revista B1 reclamaba: “Mirtha: ¿Cuándo invitás a las víctimas del terrorismo en la Argentina”? La publicación, editada por Cecilia Pando, empezó a salir a fines de 2006, con un tono satírico poco eficaz. El lema publicitario era: “Fortalece la memoria y hace crecer los huevitos”.

Como cada vez que las redes se engolosinan con algún tema, hubo rebote en change.org, una plataforma en la que se reclama cualquier cosa. En las últimas semanas aparecieron dos peticiones: una para “apoyar en forma incondicional” a Villarruel, “una patriota del temple del padre de la patria”. Todo escrito con muchos signos de admiración que acá no reproducimos por buen gusto. La otra junta firmas para que “el Estado argentino declare imprescriptibles los delitos cometidos por el terrorismo de la década del setenta, y posibilite así su correspondiente juicio y reparación a las víctimas”.

pensá, pensá, dice la tele

Nunca como en las últimas semanas la tevé abierta le dio tantos minutos de aire al reclamo del CELTYV. En una semana Villarruel estuvo dos veces en el piso de Intratables. ¿Por qué es interesante hoy para un programa que vive del impacto un debate sobre “las heridas de la última dictadura”, tal como se leía en un graph? Carlos Campolongo, profesor universitario, periodista y panelista del programa, tiene una hipótesis: “El acontecimiento en sí es muy complejo y surge ahora por muchas causas. Una, entre otras, porque se generó una corriente contracultural opuesta a lo establecido por la mayoría de la sociedad. En muchos casos, con argumentos falaces que no distinguen métodos y fines, sobre todo cuando el Estado a través de su plan admitió el asesinato, tortura, desaparición y robos de bebés, por ejemplo. Aniquilar no es piedra libre para violar derechos humanos”.

Campolongo sostiene que estaba latente la discusión, por eso no cree que sea azarosa la aparición de personajes como Darío Lopérfido, Gómez Centurión o Villarruel. “No quiero caer en una suerte de teoría conspirativa, pero parece haber un interés de tipo político que, consciente o inconscientemente, exacerba las tensiones dentro de la sociedad. Hay una estrategia electoral maniquea del macrismo que tiene que ver con 'la grieta’, con atizar una confrontación de buenos-malos, peronistas-antiperonistas, puros-impuros. Como hacía el gobierno anterior”, dice.

A la televisión le interesa un debate de este tipo siempre y cuando cumpla con los “elementos del ritual televisivo en directo”, dice Campolongo. Aunque admite que hay una “imposibilidad del decir”: “No se puede argumentar desde una perspectiva de análisis político —aunque sea rudimentaria, porque es televisión— frente a las comprensibles emocionalidades de quienes han sido víctimas o tienen algún familiar asesinado”. “Intratables es una tribuna apetecible: no se puede profundizar nada, todo se simplifica, y lo que vale es el grito y el impacto”, dice Germán Ferrari, historiador, docente universitario y autor de Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la amnistía a la “justicia para todos”.

Un productor de Intratables, en la confianza del off, acepta que algunos debates no tienen la densidad que merecen pero, se justifica, “hacemos un show de televisión”. Y ejemplifica: “Es como un Titanes en el Ring. Hay personajes buenos y malos, los invitados o panelistas a veces se creen sus personajes y eso lleva a la sobreactuación de las posiciones en conflicto”. El rating acompañó: los días de debate estuvo por encima del promedio del programa. Confirmado: para la tele “garpa” debatir sobre el fenómeno sintetizado como “los setenta”. Hoy. Mañana vemos. Días después La Nación se refirió al programa de América. “Conducido con corrección y mesura por Santiago del Moro, pudieron apreciarse allí intervenciones que representaron el sonido de las dos campanas”, dice el editorial “Debates esclarecedores”.

Después de Villarruel, en Intratables invitaron a Silvia Ibarzábal. Una de las hijas de Jorge Ibarzábal, teniente coronel secuestrado por el ERP en enero de 1974, durante el fallido ataque al cuartel de Azul. Cautivo por diez meses, lo mataron en un traslado. Su hija pide que el crimen sea declarado de lesa humanidad. Lo hace como titular de AFAVITA, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. También busca que se consideren imprescriptibles las causas por las muertes de José Ignacio Rucci, en 1973, y de Argentino del Valle Larrabure, en 1975. Uno de sus hijos, Arturo Larrabure, es el vice del CELTYV.

“Acá hubo una guerra. Ha habido un uso y abuso de los derechos humanos”, dijo Ibarzábal. La escuchaba el periodista Eduardo Anguita, ex miembro del ERP, que pasó once años en prisión. Hubo después entre los dos un ida y vuelta, con ciertas dosis de tensión.

Hace ocho años, consultada por el periodista Guido Braslavsky para el libro Enemigos íntimos. Los militares y Kirchner, Ibarzábal se quejó de que su “mensaje” no llegaba a la sociedad y reconoció que con otros familiares habían pensado hasta en contratar a una agencia de publicidad.

es la memoria, estúpido

El antecedente más remoto de estas agrupaciones es Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión (FAMUS). Creada en 1984, estaba integrada por madres, esposas y hermanas de militares muertos en acciones contra grupos guerrilleros. Es más: sus dos principales impulsoras y directoras fueron mujeres. Las misas de FAMUS eran una apología de la dictadura y de la represión ilegal y significaron un gran problema para el primer tramo del gobierno de Raúl Alfonsín. La agrupación terminó por disolverse en 1991, cuando los indultos de Carlos Menem prometieron paz y tranquilidad para las FFAA.

En un paper sobre Tributo, la publicación que editaba FAMUS, los investigadores Sandra Gayol y Gabriel Kessler sostienen que la búsqueda de legitimidad en el espacio público de esta organización se estructuró “en torno a una serie de operaciones discursivas cuyo elemento común es la muerte”. “No es la muerte en sentido general –explican- sino formas particulares de matar y morir a partir de las cuales se establece una oposición radical entre los muertos propios y los del campo opuesto”. Cualquier similitud con lo que pasa hoy no es mera coincidencia.

También Hugo Vezzetti, investigador del Conicet y miembro histórico de la ya desaparecida revista Punto de Vista, abordó el rol de FAMUS en los ochenta. En Conflictos de la memoria en la Argentina sostiene que la agrupación se interesaba menos por sus familiares caídos que por una amplia denuncia del “enemigo subversivo”. Y es terminante al analizar lo “irrisorio” de la argumentación de esos grupos, y de la derecha política en general. “Repiten que los caídos por la acción de la guerrilla también tenían derechos humanos que no habían sido reconocidos ni defendidos. Aunque esto sea cierto, nunca asociaron sus demandas a la causa por la justicia y los derechos, sino que se sostuvieron en las condiciones excepcionales que habrían justificado el modo criminal en que se había desarrollado la ‘guerra’ contra la guerrilla y la disidencia política”.

Villarruel escribió los libros Los llaman jóvenes idealistas y Los otros muertos, este último en coautoría con Carlos Manfroni. Este señor tuvo a fines de 2015 un brevísimo paso por el Ministerio de Seguridad, con cargo de subsecretario y convocado por Patricia Bullrich. Tuvo que renunciar cuando Horacio Verbitsky recordó su pasado: que escribió para la revista Cabildo –que estaba a la derecha de la dictadura- y que objetó “el criterio de la Corte Suprema sobre los crímenes de lesa humanidad”. En el libro, Villarruel y Manfroni aseguran que, entre 1969 y 1979, más de 17 mil personas fueron víctimas de atentados, y 1094 de ellas asesinadas por la guerrilla. Las cifras surgen, dicen, de relevar 16 mil noticias publicadas en diarios y revistas de la época. Hace unos años intentó reeditar Los llaman jóvenes idealistas a través de idea.me, un sitio de financiación colectiva. No tuvo éxito: sólo puso plata una persona.

La Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal ya dictaminaron que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas no son imprescriptibles. “Las ‘víctimas del terrorismo’ no pueden tener el mismo trato que las víctimas del terrorismo de Estado. La Argentina perdería mucho en calidad institucional y democrática si se consagra que todos los hechos son iguales, porque no lo son”, remarca Rodolfo Yanzón, abogado especializado en derechos humanos, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y querellante en muchos juicios de lesa humanidad.

Antes que Gómez Centurión, Macri mencionó en una entrevista el término “guerra sucia” para referirse al terrorismo de Estado y no supo responder si eran nueve mil o treinta mil los desaparecidos. Esa “duda” le costó el puesto a Lopérfido: de secretario de Cultura porteño pasó a ser director del Teatro Colón, y de ahí, hace pocos días, voló a la estratósfera: la definitiva salida, con un carguito en Berlín. ¿Lo que piensa y dice Macri representa a su partido? “Más allá de la opinión de algunos integrantes del gobierno, no pareciera que haya una política para retroceder en temas de derechos humanos. Son conscientes de que es un tema sensible que puede generar debates que no necesitan”, opina Yanzón. Y agrega: “Tipos como Lopérfido o Gómez Centurión no son peores que César Milani o Aldo Rico, que formaron parte del gobierno anterior”.

Ferrari se pregunta qué decisión tomará la Corte Suprema cuando tenga que resolver casos vinculados a derechos humanos: “¿Seguirá con la postura mantenida hasta el momento? ¿O fallará de acuerdo con los tiempos macristas?”. Y cree que el cambio en el escenario político facilitará a organizaciones como el CELTYV hacer todo lo posible para ir “horadando valores instalados en la sociedad sobre derechos humanos”. “Mientras el gobierno les dé señales a favor, van a aprovechar para imponer su relato”, dice.

Un comentario de Larrabure en el muro de Facebook de Villarruel parece darle la razón: “Se ha abierto una gran puerta que parecía cerrada para siempre”.

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