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¿Ciencia? Adonde vamos no necesitamos ciencia
Tras las luchas navideñas, y en un marco de enfrentamiento con los docentes, el gobierno traficó un ajuste brutal en el presupuesto de Ciencia y Técnica. Los ingresos a Conicet se restringieron y, pese a lo magro que implica el recorte en términos económicos, la ideología se impuso con la venia de Barañao, un ministro Monsanto-friendly. Presentamos dos lecturas cruzadas del conflicto: una crítica de Andrés Rollandelli a los argumentos desde los que resistió al ataque, y un informe sobre la dimensión global del recorte, de parte de Daniel Jones.
14 de Marzo de 2017

La elegía del intelectual profesionalizado

por Andrés Rolandelli (politólogo UNR, docente, autor de Carl Schmitt y la deriva moderna).

 

El proyecto macrista de convertir a Argentina en algo que no ha podido ser desde que emergió el peronismo hace más de 70 años está plagado de dificultades. Con el resquebrajamiento del orden neoliberal a escala global, a su plan maestro le están fallando las variables externas que lo harían sustentable en el mediano plazo. Más allá de estas dificultades, lo cierto es que hay una determinación férrea de la actual gestión por llevar a cabo este programa. Su accionar no se afinca en tradiciones clásicas de discurso. Al asumir que el ejercicio del poder no opera ni se deja performar bajo la rúbrica de ninguno de los esquemas retóricos conocidos, sean laicos o confesionales, el macrismo es profundamente contemporáneo en tanto reconoce la principal fuerza que determina la actualidad del momento: la técnica.

Como una vanguardia desenfrenada sin retaguardia alguna que la contenga, el poder performativo de la técnica es el principal agente de cambio a escala global, y se muestra capaz de dejar sin efecto cualquier discurso ajeno a sus designios ya sea de orden religioso, moral o estético. El avance de la ciencia en todos los campos de la naturaleza desde el siglo XIX hizo de su fundamento gnoseológico, la física newtoniana, el criterio incuestionable de verdad. En términos de su eficacia performativa, poco significó el relevo de esta teoría por parte de la relatividad de Einstein. La física mecánica, así como su aplicación al campo de lo social, siguió rindiendo frutos como ciencia aplicada. De allí la búsqueda de leyes sociales de igual jerarquía que las de la naturaleza. La teoría marginalista de Marshall en economía, la teoría pura del derecho de Kelsen, el darwinismo social de Spencer, la psicología conductual de Pavlov, fueron algunos de sus principales hitos.

El siglo XX se conformó en gran medida a la luz de este movimiento. Sin embargo, para ello debió disputar con otras tendencias que cuestionaban algunos de sus principios. La fenomenología, el existencialismo, el psicoanálisis y el marxismo fueron algunas y no pocos creyeron que el siglo XX sería del marxismo. Como se sabe, la historia demostró lo contrario. A partir del 1989 lo que quedó en pie como proyecto global fue el neoliberalismo. Este, más allá de permitir todas y cada una de las derivas modernas y posmodernas, se sustenta en un cariz neopositivista que opera como su última ratio. Poco importa que en Harvard, Oxford o La Sorbona haya departamentos de estudios marxistas, feministas y culturales. Las ciencias sociales a las que se les reconoce capacidad performativa sobre los diferentes ámbitos de la realidad reportan a un revival positivista. En la actualidad, son los principios gnoseológicos derivados de la biología, más precisamente de la neurociencia, los que marcan la pauta. A diferencia de lo acontecido en el pasado, este neopositivismo no traslada su método a otra entidad diferente de la naturaleza, llamémosle social, humana o del espíritu, en busca de resultados análogos. Sino que, ahora, la mayoría de los ámbitos correspondientes a estos campos son abordados a partir de un fundamento neurobiológico. Este se constituye como su principio apodíctico. El mundo corporativo lo comenzó a usar en el terreno de los recursos humanos, la publicidad y el marketing desde hace más de medio siglo. El coaching fue una de sus principales y más populares inventivas. En política, las llamadas campañas científicas han hecho lo suyo. Apoyándose en encuestas pueden asir, mensurar y eventualmente manipular el comportamiento social con fines electorales. En la economía, no pocas de sus afirmaciones recientes se sustentan en los avances de las neurociencias tal como la tópica de las neuronas espejos. En uno u otro caso la justificación -por ejemplo- del libre mercado o de los comportamientos electorales no radica en fundamentos filosóficos iusnaturalistas, historicistas o de cualquier otra índole, sino en un fundamento biológico que permite explicar una conducta. Aquellas reflexiones que se asuman como científicas, pero no suscriban a este paradigma, quedan como un exotismo o relegadas al lugar de la crítica sin reconocerle gran capacidad explicativa y, mucho menos, performativa.

Macrismo, recorte y neurociencias

El carácter contemporáneo del macrismo radica en el privilegio otorgado al discurso neurocientifico por sobre cualquier otro. Su estela se percibe en las diversas iniciativas de políticas públicas que propugna. La incorporación de técnicas de gestión del mundo empresarial en la administración pública constituye uno de los casos más evidentes. En las áreas de educación y salud se perciben sus ecos. Pero su impacto principal acontece en el área de comunicación. No son pocas las figuras importantes del actual gobierno que públicamente adhieren a este paradigma. Los consejos de Durán Barba fueron en esa dirección y mostró resultados muy concretos: la derrota del otrora imbatible peronismo. Su principal discípulo, el jefe de gabinete Marcos Peña, al igual que el ministro de educación Esteban Bulrich, también lo hacen. Parte de este mosaico es el reconocimiento al laureado neurocientifico, el radical Facundo Manes, funcionario del gobierno del PRO en provincia de Buenos Aires, y los fragmentos entrevistos de este discurso en el planteo económico del socialdemócrata formado en Londres, también radical, actual embajador en Estados Unidos y ex ministro de Economía del primer gobierno de CFK: Martín Lousteau. Aunque el PRO admite la existencia de otros discursos fuera de esta retórica, como las de su filósofo oficial Alejandro Rozitchner, quien dice provenir de la droga y el rock, fuente de su credo en el entusiasmo y el optimismo. Conjuntamente con Marcos Peña, Rozitchner decretó que el pensamiento crítico es un exceso. Como corolario esperado, tal sentencia operó como justificación para el recorte en el principal organismo que financia la investigación científica en Argentina, el CONICET, dentro del cual se incluye el financiamiento a las ciencias sociales y las humanidades.

En este contexto quedó reducida una de las formas por las cuales se profesionaliza la actividad intelectual en la Argentina. Fuera de la institución quedaron un millar de potenciales investigadores de todas las disciplinas, la mitad de ellos correspondientes a las ciencias sociales y humanas. A esta cifra se le irán sumando año a año aquellos que aún son becarios. En todos los casos estamos ante adultos jóvenes que invirtieron en promedio de cinco a siete años más de estudio luego de obtener su título de grado, para lograr doctorados y en algunos casos postdoctorados. Para todos ellos el paso siguiente era la carrera de investigador, la cual fue negada, no en razón de una mala performance sino aduciendo cuestiones presupuestarias. A pesar de lo trágico de la situación para todos los becarios, los que pertenecen a las ciencias duras tienen mayores posibilidades de inserción en el mercado laboral que sus homólogos de las sociales y humanas. Acá no sólo se juega una cuestión vocacional que implicó tiempo y energía, sino la posibilidad de una supervivencia económica.

Una defensa ineficaz

La discusión y el debate en torno al recorte apoyado también por Lino Barañao no se hicieron esperar. Las sociales y las humanidades fueron las disciplinas más raleadas, debido a la supuesta inutilidad de financiar muchas de sus investigaciones. Ante la crítica proveniente de las redes sociales y medios clásicos de comunicación, surgieron diversas voces a contrarrestar el ataque. Entre los argumentos en defensa, hubo cuatro tipos interesantes para destacar: el cultural, el científico natural, el institucional y el comparativista.

Dentro del argumento cultural, cuando se ha tratado de las áreas humanísticas de la literatura y la lingüística, se dejó entrever cierta apelación a la figura de Borges, criterio incuestionable de autoridad, como ejemplo de alguien que en su trayectoria se abocó, entre otras cuestiones, al estudio de las letras nórdicas. Lo que se omite en este argumento es que si Borges hubiera querido formar parte de los actuales sistemas de investigación le habrían exigido requisitos y condiciones que no poseía. Para empezar, un título universitario. Poco hubiera importado que hubiera publicado varias de sus obras más relevantes. Este caso anecdótico ilustra cómo el abordaje científico que la academia establece para las áreas humanísticas y sociales implica un canon que no admite determinados registros discursivos. Formas ensayísticas, literarias o partisanas son instancias de conocimiento no admitidas en la academia a no ser como objeto de estudio. Innumerables tesis e investigaciones son rechazadas o se las somete a reformas porque se considera que su abordaje no reporta a los criterios científicos legitimados. De allí que la apelación a figuras del campo literario es un uso injusto, aunque puedan contrabandearse algunas singulares argumentaciones. Nobleza obliga a reconocerlo.

La estela argumental derivada del campo de las ciencias naturales consistió en refugiarse en los avances que determinados científicos y proyectos de investigación de las ciencias duras han logrado producto del financiamiento del CONICET. En no pocos casos lo que comenzó siendo un proyecto de ciencia pura terminó por convertirse en uno de ciencia aplicada. De allí que se establece una analogía, expuesta de manera no del todo convincente, según la cual algo similar podría ocurrir en las áreas sociales y humanas. En ella también se establecen analogías que intentan descubrir leyes del comportamiento de la dinámica social como acontece en la naturaleza, apelando de esta manera a un argumento de sesgo positivista.

El argumento institucional radica en la excelsa performance de muchos becarios aspirantes a formar parte de la carrera de investigación que, habiendo cumplido con lo que se les pide, tal como la publicación de artículos científicos en revistas especializadas, formar parte de proyectos de investigación, etc, quedaron afuera. En definitiva, un argumento burocrático que cae por la fuerza de su propio peso. El sistema de becas del CONICET fue un sistema que no estipulaba un ingreso seguro a la carrera de investigador, a pesar de que se haya aducido una cuestión presupuestaria, sin contemplar el mérito.

El criterio comparativista alude a la inversión en ciencia y tecnología que determinados países realizan y el lugar que Argentina estaría ocupando en el mundo y cuál es el modelo a seguir. Más allá de la composición de esa inversión en ciencia pura y aplicada, además del sitio que en ella deben ocupar las diversas áreas, lo que se omite en este argumento es que esa inversión depende de una cuestión estratégica: un modelo de desarrollo con consenso político a largo plazo. El que proponía el kirchnerismo, a pesar de las dificultades, desaciertos y la necesidad de rectificarlo, requería de una política pública de ciencia y técnica como uno de sus principales puntales. En dicho marco, el financiamiento a las ciencias sociales y las humanidades corría a la saga de ese proyecto, aunque nunca quedara del todo explicitado el rol que estas debían ocupar. La propuesta del PRO, aún omitiendo la crisis económica y los eufemismos discursivos para no dar cuenta del proyecto que buscan llevar adelante, no la necesita en la misma medida. Las diferencias entre un modelo de acumulación que ponga el énfasis en el desarrollo industrial y otro que solo busque ajustar una economía acorde al presupuesto ortodoxo de las fronteras de la producción tiene su correlato en el impulso que se propugna a la ciencia y la técnica. Y por eso, en no pocos casos se presenta hacia la opinión pública la figura paradójica del cientista o intelectual antisistema que pretende financiamiento del sistema que critica.

El tabú

Ninguno de los casos antes expuestos puede responder cabalmente a la pregunta por la supuesta utilidad de financiar dichas actividades, por el simple hecho de que, medidas en esos términos, las ciencias sociales y las humanidades no la tienen. Que se haya apelado a esa lógica amparados en los cánones de las ciencias naturales no constituye una razón convincente. Más aún, es posible que haya sido el huevo de la serpiente por el cual se construyen las interpelaciones que justifican lo innecesario de financiarlas. En este sentido, lo dicho por Lino Barañao en el 2008 en relación al "carácter teológico" de las ciencias sociales y humanas fue una advertencia a la que pocos de los involucrados prestaron la debida atención. El zeitgeist neopositivista que anima a las neurociencias ya estaba operando, previo a la llegada del macrismo al poder. En este marco, el cuestionamiento a ese centro de imputación según la cual no todo debe ser mensurado acorde a un principio pragmático de utilidades resuta inocuo ya que el sistema se estructuró sobre él. Métodos pragmáticos terminan por exigir resultados de igual índole. Que la gestión kirchnerista no haya exigido tales resultados no significa que la actual no pueda hacerlo. De hecho, es lo que está haciendo cuando orientan en otra dirección una lógica institucional ya establecida, incluso conteniendo a una de sus principales figuras, el ministro de ciencia y técnica del anterior gobierno. Se ha señalado el carácter inoportuno de haber tomado dichas medidas debido al irrisorio costo fiscal que suponían -200 millones de pesos-. Más allá de considerar a esta como uno de los tantos "errores tácticos" del PRO, producto de su inexperiencia, no por ello entra en contradicción con sus fines estratégicos. Un modelo neoliberal en un país periférico como Argentina no requerirá, de consolidarse, una política pública de ciencia y técnica robusta.

Lo que emerge como un tabú del que poco se habla, es que las ciencias sociales y humanas han creado, en la mayoría de los casos, una red burocrática para nada seductora. Quienes la habitan invierten cuantiosas cantidades de tiempo en cumplir con formalismos vacuos, sin poder -en la mayoría de los casos-, estructurar una idea original. No en razón de falta de talento, sino del tiempo y energía que insume estar en la institución académica. Es más importante cumplir con plazos y estructurar un criterio productivista de creación intelectual que generar ideas audaces e innovadoras. Se debe cuidar la forma y la extensión de lo que se cita sin ahondar en excesos barrocos. El paroxismo al que ha arribado esta situación resulta en que es más importante la elaboración de un paper -bajo la premisa del publish or perish-, que un libro. El bien emblemático con el que se augura la tradición humanista moderna ya no vale. Sin poder cumplir con el fin pragmático que impone este modelo, tampoco se permiten desvaríos estéticos. En otras palabras, se produce algo insípido y sin utilidad. A no pocos de estos casos están orientados los dardos retóricos que pretenden desfinanciar las ciencias sociales y las humanidades.

De esta manera, lo que estas tengan para decir respecto de sus áreas de estudio y pueda trascender las fronteras académicas es cada vez más escaso, cuando no nulo. En tanto régimen de mecenazgo, el CONICET estableció pautas que desvirtuaron la naturaleza propia de los estudios sociales y humanos. La posibilidad de dialogar, cuando no interpelar a los sujetos y situaciones se encuentra, por lo menos cercenada.

Desde esta rúbrica, la interpelación al mundo político provino, en no pocos casos, de la adulteración de juicios morales y estéticos presentándolos como científicos, o desde una aparente exterioridad neutral, ignorando crasa y vulgarmente las características propias del fenómeno del cual se dice poseer un saber experto. Los litros de tinta que las diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas han vertido, en su anhelo de que el fenómeno político y social se ajuste a los objetos que ellas han construido, no estaría funcionando. Si antes la excusa era esa anomalía llamada peronismo, que impedía la existencia de un sistema de partidos coherente con ejes bien definidos y acuerdos macros de largo plazo, lógicas institucionales impolutas, una sociedad civil robusta con una ciudadanía empoderada, buenos esquemas de representación no contaminados por el clientelismo y tutti quantti; en la actualidad los hechos de corrupción que comprometen al presidente mismo, las lógicas antirrepublicanas en lo que hace a la designación de jueces de la corte suprema, el deterioro creciente de la economía, las vigencia de lógicas clientelares pero de otro signo, la hipertrofia del Estado, etc, habilitarían a pensar que la alianza CAMBIEMOS también lo sería. Sin embargo, posiblemente haya que reformular el enfoque, considerando que el fenómeno político en la Argentina y en no pocos lugares del mundo rebasa ampliamente los objetos que se han construido para asirlo. A no ser que baste con una imputación moral, válida aunque no científica. Ciertamente que hay excepciones. Existen profesionales de las ciencias sociales y las humanidades que han producido textos que permiten interpelar el pasado y la contemporaneidad, trascendiendo desde esta los confines de la academia, de igual manera que no pocos han asumido compromisos institucionales en el sector público, jerarquizando la función del Estado.

Si los cambios que están aconteciendo en Argentina y el mundo seguirán apelando a un sustrato neopositivista como su última ratio es algo que no se puede saber con certeza. Se requerirá para comprenderlos, habitarlos y performarlos (si es que eso acaso pueda ser mensurado), estrategias más audaces que el solemne alejandrinismo al que fue sometido el pensamiento en las formas académicas institucionales de la Argentina y el mundo.

La elegía del intelectual profesionalizado, comprensible por quedarse sin financiamiento público, como la de todas las víctimas de la actual coyuntura económico y social, no debe cesar si se encuentran nuevos modos de financiamiento. Su letanía debería realizar una autocrítica respecto de las formas académicas institucionales a las que fue sometida la dignidad del pensamiento en las últimas décadas. En no pocos casos es desde estas que se lo interpela.Tengamos la honradez de reconocerlo. La política, las sociedades y sobre todo la técnica deben ser repensadas a la luz de paradigmas más sagaces. No es poco lo que está en juego.

        

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Cambiemos al CONICET: la política científica de Macri 

Por Daniel Jones (Investigador Adjunto del CONICET, Docente UBA)

 

El conflicto desatado en diciembre de 2016 por el no ingreso a la Carrera de Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de alrededor de 500 investigadores/as, recomendados (por todas las instancias correspondientes de evaluación) pero no seleccionados, desató interesantes debates dentro y fuera de la comunidad científica.

A las históricas (y nunca saldadas) discusiones sobre los criterios de evaluación de antecedentes y de edad para el ingreso a (y la promoción en) la Carrera de Investigador, se sumaron polémicas sobre el valor, la utilidad y la relevancia del conocimiento científico producido con dineros públicos. Lejos de limitarse al mundo académico, comunicadores, funcionarios y “gente de a pie” (a través de las redes sociales) ofrecieron sus puntos de vista, no exentos de intencionalidad política.

Aunque claramente no fue el propósito del gobierno de Cambiemos generar dichos debates, a ellos colaboraron su campaña sistemática de desprestigio a ciertos temas de indagación en humanidades y ciencias sociales (vía trolls y periodistas afines al gobierno) y los cuestionamientos sobre el tamaño del sistema científico argentino y la orientación de la investigación desarrollada (vía el raid mediático del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao).

Las declaraciones del Ministro enmarcan las medidas tomadas por el actual gobierno nacional. De manera esquemática, su política científica apunta a: a) reducir significativamente el presupuesto global destinado a Ciencia y Técnica (CyT), tanto en su porcentaje del PBI como en términos absolutos en dólares (considerando los incrementos de gastos interanuales necesarios por mayor personal, jerarquización, inflación y devaluación); b) disminuir a la mitad la cantidad de nuevas becas de investigación e ingresos a la Carrera de Investigador del CONICET, en relación tanto a los años previos como a las metas del Plan Argentina Innovadora 2020 (elaborado bajo la gestión de Barañao, en el gobierno previo); c) reducir los fondos destinados a subsidios de investigación, vía saltearse convocatorias de proyectos (otrora, anuales), recortar el monto disponible para cada subsidio y declarar nuevas incompatibilidades para investigadores o equipos ya financiados; y d) reorientar los fondos restantes (luego de estos sensibles ajustes) hacia “temas estratégicos”.

Los primeros tres puntos suponen un indudable recorte en el área de CyT, reconocido por el mismo Barañao en octubre de 2016 en la discusión del Presupuesto Nacional de 2017. En dicha instancia, la comunidad científica hizo una intensa y creativa campaña ante la opinión pública y los legisladores, advirtiendo sobre las consecuencias del ajuste (de alrededor de 300 millones de dólares) que suponía el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y, con leves modificaciones en esta área, aprobado por el Poder Legislativo.

Ahora bien, ¿este conflicto sólo se trata de un ajuste presupuestario? Varios elementos demuestran que, además de un recorte muy significativo, existe una decisión de reorientar los fondos destinados a CyT, reconfigurando el perfil de la política científica del país. En términos institucionales, durante el conflicto en diciembre, las autoridades del Ministerio manifestaron en la mesa de negociación que no era una cuestión principalmente fiscal, sino de la voluntad política de ir “achicando” (SIC) el CONICET, el organismo de investigación de mayor tamaño, autonomía y prestigio del sistema científico argentino. Un buen indicador de esta direccionalidad política es que la propuesta original de las autoridades contemplaba diversos destinos para los ingresantes recomendados no seleccionados (Universidades Nacionales, agencias estatales, empresas privadas, entre otros), pero excluía al CONICET (algo que se logró modificar en la versión final del acta acuerdo por exigencia de las organizaciones de trabajadores de CyT).

Esta voluntad de achicar al CONICET, que comenzó manifestarse en la discusión del Presupuesto 2017, encuentra en el Ministro Barañao su principal adalid mediático, quien la justifica señalando que incorporar investigadores sería un lujo para un país como Argentina (“Ningún país con 30% de pobres aumenta la cantidad de investigadores”) o que realizarlo al ritmo que venía haciéndolo y se había planificado –bajo su propia gestión en el gobierno previo- tornaría inviable al organismo (“Si el Conicet incorporara mil investigadores por año, en tres años tendríamos que cerrar el ingreso por seis años”).

Sin embargo, estos argumentos no explican el cuarto punto de la política científica del Gobierno actual: orientar una creciente proporción de los fondos restantes hacia “temas estratégicos” (una decisión que se vio reflejada, por ejemplo, en la inédita asignación a estos temas del 50% de las vacantes del llamado 2017 a la Carrera de Investigador del CONICET). Una reorientación temática de una porción significativa de las investigaciones financiadas por el Estado (vía becas, puestos de investigador o subsidios para proyectos), podría darse en el marco de una amplia, potente y necesaria discusión sobre la relevancia y la pertinencia del conocimiento científico (sobre todo, aquel producido con fondos públicos en países en desarrollo).

Lejos de abrir estas discusiones en el seno de la comunidad científica y en diálogo con otros actores sociales en un marco institucional, heterogéneo y necesariamente pluralista, por el momento la justificación pública de esta reorientación queda reducida a una posición, como define Federico Kukso, “utilitarista, tecnofílico cortoplacista, de desprecio al pensamiento crítico”, cuyo principal vocero es el propio Barañao. Las declaraciones del Ministro acerca de que “no alcanza con tener más investigadores, sino que se dediquen a desarrollos productivos y a la solución de problemas sociales” o que el objetivo de su gestión es “tener más investigadores, pero con un perfil diferente, más insertos en las necesidades del país” o “más involucrados en los problemas de generación de trabajo” son, en principio, casi irrefutables por la vaguedad y buenas intenciones que parecen expresar. Con todo, suponen un reduccionismo sobre los múltiples criterios existentes para evaluar el valor y el impacto de una investigación (de las diferentes disciplinas y estilos) en un sentido que excede (aunque incluye) el desarrollo productivo o la transferencia tecnológica. A modo de ejemplo de conmovedora actualidad, sin los estudios de género y las investigaciones feministas, los asesinatos de mujeres por sus parejas serían aún meros “crímenes pasionales” a cubrir por crónicas policiales, y no “femicidios” a prevenir mediante políticas públicas.

Este tipo de intervenciones del Ministro en medios masivos de comunicación posiblemente impacten en un sector de la opinión pública para la cual, como sintetizo Alejandro Katz, “el estudio y la investigación son formas privilegiadas de la holgazanería”. Para pelear contra el uso político de ese sentido común por parte del gobierno nacional (y su ejército de trolls) para justificar los recortes en CyT, un sector de la comunidad científica optó por salir a demostrar “la utilidad” práctica de lo que hace. Si bien esa táctica quizás haya sido correcta en un momento defensivo y para el corto plazo (por ejemplo, durante el conflicto en diciembre), dejó fuera de juego a buena parte de las ciencias sociales y humanidades (ni hablar de la física teórica o las matemáticas, pero sobre ellas muchos comunicadores no sabrían cómo hacer afirmaciones temerarias para desprestigiarlas).

En este escenario adverso para la comunidad científica en Argentina, resulta imperante dar una discusión amplia y profunda sobre la importancia del conocimiento científico en un proyecto de país. Por un lado, los llamados imprecisos y presuntamente bienintencionados a una “ciencia aplicada” (en detrimento de la imprescindible ciencia básica) o a una “ciencia útil” deben ser desmontados inteligente e inteligiblemente explicando la relevancia de una multiplicidad de temas y estilos de investigación (algo que muchos colegas ya están haciendo en medios periodísticos y redes sociales). Por otro lado, vale la pena caracterizar el contexto en que se propone esta reorientación de las políticas científicas, que impulsarían una “transformación cultural” hacia la tecnología vía “temas estratégicos”. Como se pregunta Diego Hurtado, ¿“qué tipo de tecnología debería producirse en la Argentina para acompañar el proyecto de desarrollo del presidente Mauricio Macri” (un proyecto que no conocemos), “en un contexto de desindustrialización, desmantelamiento de los proyectos tecnológicos y recorte al sector científico”? Finalmente, vale la pena discutir si, incluso siguiendo una noción estrecha de “utilidad”, el modelo de país que está produciendo el gobierno actual requiere de Ciencia y Técnica, y en tal caso, en beneficio de qué sectores sociales y actores económicos se delinea esa demanda de conocimiento.

Lejos quedaron las promesas de campaña del presidente Macri de continuidad en las políticas científicas y aumento presupuestario. En un escenario de ajuste fiscal, redistribución regresiva de la riqueza y empobrecimiento de las grandes mayorías, esta comunidad científica acechada enfrenta el desafío de seguir produciendo conocimiento riguroso y, a su vez, asumir la responsabilidad política de lugar de relativo privilegio que ocupa.

 

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