El lobby minero está desbocado. De traje negro o sin él, sus hombres tejen alianzas y acercan puntas. Quienes trabajan para las multinacionales que extraen oro, plata o cobre en la Argentina están jugando fuerte: contactan funcionarios, periodistas, politólogos, economistas, empresarios. A todos ellos llevan las argumentaciones pulidas en sus consultoras de prensa, donde intentan convencer de que las megamineras sufren una alta presión impositiva, realizan importantes inversiones, generan empleo y tienen un impacto ambiental menor al de una curtiembre del Gran Buenos Aires. Es que las empresas entendieron, finalmente, que debían disputar el espacio de la comunicación y la investigación para poder extraer en paz.

Esa paz fue la que no encontró el entonces candidato kirchnerista, hoy gobernador, Francisco “Paco” Pérez, en su campaña electoral del 2011, cuando le ordenó a sus diputados votar contra el proyecto de Minera San Jorge SA, que preveía extraer oro y cobre en Uspallata. Esa instrucción, que desconoció la simpatía del gobierno nacional por la megaminería, se tradujo en un aplazo unánime a las aspiraciones de la subsidiaria de la canadiense Coro Mining Group.

Paco Pérez fue buscado por los medios de comunicación para que explique  por qué el Frente para la Victoria votó en contra. Lo que dijo a Radio Nihuil fue que la sociedad “no estaba preparada” para ese proyecto, que prometía una inversión de u$s 278 millones. Obvió decir que en sus recorridas de campaña había sentido el rechazo a la minería a cielo abierto: algunos de sus hombres, incluso él mismo, habían temido por su seguridad. Tampoco habló del informe de la Universidad Nacional de Cuyo que señalaba que el estudio de impacto ambiental de la empresa estaba plagado de “falencias e inexactitudes”.

Ese día, los mineros vieron lo que nunca querrían volver a ver: protestas echando por tierra una “licencia social” que necesitan tanto o más que el agua que usan para lavar los metales extraídos con solución cianurada –un producto que también se usa en otros procesos industriales-. Poco después, junto a la renovación de la conducción de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), decidieron cambiar el tipo de vínculo que habían establecido con los medios de comunicación. Si hasta ahora habían buscado que no se hablara de ellos, la nueva directiva para sus consultoras de prensa fue llenar de argumentos positivos, convencer.

Pero la dinámica política, social y, sobre todo, económica, no les dio tregua. En enero de este año estalló un conflicto que duró varias semanas al pie del cerro Famatina. Y Osisko Minnig Corp apareció en la tapa de los principales diarios de tirada nacional. Ante la falta de un plesbiscito vinculante, los vecinos volvieron a movilizarse contra las tareas de exploración de la minera. Ya lo habían hecho en 2006 contra otra canadiense, Barrick Gold, una empresa que desde hace casi una década asoció su nombre al slogan de “Minería responsable”.

Lo que ocurrió en Osisko –que no integra CAEM- terminó de completar un panorama preocupante para las grandes mineras. Las multinacionales, que exportan el mineral prácticamente en bruto y tributan al fisco según lo que declaran en un laboratorio extranjero y al precio más bajo de su cadena de valor, sintieron el impacto del poder mediático, al que no le habían dado argumentos positivos en años. 

Ese poder estaba enceguecido por una guerra que no era la suya y que siempre intentaron evitar: Gobierno nacional-Grupo Clarín.

—Los entendemos pero aquí hay un interés superior.— 

Esa fue la frase, más o menos textual, con la que se dio por terminada una reunión, según reconstruyeron dos fuentes. 

El que la pronunció fue uno de los hombres del grupo económico al que pertenecen Todo Noticias, Canal 13, radio Mitre y el diario Clarín. Les confirmó a los mineros que el conflicto de Famatina sería amplificado con la pasión del combate. Sólo accedió a darles algún espacio para la réplica, algunas líneas en la edición dominical a quien sería uno de los voceros del sector, el ingeniero y ex diputado radical Mario Capello, quien evitó repetir aquello de “los grupos ambientales son el nuevo cipayage”.
Meses después, la negociación dio sus frutos. El “bloqueo selectivo” para impedir el paso de camiones con insumos para La Alumbrera pasó sin pena ni gloria en los medios. Duró dos semanas y fue desalojada por un grupo de personas que defendían el emprendimiento minero. 

Si el rechazo a Minera San Jorge, en Mendoza, fue el punto de quiebre para poner en discusión una conducta comunicacional basada en la invisibilización, Famatina fue la llamada de alerta de lo que no podía volver a repetirse. La negociación con los gobernadores mineros se aceleró y el 15 de febrero se firmó el acta de la nueva Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), que preside el riojano Eduardo Fellner. Fue una ratificación de la alianza del kirchnerismo con la megaminería, que se expresó en la supervisión directa del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario de Minería, Jorge Mayoral. “La minería aporta los dólares que consume el déficit energético”, justificó un kirchnerista que estudia el sector.

Para evitar nuevas experiencias negativas, la consultora Identia, que asesora a la CAEM comenzó a desplegar con rapidez una serie de estrategias surgidas de los manuales de comunicación en situaciones de crisis. Se acercó a los periodistas que escribían sobre el tema y apuró el primer spot publicitario de una serie de tres, que incluía el uso de los metales en la vida cotidiana, el aporte a la economía y el cuidado del medioambiente. Todos producidos por Quintana Comunicación, una agencia que trabaja para la cámara de uno de los sectores que más facturó en los últimos diez años pero que tiene una página web que está “en construcción”. 

La primera discusión que salieron a dar los hombres de Identia fue sobre la contaminación y el cuidado ambiental. En sus acercamientos a los periodistas plantean que las curtiembres también contaminan o que los agricultores que usan glifosato envenenan los campos. “Si no ponen la cantidad justa, después no crece más nada ahí. En las minas trabajan empresas muy grandes, que junto con la extracción tienen una política de reparación del pasivo ambiental”, afirman y ofrecen todo tipo de estudios y documentos. 

Sin embargo, esa transparencia en el manejo de los suelos se enturbia en causas judiciales. Es lo que ocurre con el vicepresidente de La Alumbrera y representante de la suiza Xstrata Cooper, Julián Rooney. Fue denunciado penalmente en 1999 por la contaminación de un canal en Santiago del Estero con residuos de la minera, y luego procesado; pero apeló la decisión y la Cámara Nacional de Casación Penal le pidió al juez federal Mario Racedo –hace casi un año- que dicte un nuevo pronunciamiento. Los denunciantes temen que la causa prescriba.

Otro de los documentos que comenzaron a hacer circular es un estudio sobre el uso del agua. “La mina de oro y plata más grande de San Juan, Veladero, consume lo mismo que una pequeña quinta de 180 hectáreas de viña bajo riego, pero allí hay 3.700  personas trabajando, con buenos salarios, capacitando personal y en blanco”, afirma el documento de la CAEM, que cita datos del Ministerio de Minas de San Juan. Sobre el volumen de agua utilizado hay que creer (o reventar) en los datos oficiales y privados de quienes están más interesados que nadie en el desarrollo minero. Hay que anotar aquí que el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, tiene tal relación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con Barrick Gold –la dueña de Veladero- que cada tanto coordina reuniones entre la jefa de Estado y el dueño de la minera, Peter Munk.

Pero bastaría preguntar en Veladero por los niveles salariales, para saber que un chofer de los camiones que transportan treinta toneladas de roca a más de 4500 metros de altura cobra unos 6000 pesos por mes. O que un operario perforista, de los mejores pagos en la escala laboral minera –descontando a gerentes y ejecutivos- recibe unos 8000 pesos mensuales. 

Otra anotación: la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas, que elabora el INDEC para monitorear el desarrollo de las 500 firmas que más facturan en la Argentina, arrojó que las 39 megamineras -35 son multinacionales- que integran esa cúpula emplearon 29301 trabajadores en forma directa en 2010. Un promedio de 751 trabajadores por proyecto minero a cielo abierto. 

En Barrick Gold –“los amigos le dicen Barrick y los enemigos ‘la’ Barrick”, ironiza un lobbista que conoce bien el paño- contrataron lo servicios de la poderosa Llorente & Cuenca, que rápidamente organizó viajes para conocer en vivo y en directo las minas. Esa celeridad y disposición marca la diferencia entre Barrick y otras de las multis de CAEM, que son más reticentes a la relación con los periodistas, aún tras la crisis de Famatina. Como ocurre en cualquier otro viaje organizado por las mineras hay un derroche de regalos y agasajos para los invitados. Y mucha información, siempre regulada por el equipo de comunicación, y paseos y entrevistas pautadas y monitoreadas al detalle.

De allí se nutren, por lo general, los medios de comunicación para hablar de lo que ocurre en las minas, de cómo trabajan las multinacionales, de lo bien que le hacen a las comunidades locales donde se asientan y de cuánto dejan al fisco después de declarar en el exterior cuántos y qué tipo de minerales exportaron. Esa suele ser la voz que aparece. Salvo, claro, cuando se quiebran los acuerdos en situaciones excepcionales como ocurrió en Famatina.

Esos materiales que reciben los periodistas también son enviados a politólogos, sociólogos y economistas que analizan el sector y tienen posiciones críticas sobre su desarrollo. En la academia juegan al juego del debate y dejan para otros oficios la tentación de la pauta publicitaria. Los rastrean a partir de sus informes o los buscan en charlas y conferencias, para ofrecerles gráficos e informes medioambientales privados. También difunden un detalle sobre las inversiones realizadas –todas ellas tienen un ratio de entre medio y un millón de dólares por empleo directo creado- y cuentan sobre las escuelas construidas o los hospitales abastecidos con insumos. 

“Terminamos haciendo lo que no hace el Estado”, dice un ejecutivo de una de las principales extractoras de oro de la Argentina. Lo dice a medio camino entre el fastidio y el orgullo. “Venimos a instalarnos en lugares donde no hay nada. Donde los pueblos no tienen otra cosa y muchas veces, pero muchas veces, hacemos un pozo en el medio de la nada y de ahí sacamos oro y nace un pueblo. ¡Y después nos vienen a decir que contaminamos! ¿Dónde contaminamos? ¡¿Donde no había nada?!”, se queja uno de los lobbistas. Sin quererlo completa la frase anterior, que fue dicha en otro lugar y por otro hombre. Pero los dos saben que cuando la minera se va queda poco en términos de desarrollo económico. 

Sobre ese punto, el desarrollo económico y cómo se reparten las ganancias, se produjo un viraje en la discusión y las empresas  pidieron informes para demostrar su aporte al crecimiento del país. Lo hicieron empujadas por la suba creciente de los precios internacionales, que trepó entre 300 y 400 por ciento en la última década. 

El primer trabajo que salieron a ventilar lo preparó en 2011 la consultora de negocios Abeceb, que dirige Dante Sica, y concluyó que la presión impositiva que sufren las mineras en la Argentina –el 53% de su producto bruto- es superior a la de Chile o Perú, donde tienen una tradición minera que comenzó mucho antes de los noventa. A ese estudio se sumó otro, realizado este año por el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) –integrado por 16 países, entre ellos la Argentina-, que sacó conclusiones similares. 

Pero esos dos papers son muy distintos del que realizó el sociólogo de FLACSO, Federico Basualdo, sobre la renta minera y la distribución de beneficios. Allí utilizó el concepto desarrollado por David Ricardo en 1817 sobre la renta diferencial que se obtiene por la explotación de un recurso natural que es finito y, en este caso, estratégico. Basualdo tomó dos casos, Veladero y La Alumbrera. Según sus cálculos, Minera Argentina Gold, la subsidiaria sanjuanina de Barrick y principal exportadora de oro del país, obtuvo una renta diferencial del 82,3% mientras que el Estado nacional apenas recibió 10,3% y las provincias sólo se llevaron 7,3% en regalías, entre 2007 y 2010. El caso de La Alumbrera –en el noroeste de Catamarca- no fue muy distinto: absorbió el 55,2% de la renta cuprífera.

Antes que estos estudios estuvieran en la calle, uno de los hombres que le puso el cuerpo a esta batalla fue el propio Rooney, quien asistido por los comunicadores de Infomedia explicó lo complicado que es el negocio. Es la cara visible de Xstrata Cooper, la cabeza de la Unión Transitoria de Empresas que incluye a la minera estatal YMAD. En los últimos, a Rooney se le fue complicando: en medio de la crisis internacional los precios de los metales no dejaron de subir. La onza de oro, que ahora ronda los 1600 dólares, superó los 1900 en septiembre pasado. La tonelada de cobre está en 7500 dólares, pero hace algunos meses se ubicó por encima de los 8700 dólares. Esta realidad es distinta de la que existía hace una década, cuando el oro se pagaba 600 dólares la onza. Algo similar ocurrió con el cobre, que casi quintuplicó su precio desde 1998.

Uno de los argumentos que remarcan los empresarios es que las multinacionales invierten a riesgo en exploración. Dicen que desembolsan 500 millones de dólares para saber si hay o no minerales. Si no hay, se pierden, aseguran. 

Pero lo que no dicen es que las campañas de exploración ya las hizo el Estado argentino a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares Comisión Nacional de Energía Atómica y la Secretaría de Minería, que cerraron convenios con las provincias u organismos internacionales. Eso fue entre 1960 y fines de los setenta: el Plan Cordillerano (1963-1968), el Plan Cordillerano Centro (1968-1969), el Plan La Rioja (1966), el Plan NOA I Geológico Minero (1969-1975) o el Plan Mendoza (1973-1979). La campaña que terminó descubriendo La Alumbrera comenzó en 1974.

La principal preocupación de las empresas del sector es que no les toquen los acuerdos impositivos sellados por 30 años en la Ley de Inversiones Mineras, que quedó en orsay después de que la Corte Suprema de Justicia dijera que podía ser modificada. Esa será su próxima disputa, que comenzará en unos días, cuando los abogados que los asisten terminen de estudiar el fallo.